La población sin techo y adicta a diversas drogas que habita en las calles y debajo de los puentes de los corregimientos de Calidonia, Curundú, Santa Ana y Bella Vista, es una muestra de cómo ha fallado el Estado en la aplicación de sus políticas sociales.
Esa es una de las conclusiones del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien plantea que se trata de un sector de la población al cual hay que atender desde un enfoque profesional y técnico, ya que además de estar sin hogar, una buena parte de ellos es adicta a las drogas.
“Hemos fallado como Estado en la atención de esta población y en la aplicación de las políticas sociales y de prevención contra las drogas”, puntualizó.
En palabras de Leblanc, la pandemia y la facilidad en el acceso a las drogas incrementó el número de personas que se observan pululando o habitando debajo de los puentes o avenidas del centro de la ciudad de Panamá. Reconoce que es una realidad que también golpea a otros países de la región.
El abandono
El defensor del Pueblo reconoció que hay una especie de vacío sobre a qué entidad le corresponde o está facultada para resolver el problema.
No obstante, subrayó que el Ministerio de Desarrollo Social y las alcaldías de Panamá y de San Miguelito, entre otras instituciones, tienen la responsabilidad de atender a niños, mujeres y adultos mayores, acotó.
“Este tema no debe ser solo de una entidad, si no que tiene que ser visto de forma integral. Lo malo es que mientras se determina a quién le corresponde el tema, la persona sigue en situación de calle”, se lamentó el defensor de derechos humanos.
A su juicio, esta población tiene iguales derechos que otros grupos del país y el Estado tiene la obligación de atenderlos. Además, sugirió una gran alianza entre oenegés y entidades estatales, a fin de garantizarles una mejor calidad de vida.
“No se trata de crear un albergue y llevarlos allá, porque lo único que harían es trasladar el problema. Aquí todos nos tenemos que unir a trabajar”, concluyó.
Esfuerzos aislados
De momento, son pocas las entidades que se han involucrado en la atención de esta población.
A finales de 2019, el escenario se tornó más complejo, luego que el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, retiró el subsidio a varias oenegés y, entre esas, estaban algunas que atendían a esta población, como Fundación Remar.
Dos años después, la Alcaldía de Panamá anunció un programa llamado “Date una oportunidad”, para ofrecer a este grupo de la población evaluación médica y traslado voluntario a un centro de rehabilitación o ante un juez de paz, en caso de alguna denuncia.
La vicealcaldesa Judy Meana explicó que entre enero y octubre de este año se han atendido 411 personas “de la calle”, de los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, Curundú y Chorrillo, aunque aclaró que no pueden obligar a nadie a permanecer en algún refugio o albergue.
En medio de este escenario, el pasado 9 de octubre, el Municipio de Panamá entregó la orden de proceder a la empresa RJ inversiones, S.A., la cual se encargará de la construcción del albergue municipal, en el corregimiento de Las Garzas, con capacidad para atender 250 personas sin techo.
Según el pliego de condiciones, el precio de la obra es de $3.7 millones y el albergue contempla dos pabellones: uno con capacidad para 150 hombres y otro para 100 mujeres. También habrá un área intermedia para personas en proceso de rehabilitación o desintoxicación. El lugar tendrá cocina y comedor, lavandería, depósito de ropa y enfermería. En este acto público participaron dos empresas: Constructora Pacífico Atlántico y RJ Inversiones. Ambas ofertaron $3.7 millones.
Quien no respondió sobre el trabajo que realiza para atender a los sin techo fue el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pese a que este medio le envió un cuestionario al respecto.
Otro albergue
La gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, reconoció que la situación de las personas sin techo es algo que no se puede “ignorar” y se han reunido con varias entidades para tratar esta problemática.
“Esto requiere una intervención de múltiples instituciones”, manifestó García, quien agregó que apoya el programa de la Alcaldía de Panamá. “Hemos citado al Ministerio de Salud, conversado con el Mides...”, dijo.
También informó que ha sostenido reuniones con el Banco Hipotecario Nacional, a fin de ubicar una finca o lote que permita edificar un sitio para albergar a más personas.
De acuerdo con el investigador social Gilberto Toro, este tema tiene varios matices. Por un lado, muchas personas de la calle no quieren renunciar a ese estilo de vida y por el otro, las instituciones públicas han mostrado incompetencia en la atención de este drama humano y sanitario.
“Las entidades deben destinar los recursos necesarios, ya que no hay seguimiento al problema. Hay que planificar y se debe intervenir desde el enfoque técnico”, señaló el investigador.
Su recomendación es montar una política estratégica y técnica de prevención para habitantes de la calle y que además consumen drogas, debido a que las autoridades se quedaron en el manejo caritativo y religioso del problema.
(Con información de Eliana Morales Gil)
