En Changuinola, provincia de Bocas del Toro, el recuerdo sigue fresco y vivo. Nadie olvida los enfrentamientos entre trabajadores y agentes de la Policía Nacional en aquel mes de julio de 2010 ni el resultado cruento que dejaron: 2 jornaleros muertos, cuando menos 500 heridos y gran parte de la ciudad de Changuinola vuelta pedazos.
Hoy, 12 años después, varios de estos trabajadores, que viven con perdigones de plomo dentro de músculos y huesos, demandan una mejor atención y que nombren por lo menos a un oftalmólogo en Bocas del Toro, ya que no hay. Se trata de una atención esencial, debido a que 82 de ellos perdieron la vista parcialmente en los enfrentamientos.
Al igual que el resto de la población, este grupo de trabajadores vio su atención médica desmejorada durante la pandemia generada por la covid-19, ya que el sistema de salud estaba enfocado en esta.
De hecho, el gobierno pasado (2014-2019) construyó una clínica en Changuinola específicamente para su atención, pero estuvo cerrada entre 2020 y 2022 porque la instalación era usada para hacer hisopados.
Jacinto Quintero, uno de los trabajadores que resultó herido en 2010 y que ahora es líder del Comité 8 de Julio –que representa a los jornaleros víctimas de los enfrentamientos– subrayó que durante los últimos dos años les tocó acudir al hospital regional Raúl Dávila Mena de la Caja de Seguro Social (CSS) en Changuinola para recibir atención hospitalaria.
Reabre clínica
En palabras de Quintero, se les informó que la clínica reabrió esta semana, por lo cual esperan que se normalice la atención de casi 500 trabajadores, aunque solicitó a las autoridades de Salud el nombramiento de un oftalmólogo debido a que aquellos que perdieron la visión tienen que viajar hasta la ciudad de Panamá para ser atendidos por un especialista en la materia.
En el caso de Quintero, precisó que tiene unos 170 perdigones en el cuerpo y que perdió la visión parcialmente. Lo que más le aqueja son los dolores que por momentos se apoderan de él debido a la gran cantidad de perdigones. Además, según la evaluación que le realizaron hace 12 años, tras ser herido con los perdigones, el nivel de plomo en su sangre era de 25.7 microgramos por decilitro de sangre; es decir, el diagnóstico de la CSS hacía referencia literalmente a “intoxicación crónica por plomo”.
Aparte de los 82 heridos que perdieron la vista parcialmente, hay otros 400 que sufrieron heridas más leves, pero que también sufren secuelas. Incluso, muchos de ellos no han vuelto a trabajar, porque con los años su físico se deteriora.
Tal es el caso de Rangel Ábrego, quien también ha tenido que acostumbrarse en estos años a lidiar con los perdigones en su organismo. Narró que tiene 15.10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, un nivel más bajo que el de Quintero.
Comentó que necesita especialistas, porque en la provincia de Bocas del Toro no hay y algunos perdigones están alojados en los riñones y el hígado.
El diagnóstico
Mario René Lozada, médico asignado a la clínica en la que se atiende a estos pacientes, explicó que antes de que esta cerrara en 2020 evaluaba a unas 32 personas por día. “Hay algunos que viven con los perdigones de plomo en su cuerpo, pero no presentan daños en sus órganos. Aunque sí hay algunos que han desmejorado su calidad de vida”, puntualizó.
De acuerdo con el médico, estos últimos son, por ejemplo, aquellos que tienen los perdigones en ojos, riñones, rodillas o hígado.
Reconoció que los menos graves se atienden en la clínica, pero el resto sí debe acudir a Panamá, donde están los especialistas. “La mayoría de las atenciones que hago tiene que ver con dolores en espalda y hombros, aunque también noto trauma psicológico por vivir de forma permanente con esta situación”, dijo Lozada, quien agregó que se trata de una población de jóvenes de entre 35 y 45 años.
El encuentro
Quintero contó a este medio que hoy debe reunirse con autoridades de la Presidencia de la República para tratar el tema del subsidio que se les aporta a estos trabajadores, ya que en el caso de los 82 jornaleros que sufrieron daños en la visión el Estado les concedió una pensión mensual de $800, y los otros 400 reciben una pensión de $200.
No obstante, con este último grupo la pensión debe ser revisada cada tres años, pues probablemente algunos ya no la necesiten u otros perdieron la vida.
“Ese término se vence en octubre de este año, por lo que hay que revisar la pensión”, expresó Quintero.
Uno que conoce muy bien lo que ocurrió aquella vez fue Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y quien lideró una comisión que conformó el gobierno de entonces (2009-2014) para investigar lo sucedido.
A juicio de Troncoso, las decisiones apresuradas en cuanto a temas legislativos y violar algunos derechos en el sector laboral puede traer consecuencias aterradoras, como lo sucedido en Bocas del Toro.
El detonante de los enfrentamientos fue la polémica ley chorizo (Ley 30 de junio de 2010), llamada así porque, además de dictar medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente.
Así definió Troncoso su experiencia: “conversar con las víctimas y mirarles las heridas no fue nada agradable. Esto fue una reacción de la fuerza pública desmedida y a los heridos no se les ha brindado una respuesta cónsona con sus males y es una deuda que tiene el Estado con estos trabajadores de Bocas del Toro, la cual no ha sido reparada hasta el momento”.
