La crisis migratoria que atraviesa el país en los últimos cinco años, con un aumento de 20 mil migrantes en 2019 a más de medio millón en 2023, trae consigo una población de niños, niñas y adolescentes que deben abandonar su formación escolar para seguir a sus cuidadores en busca de un sueño.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que, en los seis primeros meses de 2023, un total de 198 mil 372 personas migrantes ingresaron irregularmente por la provincia del Darién. De esta población, el 79% era adulta (65% hombres y 35% mujeres) y el 21% menor de edad. Sin embargo, el año 2023 cerró con 520 mil 85 migrantes que cruzaron la selva de Darién, de los que 120 mil fueron menores de edad.
Aunque en la mayoría de los casos las familias continúan su tránsito por el país, existe una población mínima que se establece en suelo panameño. Esta constituye otro tipo de migración, compuesta por personas interesadas en radicarse en Panamá.
Precisamente, esta población menor de edad que permanece en el país demanda, como un derecho impostergable, el acceso a la educación. Casi todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Trinidad y Tobago, ofrecen por ley a los niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación pública obligatoria, independientemente de su situación migratoria.
En el caso de Panamá, es importante mencionar que todo estudiante extranjero presente en suelo panameño tiene derecho a recibir educación, según lo establecido por el Ministerio de Educación (Meduca) y vigente desde 1990, cuando el país ratificó la Convención de los Derechos del Niño.
Según datos suministrados por Meduca, durante el 2022, hubo una población de 14 mil 851 estudiantes extranjeros matriculados, aunque la cifra al cierre del año escolar 2023 aún no ha sido revelada por las autoridades educativas.
Para enfrentar los desafíos, el Gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo no reembolsable destinado a apoyar a los países receptores de flujos migratorios intrarregionales y repentinos.
Ximena Dueñas Herrera, especialista en Educación del BID, en una entrevista con La Prensa, indicó que en 2021 se aprobó una donación de $15 millones para apoyar el sector educativo formal. Este proyecto, ejecutado por Meduca y con el apoyo de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se llevará a cabo hasta el año 2026.
Este apoyo no reembolsable se sumó a una operación previa, cuando en 2018, el BID aprobó $100 millones a través del Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo (Mecse) para apoyar al sector a nivel nacional.
Según Dueñas Herrera, el programa se centra en cuatro componentes: fortalecer los sistemas de información, apoyar los sistemas nacionales de evaluación, mejorar el apoyo pedagógico (incluyendo habilidades socioemocionales y calidad de la educación) y la integración de la comunidad migrante, así como mejorar la infraestructura escolar.
Programa de atención a niños migrantes
Para conocer la situación real de los centros educativos que atienden a esta población, el BID realizó una encuesta a directores de escuelas. Esta reveló que hay 155 centros educativos, tanto en zonas fronterizas como en el interior del país, con un porcentaje alto de población migrante. De este grupo, 34 escuelas están en la zona de frontera con Darién.
La especialista en Educación del BID destacó que la encuesta ayudó a determinar el foco de la ayuda, especialmente en las regiones de Darién y Chiriquí, donde se han asentado migrantes. También se detectó una mayor población de estudiantes extranjeros en el distrito de San Miguelito y las provincias de Panamá Oeste y Panamá centro.
Con este programa, se busca crear un decreto que fortalezca la normativa para el proceso de admisión de niños migrantes, permitiendo que las regionales educativas asignen cupos directamente y que el director realice un examen para identificar el nivel educativo del niño o joven, evitando la exigencia de presentar documentos escolares, los cuales, en la mayoría de los casos, no poseen.
“Con esto, buscamos facilitar el proceso de admisión e integración de estudiantes migrantes y tener una mejor visión de lo que ocurre en el país en términos de demanda por el servicio educativo”, indicó Dueñas Herrera.
Además, informó que en abril próximo se aplicará un instrumento de medición denominado Welbin en estas escuelas focalizadas, para evaluar aspectos como la relación maestro-estudiante, la presencia de agresión o acoso, y las condiciones de higiene y espacios deportivos de las escuelas, entre otros.
En cuanto a la situación con los nacionales, Dueñas Herrera señaló que en la zona de frontera de Darién se ha observado un abandono escolar de estudiantes panameños, atribuido principalmente al flujo migratorio, que ofrece a los jóvenes la oportunidad de participar en actividades económicas con ingresos rápidos.
“En estas comunidades con presencia migratoria, los niños y niñas dejan la escuela para apoyar a sus familias en necesidades económicas, como la venta de agua o comida”, explicó la especialista.
Basándose en estas situaciones, el BID y Meduca enfocarán el programa en trabajar con estas escuelas de frontera a través de mejoras en la infraestructura y programas de sensibilización familiar sobre la importancia de mantener a los niños y niñas matriculados en el sistema educativo.
Para Meduca, actualmente hay 124 escuelas oficiales trabajando con el programa Mecse, lo que permite la inclusión de infantes migrantes y refugiados en el sistema educativo, sin importar el origen étnico de sus padres, siempre que se realice el proceso adecuado de matriculación.
La entidad atiende las necesidades de las poblaciones migrantes según el lugar donde residen dentro del país, iniciando el proceso con la solicitud de espacios en las comisiones de matrícula de las diferentes regiones educativas, y simultáneamente con el departamento de convalidaciones de estudios, orientando a las familias en el proceso.
Es importante destacar que todo estudiante extranjero presente en suelo panameño tiene derecho a recibir educación, sin importar su estatus migratorio, una premisa que busca garantizar la inclusión y el derecho a la educación para todos, sin excepción.
En el sistema educativo panameño hay diferentes nacionalidades en especial de países como Venezuela, Nicaragua, Colombia, entre, otros.
Recientemente, la directora del Servicio Nacional de Migración, Zamira Gozaine, mencionó que en 2024 se espera que alrededor de 800 mil migrantes irregulares crucen el Tapón del Darién.
Las estadísticas reflejan que hasta el sábado 17 de febrero han cruzado el Tapón del Darién 59 mil 521 migrantes irregulares. Esta cifra en supera en más de mil personas lo registrado en entre enero y febrero de 2023, que fue de 49 mil 291.
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