La reciente sentencia de 60 meses (cinco años) de prisión impuesta al pediatra y neonatólogo Iván Sierra Robles por la muerte de varios bebés en la sala de Neonatología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid ha reabierto las heridas para los padres de las nueve víctimas fatales y los cuatro sobrevivientes que quedaron con secuelas permanentes.
Sierra Robles fue hallado responsable por la administración de heparina contaminada con alcohol bencílico, una situación que desató una tragedia sin precedentes en la historia de la Caja de Seguro Social (CSS).
Han pasado 11 años desde que el hecho en la CSS cobró la vida de estos inocentes, pero el dolor y la angustia de las familias que perdieron a sus bebés o viven con secuelas siguen tan presentes como el primer día.
Cada vez que Salomón Moreno mira a su pequeña Milagros, sobreviviente de esta situación, llegan a su mente una serie de interrogantes que aún no tienen respuestas. Entre las preguntas están quién compró el fármaco y qué pasó con la unidad de compra y de calidad.
En ese instante, cuenta Moreno, la tristeza lo invade, pues su niña, que nació el 3 de junio de 2013, carga con secuelas neurológicas. Milagros tiene hidrocefalia, epilepsia, escoliosis, pérdida auditiva, entre otros problemas de salud.
Moreno indicó que su hija recibe terapia tres veces a la semana para mejorar un poco su condición física, además de atención mensual de un especialista. Ahora necesita una silla que tiene un costo de $4,000.
“Nosotros sí tenemos que decir que recibimos una atención expedita en la CSS. Si yo llamo, la licenciada asignada a nuestro caso nos consigue la cita sin tener que hacer fila”, detalló el padre, refiriéndose a la atención médica.
Sin embargo, el costo económico y emocional es inmenso. La familia ha tenido que invertir miles de dólares en tratamientos, equipos médicos y viajes frecuentes a la ciudad de Panamá desde Santiago para recibir atención especializada. “La verdad es que las consecuencias son muy profundas, los daños son muy severos, y es un caso único a nivel mundial; no hay un pronóstico a futuro”, afirmó el padre, señalando la falta de respuestas claras sobre el futuro de su hija.
A juicio de Moreno, los gremios médicos debieron actuar y protestar hace 11 años, no ahora, porque ya hay una sentencia. “Nos dejaron a la deriva, totalmente a la deriva de lo que sucediera. Nadie nos defendió, nadie nos apoyó”, comentó. “Para nosotros, lo que cuenta es el daño causado”, afirmó, aludiendo a la falta de apoyo y acción en los momentos críticos tras el lamentable hecho.
El padre de Milagros aún recuerda que el neonatólogo Sierra Robles, quien era jefe del servicio de Neonatología, fue muy duro con ellos. “Cuando yo logré hablar con él, me dijo sarcásticamente: ‘El dolor no es mío, el dolor es de ustedes. No les puedo decir que me duele, porque no es mi dolor, es de ustedes’”, expresó.
El padre lamenta que Sierra Robles esté pagando la pena solo, cuando considera que la responsabilidad debería ser compartida por todos aquellos involucrados en la compra y control de calidad del producto contaminado. A su juicio, las fallas sistémicas y la falta de supervisión adecuada fueron igualmente culpables de la tragedia.
Mientras que la doctora Yilany Bernardo, quien perdió su pequeña y única hija en el 2013, indicó en un artículo de opinión en La Prensa que como médico entiende y está convencida de que no se estudia un mínimo de ocho años para acabar con la vida de alguien. Sin embargo, existen muchos tipos de negligencia, y en este caso se trata de inadvertencia.
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Subrayó que en el uso de alcohol bencílico provocó la muerte de 16 neonatos en centros hospitalarios de Estados Unidos de 1983. Por ello, la FDA (Food and Drug Administration) recomendó no utilizar el preservante alcohol bencílico en neonatos y lactantes, pues la administración intravenosa de este producto en neonatos prematuros provoca, además de la muerte, graves reacciones adversas, entre ellas el “Síndrome Tóxico Fatal” o “Síndrome de Gasping”.
En 2013, en Panamá, 30 años después del evento índice, solo se pudo comprobar que los neonatos perdieron la vida por el uso de heparina sódica con el preservante alcohol bencílico. Esta causa de muerte quedó evidenciada en las necropsias, al encontrarse metabolitos del alcohol bencílico en varios tejidos, en concordancia con el desarrollo de síntomas y signos relacionados con el “Síndrome Tóxico Fatal” o “Síndrome de Gasping”, precisó.
Recordó que al firmar la autorización de autopsia de su hija en la sala de Neonatología de la CSS, dentro de los diagnósticos clínicos de causa de muerte se encontraba “Probable Síndrome de Gasping”. Es decir, existía pleno conocimiento del uso de heparina sódica con alcohol bencílico, pese a las advertencias descritas.
No obstante, Bernardo no puede estar en desacuerdo cuando se menciona que existen otros aspectos administrativos involucrados, como la compra de medicamentos en la CSS, porque en el mercado existe la heparina sódica sin alcohol bencílico, versus la heparina sódica con alcohol bencílico cuyo inserto indica “No usar en recién nacidos ni en niños prematuros”.
El caso de la heparina no solo marcó un antes y un después en la vida de las familias afectadas, sino que también dejó en evidencia las profundas fallas estructurales y éticas dentro del sistema de salud panameño. Ahora, estas familias esperan que su lucha sirva como un llamado a la justicia y a una reforma integral que prevenga futuras tragedias.
‘No estoy consternado, soy racional’
Sierra Robles manifestó que no se realizó una investigación desde el punto de vista científico, sino que fue dirigida a buscar un culpable.
“No estoy consternado, soy racional. Haré lo necesario dentro de las reglas de nuestro sistema judicial para demostrar la verdad”, dijo.
Recientemente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un recurso de casación presentado por la defensa de Sierra Robles y Melia Maibis Mock Sevillano, ambos condenados a 60 meses de prisión.
En un fallo del pasado 24 de junio, bajo la ponencia de la magistrada Ariadne García, la Sala Penal desestimó el recurso presentado por la defensa de ambos imputados.
Mientras que el Colegio Médico de Panamá, junto con la Asociación Médica Nacional y diversas asociaciones, resaltaron que, si bien comparten el dolor de las familias afectadas, es esencial garantizar un juicio justo que considere todas las circunstancias y responsabilidades de los involucrados.
