El intenso calor del valle de Tonosí, en la provincia de Los Santos, sofoca, mientras el tambor resuena y un grupo de niños baila y saloma al son de la cumbia. Son la fiel muestra del clásico santeño que siente su cultura y su tierra.
A su alrededor se encuentran los imponentes cerros Cambutal, Quema, La Loma de Flores y Las montañas de la Tronosa. Para ellos, más que parte de su relieve, son íconos que definen quiénes son y cuál es su misión en la vida.
“La personalidad del hombre de Tonosí y Macaracas, es decir, el hombre de la montaña siempre ha sido rebelde”, cuenta Milciades Pinzón, sociólogo y parte del Frente Santeño contra la Minería, organización que rechaza el proyecto minero Cerro Quema.
Tanto en Tonosí como en Macaracas, también en Los Santos, pensaban que la mina de Cerro Quema era capítulo cerrado, luego que llevaran a cabo manifestaciones en 1997 y luego en 2012, pero para su sorpresa el Ministerio de Ambiente, aprobó este año el estudio de impacto ambiental categoría III que da visto bueno a la mina.
El proyecto está conformado por tres concesiones mineras, las cuales cubren un total de 14 mil 893 hectáreas, de las cuales 481 hectáreas representan el área que será intervenida directamente por la operación minera, lo que se conoce como la huella del proyecto. El fin es extraer oro utilizando una solución diluida de cianuro, que es lo que más inquieta a los pobladores de la zona, ya que temen que sus recursos hídricos se vean impactados.
Pinzón, un catedrático veterano del área, recuerda que el momento más conflictivo relacionado con esta explotación minera fue en 1997, cuando se dio una gran represión y se establecieron cuarteles, para controlar el malestar de las comunidades de Tonosí y Macaracas, que se oponían al proyecto minero.
Son las 11:00 a.m. y sentado en una banca del parque Simón Bolívar de la Villa de Los Santos, el sociólogo comenta que ya hubo un precedente de enfrentamientos en la zona, año 1975, cuando la población se alzó contra Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de Tonosí, impulsado por el entonces Ministerio de Planificación, y se registró la muerte de un agente de la policía.
Así describe Pinzón el trasfondo de la lucha que se desarrolla en esta región del país. “Históricamente, la zona ha sido rebelde. Hay que recordar que aquí es donde se da el 10 de noviembre de 1821, con el grito de independencia de la Villa de Los Santos. El hombre de Los Santos tiene un concepto de esto es mío y por eso la gente quiere hasta sus cerros”.
El sol destella en el parque, mientras suenan las campanas de la histórica iglesia de San Atanasio. El educador subraya lo que para ellos significa el cerro por el que luchan: “Cerro Quema para la gente no es un simple cerro, es un símbolo de lo que ellos son. Esto explica porqué la reticencia a la mina. El santeño es un alma libre”.
El estudio ambiental
El estudio de impacto ambiental del proyecto minero Cerro Quema fue presentado en 2015 y se consideraba un tema olvidado, ya que la administración pasada (2014-2019) no le había dado el visto bueno.
De hecho, en el Gobierno pasado el Ministerio de Ambiente contrató una consultoría internacional para la evaluación de este proyecto y ninguno de los ministros de Ambiente en ese período, Mirei Endara (2014-2017) y Emilio Sempris (2017-2019) aprobó el estudio ambiental.
No obstante, con la llegada de la nueva administración gubernamental (2019-2024) se retomó la evaluación del estudio ambiental, hasta su aprobación el pasado 25 de mayo. Quien lo firmó fue la viceministra de Ambiente, Diana Laguna, y no el ministro, Milciades Concepción.
Precisamente, ese es uno de los aspectos que dice no entender Pinzón, puesto que el río La Villa, del cual depende el 65% de la población de Los Santos, nace en el Cerro Quema, lo cual es un riesgo que se desarrolle ese tipo de actividades mineras en la zona.
