El futuro de la cuenca del río Santa María, que atraviesa las provincias de Coclé, Veraguas y Herrera, espera por una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Todos coinciden en que se debe proteger, aunque existen diferencias en cuanto a qué áreas específicas hay que conservar legalmente, ya que su trayecto abarca 14 distritos y 58 corregimientos, muchos de ellos con poblaciones asentadas en sus riberas desde hace décadas.
Se trata de un asunto que ha llegado a los tres órganos del Estado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó en 2021, en tercer debate, el proyecto de ley 171, que declaró Patrimonio Natural y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la cuenca del río Santa María.
La iniciativa, presentada por diputados oficialistas como Eugenio Bernal, Héctor Brands y Ricardo Torres, dice en la exposición de motivos que el “uso sostenible de esta fuente de agua asegura la subsistencia de las comunidades residentes en las áreas, lo que conllevará a un mayor desarrollo social y económico; ya que una posible fuente de ingresos en un futuro podría ser el turismo; el cual necesitará de fuentes de agua limpia”.
Además, destaca que la planta potabilizadora que abastece de agua potable a la población de Santiago de Veraguas está ubicada en el río Santa María, con lo cual, dependiendo del cuidado que se le dé a la parte alta del río, asimismo será la calidad y volumen del agua que abastezca a esa población.
La objeción
Si bien a simple vista la propuesta de ley aparenta garantizar la protección de toda una cuenca hídrica para beneficiar a la población que depende de esta, en el fondo podría generar un problema complejo, como el que ahora viven los residentes de Donoso, en Colón: quedar en medio de un área protegida.
Así lo hizo saber el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en una nota que envió en junio de 2021 al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Marco Castillero, y en la que le presentó una serie de razones de forma y fondo para objetar el proyecto de ley, por inconveniente e inexequible.
Según Cortizo, del cauce del río Santa María se obtiene gran cantidad de agua para el consumo humano y la producción agropecuaria, por lo cual coincide con los proponentes en cuanto a la necesidad de proteger y administrar adecuadamente esta cuenca hidrológica.
No obstante, consideró que “no es viable” declarar la totalidad de la cuenca del río Santa María como área protegida, habida cuenta que el 62.7% de su área geográfica carece de cobertura boscosa y está constituida por asentamientos humanos y tierras dedicadas a la explotación agrícola y ganadera, por lo que, en su criterio, carece de las características ambientales necesarias para ser declarada como tal.
El mandatario también recordó a los diputados que cualquier proceso de creación de un área protegida establecida como tal por el Ministerio de Ambiente incluye, entre otros elementos, un “estudio de las características ambientales” del área que se propone declarar como reserva, así como un “estudio socioeconómico” y una fase de “participación ciudadana”, todo ello con el objetivo fundamental de sustentar científicamente el porqué un determinado espacio geográfico del país amerita ser incluido como reserva.
Además, finalizó argumentando que la declaración de un área protegida también afecta el reconocimiento de los derechos posesorios y los trámites de titulación en curso que estuvieran efectuando personas de las comunidades incluidas en tal territorio.
En ese contexto, citó lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley General de Ambiente, respecto a que las áreas protegidas son bienes de dominio público del Estado y, por ende, no pueden ser objeto de apropiación privada o de adjudicación, lo que implica que al declararse la totalidad de la cuenca del río Santa María como área protegida, los procesos de titulación de tierras y reconocimiento de derechos posesorios no se podrían culminar.
La propuesta
En medio de todo este debate y por recomendación del Ministerio de Ambiente, se planteó como más viable delimitar la cuenca alta del río como área protegida y establecer planes de manejo específicos para la cuenca media y baja, con el objeto de mitigar su deterioro y restaurar dichos territorios, lo que resultaba más congruente con la realidad actual de esa cuenca.
De hecho, la parte alta de la cuenca se extiende mil 372 kilómetros cuadrados y representa el 40.8 % de su territorio total, donde en la actualidad hay menos efectos antropogénicos y, por lo tanto, es más factible de proteger por sus características geográficas.
Incluso, el Ministerio de Ambiente precisó que en toda la cuenca del río Santa María hay ocho áreas protegidas, entre las que están el Parque Nacional Santa Fe y la Reserva Forestal La Yeguada, lo que generaría una “contradicción” entre normas, ya que cada reserva tiene sus propias características y regulaciones.
A pesar de estos argumentos y de la objeción de Cortizo, el pleno de la Asamblea aprobó por insistencia el proyecto de ley y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Ejecutivo demandó su inconstitucionalidad.
Para Olmedo Carrasquilla, parte del Colectivo Voces Ecológicas, en los alrededores del río Santa María hay actividades agropecuarias, mineras y de hidroeléctricas que pueden poner en riesgo este gran recurso hídrico. “Hay que ordenar lo que ocurre en esta zona”, opinó.
De acuerdo con su criterio, esta lucha viene de hace 10 años y esperan que la Corte tome la mejor decisión en cuanto a la conservación de la cuenca.
Precisamente, el Colectivo Voces Ecológicas se opuso al estudio de impacto ambiental para la reapertura de la vieja mina Remance en Veraguas, por considerar que ponía en peligro la cuenca del río Santa María.
