Los sueños de Lucía Elena Espinosa, una adolescente de 14 años de edad, fueron truncados por Gustavo De Jesús Rangel, un hombre de 25 años, a quien se le decretó la medida de detención provisional por supuesto feminicidio.
Lucía Elena es la última víctima de feminicidio reportado en el país, específicamente en el sector 7 de la Barriada La Paz, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. La menor de edad tuvo una discusión verbal en medio de la calle, que acabó en golpes. Ella se llevó la peor parte, pues golpeada y casi inconsciente, el victimario la llevó hasta la casa en que vivía, en donde posteriormente fue encontrada sin vida.
El asesino había sido denunciado por violencia doméstica por su anterior pareja, por lo cual se mantenía cumpliendo una medida cautelar de notificación periódica.
Este es el segundo caso de feminicidio en este mes de julio, ya que el primero fue reportado en Las Garzas, corregimiento de Pacora, el pasado 22 de julio. La víctima fue una mujer de 41 años, quien murió en el hospital luego de recibir varias heridas con arma de fuego por su expareja.
Los datos estadísticos del Ministerio Público (MP) muestran que durante los primeros seis meses del año se han registrado seis feminicidios.
Los números muestran que febrero y marzo son los meses con mayor cantidad de feminicidios, pues se registraron dos en cada mes.
Mientras que los primeros seis meses de 2022 se contabilizaron nueve feminicidios, el mayor número se reportó en marzo y abril.
Datos del Observatorio de Feminicidios indican que un feminicida está condenado, mediante un acuerdo de pena, a pagar 23 años de prisión. Otro murió por suicidio después de atacar a su víctima. Mientras que cuatro sospechosos de feminicidio están detenidos como medida preventiva o en espera de un juicio.
El feminicidio en Panamá está tipificado con la Ley 82 de octubre de 2013. Esa norma (artículo 3) dice que “se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión, o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en desventajas con respecto a los hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, entre otros”.
Brazaletes electrónicos
El escenario muestra que las autoridades deben tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas de la sociedad implementando políticas y programas para prevenir y enfrentar este problema de violencia que afecta a las mujeres en Panamá.
El primer paso es la firma de un acuerdo institucional entre las autoridades del Órgano Judicial, los ministerios de Seguridad Pública, de Gobierno y la Procuraduría de la Nación, para la implementación y uso de los brazaletes electrónicos.
De acuerdo con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, a través del Centro de Monitoreo y Localización se alertará a las unidades de la Policía Nacional del sector, de manera expedita y de acuerdo con los procedimientos establecidos, sobre la ubicación geográfica de la víctima y de la persona sujeta a control, para que se tomen las medidas de resguardo pertinentes, cuando se produzca una situación que genere riesgos para la víctima.
Tras la firma de este convenio, la ministra de la Mujer, Juana Herrera Araúz dijo que la violencia doméstica es un problema social que enfrentan las mujeres y sus familias a lo largo de los años.
“Como Estado tenemos la responsabilidad de implementar acciones efectivas que busquen salvaguardar la vida e integridad física y mental no solo de las mujeres, sino también de sus familiares, especialmente sus hijos e hijas”, resaltó Herrera.
El brazalete electrónico es un proyecto que se viene planteado desde enero de 2020 cuando el Ministerio de Gobierno , realizó una reunión informativa con diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, en la que se presentó el Proyecto Sistema Dual de Monitoreo Electrónico para Víctimas de Violencia Doméstica (Brazaletes Electrónicos).
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de la Mujer, anualmente se atienden aproximadamente 11,500 mujeres víctimas de violencia de género en los centros de atención integral y albergues que tiene la institución.
En ese sentido, estadísticas del MP evidencian que de enero a junio se han registrado 9,087 casos de violencia doméstica en el país.
Mientras que un informe de la Defensoría del Pueblo elaborado en el 2022 sobre la situación de violencia contra la mujer ha hecho saltar las alarmas al calificar el problema como una “epidemia de dimensiones catastróficas”, que no solo impacta el núcleo familiar que la padece, sino que afecta a toda a sociedad.
El documento resalta que para abordar integralmente la problemática es obligatorio articular espacios de diálogo, de colaboración y concertación “con el fin de proponer acciones conjuntas y proyectos eficaces que nos acerquen a soluciones posibles y reales, ante este mal, que lamentablemente se incrementa dentro de nuestra sociedad”.
Escenario regional
El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que en 2021,11 países de América Latina registraron una tasa igual o superior a una víctima de feminicidio por cada 100 mil mujeres (Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay).
De estos países, las mayores tasas de feminicidio se registraron en Honduras (4. 6 casos por cada 100 mil mujeres), República Dominicana (2.7 casos por cada 100 mil mujeres) y El Salvador (2.4 casos por cada 100 mil mujeres).
La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Las estimaciones publicadas por la OPS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en las Américas han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida
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