Al igual que Pinzón, en Las Tablas mostraron su malestar por la forma en cómo se aprobó el estudio de impacto ambiental. Nelson Cedeño, presidente de la organización Ganaderos al Rescate, es un hombre de campo que ha seguido este conflicto ambiental por décadas.
La finca de Cedeño está bastante cerca de Cerro Quema y lamenta lo que está ocurriendo en su región. “Nosotros consideramos que esta decisión adoptada por el Ministerio de Ambiente atenta contra la vida y la producción agropecuaria de la provincia”, acotó.
Lo mismo sucede en Tonosí donde Sebastián Escobar, director de la Asociación Nacional de Ganaderos, capítulo de Los Santos, sostuvo que las principales fuentes de agua de la provincia nacen en Cerro Quema y cualquier actividad allí tendrá algún efecto sobre la ganadería, agricultura y la vida de la población.
A juicio de Escobar, la indignación es tal que estudiantes, la iglesia, ganaderos, agricultores rechazan la mina. “Cerro Quema para nosotros es la vida porque de allí nacen las fuentes de agua de la provincia”, aportó.
En esa línea se pronunció Arturo Moreno, un educador de la comunidad de La Llana de Tonosí, quien manifestó que en Los Santos hay problemas de escasez de agua y no es conveniente un proyecto que pongan en riesgo estos recursos.
En palabras de Moreno, en la Llana se caracterizan por no molestar a nadie, incluso el Gobierno, pero ahora se siente traicionado por lo que está ocurriendo con la mina. “Nosotros estamos a menos de seis kilómetros de donde está el proyecto. La tierra es como nuestra madre y tiene valor por encima de cualquier mina”, añadió.
Por su parte, Pedro Vidal, quien reside de la comunidad de Llano de Piedra, distrito de Macaracas, planteó que aunque existe una regulación que permite la minería, las autoridades deben evaluar mejor los impactos que tiene la actividad en determinada área.
“No todas las comunidades son iguales. Si miras dónde se encuentra la mina y los recursos que hay a su alrededor, no se debe aprobar algo como eso [la mina]. Al santeño no le interesa el oro que saldrá de allí, puesto que nosotros generamos millones de dólares al año en ganadería, agricultura, pesca y el turismo”, concluyó.
Suspensión de trámite
Sobre la prórroga a la concesión que solicitó Minera Cerro Quema S.A., el Ministerio de Comercio e Industrias MICI ha planteado que junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentran actualmente en un proceso de revisión, evaluación y actualización de las reformas al Código de Recursos Minerales, a fin de proveer a Panamá de políticas públicas para la extracción de minerales, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Por tal razón, explicaron que se mantiene “suspendidos” cualesquiera trámites relacionados con el contrato de extracción de Minera Cerro Quema, S.A., mientras realiza meticulosamente las evaluaciones técnicas, legales y administrativas correspondientes.
De acuerdo con el MICI, en el marco del proyecto que se realiza con el BID, denominado “Fortalecimiento institucional del Sector Minería en Panamá”, se enfocan en tres objetivos: elaborar la política minera, mejorar y actualizar el Código de Recursos Minerales y definir la institución rectora del sector minería.
Sobre este tema, Minera Cerro Quema emitió un comunicado en el que señala que la aprobación del estudio ambiental constituye un hito “importante” y formaliza el cumplimiento de la empresa con los pilares fundamentales de buena gobernanza, sostenibilidad ambiental y social en apoyo a las operaciones mineras responsables.
“Después de un riguroso período de revisión técnica iniciado en 2015 y con inspecciones interdisciplinarias de campo realizadas en 2021 y 2023 por el Ministerio de Ambiente, se confirmó que las condiciones ambientales originales de la línea base del proyecto se mantienen similares a la fecha”, indicaron.
Dos cifras que destacan es que destinarán $163 millones en costo de capital para la fase de construcción del proyecto Cerro Quema y adicionalmente, la compañía estima invertir $50 millones en actividades de exploración e ingeniería.
Durante la etapa de construcción, la mina proyecta generar 3 mil 600 empleos directos e indirectos y mantener mil 200 empleos durante la operación.
