El 65% de las víctimas de violencia sexual en el país es menor de edad

La indiferencia con la que se trata a la población entre 10 y 19 años de edad en la toma de decisiones durante los últimos años y las alarmantes estadísticas sobre violencia sexual están hiriendo en lo más profundo a este grupo etario.

Además de la deuda que hay con los adolescentes en temas como salud y educación, el informe Análisis de situación de los derechos de los y las adolescentes en Panamá, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) apunta como uno de los principales desafíos al derecho a la protección contra todas las formas de violencia.

Una de las vulnerabilidades que señala el documento es que las mujeres adolescentes son las principales víctimas de la violencia sexual en Panamá. Para sustentar tal señalamiento se refirió a los datos del Ministerio Público, en 2021, que registraron 5,969 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual.

De ese total de víctimas, 65% fueron personas menores de 18 años (3,878 víctimas) y el 92% de las víctimas menores de 18 años fueron mujeres.

Por rango de edad, 87% de las víctimas menores de 18 años tenía entre 10 a 17 años de edad.

En cuanto a la violencia física, el informe subraya que en 2021, a nivel nacional, se registraron 3,832 víctimas de maltrato a niños, niñas o adolescentes. De estas, 57% corresponde a personas entre 10 a 17 años (2,172 adolescentes).

Los datos más recientes muestran que en enero 2022, del total de víctimas por maltrato (aproximadamente 440), un total de 109 (es decir, el 25%) tenía entre 10 y 14 años de edad, mientras que 87 (el 20%) tenía de 15 a 17 años. Es decir, del total de personas menores de 18 años víctimas de maltrato (440), el 45% corresponde a adolescentes.

Los homicidios

Otras temáticas que evaluaron los especialistas de Unicef fue el de los homicidios y los adolescentes que están en los albergues.

En 2020, se registraron 342 muertes de personas entre 10 a 19 años, de las cuales 60 (o 18%) fue por homicidio. La distribución por edad muestra que 68% de los adolescentes víctimas de homicidio tenía entre 16 a 19 años. En términos de división por sexo, 8 de cada 10 adolescentes víctima de homicidio eran hombres.

A nivel geográfico, los homicidios se concentraron en tres lugares principalmente urbanos: Panamá (45%), Colón (27%) y Panamá Oeste (15%).

En términos de los tipos de albergues, en Panamá se registran 51 instituciones, de las cuales 37% se dedican específicamente a protección, 35% operan en temporada escolar, 14% se dedican a la recuperación nutricional y 4% es para adolescentes embarazadas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en junio de 2022 se registraban 1,351 personas menores de 18 años de edad en 51 albergues. La mayoría estaba ahí por su condición de pobreza y exclusión social.

En Panamá, hay unos 725,058 personas entre 10 a 19 años años de edad y, de ese total, aproximadamente 156,400 vive en pobreza y 72,800, en pobreza extrema.

Derecho a participación

Para los investigadores de Unicef, la falta de conocimiento sobre el derecho a la participación, tanto de los adultos como de los propios adolescentes, impide reconocer, ejercer y exigir su derecho a participar y ser escuchados.

“Muchos de los espacios existentes son gestionados desde las agendas institucionales y no necesariamente surgen de los temas, los espacios y las preocupaciones de esta población”, manifiesta el informe.

En ese contexto, se indica que instituciones del Estado como los ministerios de Desarrollo Social, de Educación o de Ambiente cuentan con unidades dedicadas a la participación adolescente y juvenil. No obstante, la estructura y los objetivos de estos espacios se construyen de acuerdo con criterios internos de cada entidad y de manera independiente de la perspectiva de la población objetivo, es decir, la población adolescente.

La reflexión es que los espacios de participación son diseñados por adultos, planteando en ocasiones temas no relevantes para la vida de los adolescentes (respondiendo a la agenda propia de las instituciones), y no se toma en cuenta sus intereses y formas actuales de relacionarse.

Además, se recordó que los espacios de participación o medios utilizados por adolescentes son principalmente las redes sociales y las actividades artísticas, culturales y deportivas.

Los programas

Graciela Mauad, directora de Senniaf subrayó que la niñez y la adolescencia es el principal recurso del país y merece un alto nivel de inversión.

“Nosotros como Estado brindamos herramientas y atendemos toda vulneración de sus derechos con la finalidad de protegerlos, pero la familia no debe descuidar a la niñez”, puntualizó.

Sobre los programas y avances para con este grupo etario, sostuvo que se reglamentó la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En lo referente al informe de Unicef, lo calificó como “una ganancia” para esta población y para el país, dado que la niñez es una responsabilidad de todos.

“El Estado, la sociedad civil y organizaciones tienen que trabajar en conjunto, para seguir perfeccionando las políticas públicas y la asignación de prioridades y recursos dirigidos a la atención de tareas específicas a favor de la niñez”, aportó.

Mauad agregó que desde la Senniaf está atendiendo casos de trabajo infantil, situación que se da muchas veces por desconocimiento de los padres sobre los peligros que involucra. Cuando el niño se encuentra en deserción escolar, detalló que coordinan con el Ministerio de Educación para que se le restituya ese derecho fundamental a la educación.

Francisco Trejos, oficial de educación de Unicef, mencionó que este análisis de situación es un insumo “muy valioso” para la planificación de políticas y programas que busquen garantizar los derechos de los adolescentes.

De hecho, respecto al problema de la violencia, Unicef recomendó actualizar la estrategia multisectorial de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, así como generar una estrategia para la prevención y atención del abuso, acoso sexual, las uniones tempranas y otras prácticas nocivas que afectan a la mujer adolescente.

Mientras que en los concerniente al derecho a la participación, el organismo internacional sugirió construir o fomentar espacios de participación comunitarios e institucionales desde los intereses de la población adolescente tomando en consideración las inequidades y disparidades de género en términos del acceso a espacios de participación.