Los residentes de las comunidades de La Boca, Balboa, Diablo, Tabernilla y San Pablo, entre otras, ubicadas en el corregimiento de Ancón, están inquietos por las afectaciones presentes y futuras que tendrán con el desarrollo del proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

En una reunión informativa, el pasado jueves 23 de mayo, el Consorcio Panamá Cuarto Puente presentó a los moradores de estas comunidades el proyecto de construcción del cuarto puente, que incluyó los aspectos constructivos y ambientales de la obra, cuyo precio contractual es de $2,138.9 millones.

Entre los aspectos constructivos se destacó que el cuarto puente conectará del lado oeste con la carretera Panamericana ampliada y el intercambiador del lado este con el Intercambiador de Albrook. El cuarto puente es una estructura de 965 metros de longitud o 3.6 kilómetros, atirantado, similar al puente Centenario.

El tablero del puente principal contempla seis carriles de circulación para vehículos de 3.65 metros de ancho cada uno, más dos espacios previstos para hombros de 2.40 metros y 1.25 metros en los bordes exteriores e interiores, respectivamente, que servirán para dar mantenimiento en ese punto de la estructura.

Uno de los aspectos de construcción más complejos se desarrollará en el cerro Sosa, donde el consorcio deberá realizar un corte perfilado a la roca para dar paso al viaducto.

Para estos se realizarán diversas metodologías de trabajo, como excavaciones mecánicas y con equipos hidráulicos, e incluso a ciertos niveles del cerro deberán hacer voladuras.

Mario Montemayor, superintendente del consorcio que construirá el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, explicó que las voladuras serán proyecciones controladas. Agregó que los radios de impacto son menores y no prevén mayores afectaciones en el área ni en las residencias cercanas, para lo cual contarán con expertos en voladuras.

Según Montemayor, este tema de cerro Sosa se estudia muy detalladamente y también tienen contemplado realizar una reunión específica con los moradores cercanos, como es el caso de los residentes de La Boca.

En el caso del intercambiador este, el consorcio indicó que el viaducto comenzará frente al auditorio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el área de Balboa. Esta rampa no estará sobre la vialidad existente, es decir, que el puente pasará paralelo a la vía.

Con respecto al manejo de tráfico, se informó a la comunidad que los trabajos de la superestructura se construirán fuera de las horas pico y de mayor afluencia de transporte. Para esto, deberán coordinar con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Adicional contaran con espacios específicos para las oficinas, el patio de operaciones, la fabricación y almacenaje de los materiales, entre los polígonos 996 al 999 que forman parte de la ACP y por el sector de Amador, para el área Este del proyecto.

Ausencia de autoridades

En este conversatorio, los grandes ausentes fueron las autoridades, ya que ni el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad contratante, ni la ATTT participaron, situación que no fue del agrado de los residentes.

Aida Torres, de la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal, manifestó que la mayor preocupación es la condición legal que tiene la Región Interoceánica, que incluye el corregimiento de Ancón, ya que existe un ordenamiento territorial y un área especial llamada Ciudad Jardín.

Torres indicó que “el cerro Sosa, con este proyecto, va a ser partido e intervenido”. Es un área que tiene una protección en una categoría de uso de suelo de áreas verdes urbanas y, además, es considerada área patrimonial porque en esa montaña hay búnkeres de la época de la construcción del Canal. “Eso se está tratando como que no tiene valor, porque el proyecto va por encima de la categoría de uso de suelo, la cual nosotros reclamamos y pedimos que se respete”.

A los moradores también les inquieta el tema de la contaminación que se generará a futuro con todo el humo tóxico que emanará de los vehículos, el ruido e incluso la posible afectación a la salud de los pobladores en comunidades como La Boca.

Durante la reunión, una de las residentes cuestionó a los contratistas si les gustaría vivir debajo de un puente. A criterio de Torres, ninguna persona debe perder su calidad de vida con este proyecto.

Torres manifestó que el tema de las consultas, que no se han realizado de forma debida, también les preocupa. “Ayer era una reunión informativa, no era una reunión de consulta, esto nos preocupa porque no son vinculantes. Debemos poder expresarnos, decir no, decir si me vas a afectar”.

Durante la reunión se abordó el tema de la devaluación de las propiedades, ya que existen casas en estas comunidades que tienen 100 años y que forman parte de la historia del Canal. En este sentido, Montemayor dijo que ninguna casa saldría afectada; no obstante, los residentes mantienen sus reservas.

Tanto Torres como otros voceros de comunidades solicitaron en el conversatorio que se coordine una reunión urgente con las autoridades responsables, como el MOP, la ATTT, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Panamá y la Junta Comunal de Ancón.

Yaritza Mojica