Posiciones encontradas mantienen diversas agrupaciones de pacientes de hemodiálisis con respecto a la licitación que lleva adelante la Caja de Seguro Social (CSS) para el “servicio de hemodiálisis y suministro de kits, así como el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas”, cuyo precio de referencia es de $180.8 millones.
La licitación para la construcción de nuevas salas de hemodiálisis, entre otros aspectos, había sido suspendida en febrero pasado y fue retomada el 21 de mayo. En este acto público, dos empresas presentaron propuestas: el Consorcio Damos Vida, que ofertó $178,188,796.18, y el Consorcio PMC-PM, que presentó $190,402,634.08.
El proceso de licitación continúa su curso; sin embargo, las agrupaciones de pacientes de hemodiálisis mantienen posiciones encontradas. Mientras unos piden continuar la licitación y dar oportunidad a nuevas empresas, otro grupo pide que se suspenda y se mejore el pliego de cargos.
Alonso Rodríguez, presidente del Grupo de Pacientes de Diálisis (Grupadi), manifestó en conferencia de prensa ayer miércoles que los pacientes que representa, cerca de 250 integrantes, sí quieren que se realice la licitación y no se oponen, pero consideran que debe darse de “forma transparente”. Indicó que “no puede ser que estemos sujetos a una sola empresa que maneja y entrega todos los equipos y máquinas; no podemos caer en eso, en el monopolio”.
A juicio de Rodríguez, “pareciera que existe un monopolio” porque el proveedor que actualmente está brindando el servicio de hemodiálisis ha sido beneficiado con contratos directos por parte de la CSS. Denunció que “esta situación se registra año tras año y queremos que esto cambie y que haya libre competencia y que otras empresas participen”.
Según el presidente de Grupadi, lo que les interesa es que las salas de hemodiálisis se construyan como la del Hospital Lourdes Tzanetatos en Panamá este, en Panamá norte, la de Aguadulce en la provincia de Coclé, así como las de Colón y Chiriquí.
Gerardo Argüelles, paciente de diálisis en La Chorrera, manifestó que “la licitación debe continuar y no puede retrasarse más porque esto significaría que aquellos jóvenes y pacientes nuevos que ingresen se estén confinando en las salas y deban hacer hasta cuatro turnos para poder dializarse, y esto no puede ser”.
Según Argüelles, cada vez hay más pacientes jóvenes entrando a las salas de hemodiálisis; hasta el momento, en la CSS se atienden a 2,797 pacientes renales crónicos.
La otra versión de los pacientes
Por su parte, Alexander Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares (Anpircf), sostuvo que desde hace cuatro años han estado solicitando a la CSS que mejore los términos en el pliego de cargos para esta licitación, pero no se ha podido.
Pineda explicó que, como asociación, no están en contra de hacer una licitación, sino que la licitación debe ser para resolver los problemas actuales de los pacientes de hemodiálisis, pero garantizando tener nueva tecnología, nuevas ubicaciones y que las fichas técnicas aseguren que si van a comprar un apósito, sea de la mejor calidad.
“No estamos en contra de las licitaciones, estamos en contra de cómo se esta realizando esta licitación en específico, que no cumplió con lo que nosotros solicitamos desde la homologación para que se pudiera mejorar el pliego de cargos”, señaló Pineda.
Añadió que desde 2017 están solicitando a la CSS la modernización de los sistemas de hemodiálisis y esta administración sigue en la misma posición de seguir construyendo salas de diálisis, que son necesarias, pero deben estar acompañadas de tecnología.
Actualmente, con esta licitación que lleva adelante la CSS se tiene un componente de construcción y de entrega de kits de desconexión. Según Pineda, “con este kit se incluirá un filtro, donde vienen las gasas, la curita, la jeringuilla. Eso no es rentable ni funcional; es la forma como la entidad se quita la responsabilidad de tener que comprar gasas”, acotó.
“Nuestra opinión es que la licitación debe continuar, pero tiene que ser auditada. Porque realmente no se hizo una licitación en función de las necesidades del paciente. Parece más de las necesidades de la administración. Y lo he dicho muy reiteradamente, hemos hecho de la tragedia de una enfermedad la prioridad de un negocio”, concluyó.
Actualmente, la licitación continúa su proceso y las dos ofertas presentadas deberán pasar a una comisión evaluadora para determinar la mejor propuesta.
Antecedentes
El acto público fue retomado por la actual administración de Enrique Lau Cortés en este mes de mayo, luego de que fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas desde febrero pasado, debido a reclamos en varios puntos del pliego de cargos, entre ellos, el precio de referencia, el cual se ha mantenido desde hace tres años que comenzó este proceso.
Esta es la segunda vez que la CSS emprende esta licitación, puesto que la primera convocatoria fue cancelada el 5 de mayo de 2023. En ese acto público, solo presentó propuesta el Consorcio Renal —integrado por DaVita, Sintec y Constructora Nova—, la cual ofertó $168.8 millones. Ahora presentó una propuesta de $10 millones más.
La cancelación se decidió luego de una reunión el 2 de mayo de 2023 con abogados externos y miembros del Comité de Ética Ad Honorem de la CSS.
Otro punto que dice la CSS que tomó en cuenta es que las distintas asociaciones de pacientes de hemodiálisis solicitaron la cancelación del acto, por estar en desacuerdo con el equipo que sería adquirido. Este planteamiento fue expresado en una nota enviada por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien solicitó tener en cuenta los argumentos de los pacientes para garantizar el derecho a la salud y a la vida.
La entidad de seguridad social, a través de un comunicado, informó que el proceso ha sido ampliamente revisado y negociado con los proponentes y las asociaciones de pacientes, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que ha participado en calidad de veedor del proceso.
Además, que la actual administración se ratifica en su compromiso de actuar en apego a la transparencia y a las normas legales vigentes.
