La tarde del 10 de septiembre de 2015 fue oscura y triste. Nubarrones taparon el sol en pocos minutos y el agua se ensañó especialmente con San Miguelito y el corregimiento de Juan Díaz, en el distrito de Panamá.
El saldo fue devastador: inundaciones, deslizamientos y derrumbes. La peor parte la sacaron quienes residían en el sector cuatro de Samaria, en San Miguelito.
Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil tuvieron que ordenar, en su momento, la demolición de un grupo de 91 casas en esa zona, al considerar que las vidas de las personas estaban en riesgo.
Un año después, 40 familias continúan viviendo en hoteles, cuartos de alquiler o en casas de familiares a la espera de una respuesta del Gobierno que se comprometió a destinar un monto de hasta 50 mil dólares, por familia, para que obtuvieran una nueva vivienda.
LARGA ESPERA
Rafael Ruiz es un ciudadano panameño de 62 años y, junto con su esposa, Rosa de Ruiz, forman parte de las 91 familias que se vieron obligadas a salir de sus hogares.
Ambos ocupan la habitación 202 del hotel Dos Mares, en el corregimiento de Calidonia.
El hombre comenta que el 10 de septiembre es un fecha que no se borrará fácilmente de la memoria, porque en ella se guarda “la tristeza” de haber perdido todo el trabajo de su vida. Añade que con su trabajo como bartender y taxista pudo levantar su vivienda de tres recámaras, dos baños y una amplia terraza en la que vivió durante cerca de 40 años.
“Fue un dolor y una tristeza muy grande ver cómo el trabajo de nuestras vidas fue destruido. No solo eso, sino que ahora toca empezar de cero a esta edad”, aportó.
Ruiz se pregunta por qué tanta espera para mudarse a la vivienda que escogió en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. “Ha pasado un año y todavía estamos aquí anclados, no sé cuánto tiempo más vamos a tener que esperar”, dijo el afectado.
Otro damnificado es Silverio Almanza, quien cuenta que para salir rápido del hotel, una de sus hijas pidió un préstamo hipotecario para comprar una casa.
A pesar de varias dificultades pudieron adquirir la vivienda en la que habitan desde el pasado mes de mayo, sin embargo, no han recibido el pago con el que se comprometió el Gobierno.
La casa fue comprada por 60 mil dólares, no obstante, los avalúos arrojaron un precio de apenas 35 mil dólares, por lo que su familia deberá asumir la diferencia que sería de 25 mil dólares.
Almanza reconoce que actualmente reciben un “alquiler solidario” por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) que corresponde a 250 dólares por mes, pero el monto no cubre la totalidad.
“No tenemos casa, solo deudas. Mientras eso no sea cancelado no tenemos nada”, dijo Almanza.
Hoy en el sector cuatro de Samaria se puede apreciar que el terreno de 2 hectáreas, en donde antes estaban ubicadas las casas, está cercado y cubierto por una extensa área verde.
En el sitio hay árboles de papaya, plátanos y maleza.
Simber Velásquez es uno de los pocos vecinos que corrió con la suerte de quedarse en el sitio y que su vivienda no fuera derribada.
Manifiesta que “muy pocas veces” se ve la presencia de las autoridades en el lugar y en ocasiones ha tenido que pagar para cortar la maleza, pues su vivienda colinda con el terreno abandonado.
Por el momento no está muy claro cuál será el futuro del terreno, pues hace un año el Gobierno anunció que en el sitio se construiría un parque. Aunque también se ha hablado de la posibilidad de instalar allí una estación policial.
MIVIOT RESPONDE
Sobre la situación, el Miviot asegura que “ha cumplido” el compromiso adquirido con las familias afectadas a través del subsidio del bono solidario y opciones de programas habitacionales.
Un informe de la Dirección Nacional de Desarrollo Social de esa institución apunta que se han entregado soluciones de viviendas a 51 familias, mientras que otras 40 están en espera de respuestas.
De este último grupo se precisa que 24 familias aguardan a que finalice el trámite necesario en la Contraloría General de la República para la entrega de las casas, mientras que otras 8 deben aportar algún tipo de documento para movilizar la gestión y unas últimas 8 aún no se han decidido por ninguna de las opciones que ha ofrecido la institución.
También se informó que desde que ocurrió el incidente hasta la fecha, el Ministerio de Vivienda ha desembolsado 1 millón 67 mil 300 dólares para el pago de hospedaje y alimentación.
En la cifra anterior no está incluido el “alquiler solidario”, que actualmente reciben 40 familias y cuyo monto es de 250 dólares mensuales. Tampoco contempla el pago por las 51 viviendas que ya han sido entregadas a los afectados.
