El negocio de la tala ilegal de madera en Panamá tiene su origen en las serranías de la provincia de Darién e involucra a indígenas, madereros y grandes empresarios.
Uno de los nombres más conocidos en esa región selvática es el del comerciante Joaquín Zhang, quien se dedica al negocio forestal.
En los patios de almacenamiento propiedad de Zhang en Darién hay miles de metros cúbicos de madera, que salen de áreas muy apartadas de esa provincia.
Pero no todos son talados legalmente. De hecho, funcionarios del Ministerio de Ambiente hallaron hace unas semanas en uno de sus depósitos 2 mil 600 metros cúbicos de madera, de los cuales solo 800 eran legales y el resto tenía dudosa procedencia.
Esa cantidad de madera –de bálsamo, específicamente– equivale a 125 camiones cargados y su valor rondaría el medio millón de dólares, de acuerdo con cálculos de las autoridades.
Hermel López, director regional de Ambiente en Darién, estuvo presente en la inspección y observó que la cantidad de madera reportada por esa entidad no coincidía con la que estaba en el depósito del empresario.
Esa madera había sido talada con uno de los permisos comunitarios que otorga Ambiente para la extracción sostenible del recurso dentro de la provincia.
Después de que los funcionarios hicieron la inspección, abrieron un proceso administrativo que podría llegar a la Fiscalía Ambiental en el Ministerio Público.
“Aquí hay grandes empresas y tenemos limitados recursos. Ellos tienen abogados que podrían demandarnos y si no seguimos el debido proceso podríamos perder los juicios en los tribunales”, agregó López.
Actualmente, la entidad ha otorgado seis permisos comunitarios por 25 años a varias comunidades indígenas, con el fin de que se explote la madera, pero cumpliendo ciertos parámetros y normas.
Por ejemplo, parte del beneficio económico que genere la venta de esos árboles debe ser destinado a la comunidad. Sin embargo, por lo distante de esas áreas muchas veces se extrae más madera de la autorizada o se tala en lugares donde no se ha otorgado la concesión.
Las comunidades beneficiadas son Wala, Mortí, Nurra, La Pulina, Marragantí y Bajo Chiquito, pero las autoridades han tenido que suspender cuatro permisos, debido a varias anomalías. Solo Nurra y Bajo Chiquito mantienen el aval para talar madera.
De acuerdo con López, de los seis permisos, el empresario Zhang estaba relacionado con tres: Marragantí, Bajo Chiquito y Mortí, pero las suspensión fue adoptada debido a irregularidades que se dieron en el aprovechamiento del recurso forestal.
“Ellos no cumplieron con las normas que implican un manejo sostenible del bosque, pues hubo sobreexplotación del cocobolo y talaron donde no se había autorizado”, precisó.
Las tres concesiones de Zhang suman en total unas 30 mil hectáreas de las 62 mil que tiene concesionadas el Ministerio de Ambiente en Darién.
En esa provincia, la deforestación ha sido el mecanismo más fácil de obtener algunos dólares y hoy en día especies como el cocobolo y el bálsamo son muy codiciadas por los madereros. La sanción por tala ilegal puede llegar a $10 mil.
INDÍGENAS Y MADEREROS
Dentro de este lucrativo negocio también están los indígenas. Esteban Chami, gerente de la empresa forestal de Bajo Chiquito, en la comarca Emberá Wounaan, dijo que dependen de estos permisos para la subsistencia de su comunidad.
Cuenta Chami que tienen una concesión de 18 hectáreas para explotar por 25 años y con la venta de madera tienen un compromiso de mejoramiento de viviendas, escuelas e iglesias.
No obstante, esta empresa está afrontando problemas en estos momentos, porque le vendía toda la madera al empresario Zhang, pero este último taló donde no correspondía.
“Cuando nosotros evaluamos el empresario nos dejó cierta madera en el campo y taló más de lo que debía. El empresario siempre quiere salirse con la suya y en ese momento nos mintió. Eso nos ayuda a adquirir cierta experiencia en el manejo de estos permisos”, manifestó.
Esta zona está bastante cerca de la frontera con Colombia y le representa a las comunidades, al menos, $22 mil al año. Es la máxima cantidad de dinero que pueden ver los indígenas en un año.
Otras comunidades de la comarca como Arimae, que no tienen concesiones, viven otra realidad.
Según Luis Opúa, un dirigente indígena del lugar, tienen que afrontar la invasión de colonos que llegan a extraer madera de noche sin autorización.
Incluso, sostiene que hay complicidad de las autoridades, porque si no hay permiso de tala cómo es posible que la madera salga de Darién y pase los cuatro retenes hasta llegar a los principales puertos del país para ser exportada a China.
En Darién hay cuatro controles que se inician en Chepo, siguen en Genené, luego pasan a Metetí y por último a Agua Fría. No obstante, los indígenas denuncian que muchas veces no hay suficiente fiscalización.
Otros empresarios como Germán Espinosa, quien tiene 30 años como maderero y 40 años como reforestador, indicó que en el área indígena hay 62 mil hectáreas concesionadas con planes de manejo.
Según Espinosa, la tala ilegal se ha minimizado por los controles que están ejerciendo las autoridades.
“En todo grupo hay personas que no actúan bien”, admitió.
Como maderero, explicó que compran a los colonos los árboles que tienen en sus fincas a través de los permisos de subsistencia. “Cuando un maderero entra al área indígena, se las compra y no se las roba. Mucho de ese dinero no llega a la comunidad y muchos no saben cuánto recibió el cacique. Nosotros no podemos entrar en las comarcas. Por parte de los madereros, la tala ha bajado”, aportó.
Mientras tanto, Zhang se defendió de las acusaciones de las autoridades y señaló que ahora mismo no hay documento que diga que la madera que le confiscaron es ilegal. “La verdad, eso [el decomiso] es abuso de autoridad”, sostuvo.
A la vez, enfatizó que ahora no hay ningún fallo de la justicia que diga que él es culpable, pese a que existen varios procesos administrativos abiertos en su contra.
“El caso no ha terminado y por el momento no se puedo decir que hay algo ilegal. Si se agarra a un ladrón en la calle, solo se puede decir que es sospechoso y no un culpable”, manifestó Zhang, quien se dedica a exportar pisos de madera hacia Estados Unidos y Europa.
MEDIDAS
Sobre este tema, la ministra de Ambiente, Mirei Endara, aseguró que los permisos de subsistencia para talar árboles fueron suspendidos y que los permisos comunitarios podrían correr la mismas suerte de detectarse faltas en su utilización.
Según Endara, en el último trimestre de 2015 presentarán un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional, para cambiar varios aspectos de la normativa forestal y que se aprovechen los recursos de forma sostenible.
Mientras, Elsa Garzón, comisionada de la Policía Nacional (Ecológica), dijo que mantienen constante comunicación con el Servicio Nacional de Fronteras por esas anomalías y que reforzarán su presencia en los puestos de control.
También evalúan la posibilidad de colocar cámaras de vigilancia, escáneres y otros equipos tecnológicos que faciliten la vigilancia.
En los bosques de Darién han sido registradas 2 mil 638 especies de flora, que representan el 27.7% de todas las especies del país.
