Sin la presencia de los gremios empresariales, los ediles del Consejo Municipal de Panamá comenzaron ayer jueves a debatir el polémico Acuerdo Municipal 142 de 2022, a través del cual se incrementaron los impuestos en el distrito de Panamá.
El acuerdo, aprobado el 2 de agosto del año pasado, fue propuesto con “urgencia notoria” por el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, y no fue discutido por los ediles de ese gobierno local, quienes en su mayoría integran el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Pese a estar vigente desde enero pasado, ni siquiera ha sido comunicado debidamente a los contribuyentes.
Precisamente, esa fue una de las primeras interrogantes que ayer hizo el panameñista Ricardo Domínguez, representante del corregimiento de Bella Vista, al tesorero municipal Isaías Pineda, durante la discusión en la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal.
“¿A qué gremios empresariales se consultó antes de presentar el acuerdo?”, preguntó Domínguez.
El tesorero municipal respondió que el acuerdo es una “propuesta” de la administración alcaldicia y que el alcalde está dispuesto a reunirse con los gremios. Domínguez advirtió que Fábrega debió consultar a todos, incluyendo a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) -dos gremios que han pedido la suspensión inmediata del Acuerdo Municipal 142-, antes de aprobar el alza y no después.
“Es importante escuchar a los gremios”, remarcó.
La discusión
El principal argumento de los ediles oficialistas en la sesión de ayer, fue que el Acuerdo Municipal 142 solo afecta “a unas cuantas empresas”, que son las que reportan las mayores ventas brutas y que, según sus cálculos, aportan poco más de $120 millones anuales en impuestos.
Además, insisten que lo adoptado en el Acuerdo Municipal 142 es una “reorganización tributaria” y no a un incremento de los impuestos. Eso no es lo que indica el documento que se publicó en Gaceta Oficial: ahí aparecen unas tablas que muestran claramente que el ajuste aprobado el 2 de agosto pasado alcanza tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Por ejemplo, un establecimiento de ventas al por mayor que antes reportaba ventas brutas anuales de hasta $200 mil pagaba en impuesto $25 al mes. Ahora deberá pagar $50. El incremento allí es de un 100%.
Si un comercio registra $5 millones en ventas brutas anuales, el impuesto por mes que antes era de $500, ahora será de $575. El aumento en este caso fue menor, ya que es de un 15%.
Y si las ventas al por mayor llegan a $40 millones al año, antes tenía que tributar $1,750 cada mes, pero con el Acuerdo Municipal 142, el pago en impuestos será de $3 mil 500 mensuales. El ajuste en este caso fue también de un 100%.
Otra actividad muy impactada es la de los establecimientos de ventas al por menor, aquellos de ventas de mascotas, ferreterías, joyerías, mueblerías y ebanisterías, entre otras.
En este caso, el monto mínimo a tributar era de $10 por mes y el mayor o tope era de $2 mil, dependiendo de las ventas brutas anuales. Sin embargo, luego de la modificación, la tasa menor a tributar sigue en $10, pero la máxima se incrementó a $6 mil.
Llama la atención que antes se pagaba una tasa de $10 al mes por ventas brutas anuales de hasta $40 mil, para las actividades económicas anteriormente mencionadas. Con la reforma tributaria municipal, se podrá pagar $10, pero ya no por ventas brutas de hasta $40 mil por año, sino de hasta $20 mil.
La presidenta del Consejo Municipal de Panamá y representante del corregimiento de Chilibre, Yoira Pera, subrayó que se creará una comisión para darle seguimiento al tema y en una próxima reunión se citará a los gremios empresariales. No se precisó cuándo será esa reunión
La edil del PRD mencionó que, de momento, Tesorería Municipal no ha recibido ninguna queja o nota formal contra el Acuerdo Municipal 142, aunque sí reconoció que que el Consejo ya fue notificado ayer de la demanda contenciosa administrativa de nulidad que presentó el abogado Ernesto Cedeño.
“Tenemos hasta el miércoles para emitir nuestros comentarios”, concluyó Perea.
En la demanda ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Cedeño menciona que el Acuerdo Municipal 142 viola la Ley 38 de 2000 (que regula el procedimiento administrativo general), la cual señala en su artículo 155 que el acto administrativo adoptado debe motivarse adecuadamente. El Consejo decidió aumentar los impuestos sin realizar consulta alguna; incluso en el acta del 2 de agosto de 2022, el tema se presentó como una “moratoria”.
Esperan invitación
Temístocles Rosas, presidente de Apede, manifestó que la posición de la organización es que se suspenda el acuerdo municipal demandado, para que sea discutido y consultado con todos los afectados.
En palabras de Rosas, si se quiere hablar de una contribución de cara a los contribuyentes y mayor transparencia en la gestión pública, lo prudente era invitar a los gremios y sectores que tienen que ver con el tema.
“Estamos en disposición de conversar y explicar las razones del porqué no es el momento adecuado para aumentar los impuestos. Hay que buscar entre todos una propuesta cónsona”, puntualizó el empresario, quien espera ser invitado a la próxima reunión de la Comisión de Hacienda.
