El 4 de diciembre de 2024, el Ministerio de Educación (Meduca) aprobó una reforma al decreto ejecutivo que regula el Fondo de Equidad y Calidad de Educación (FECE), específicamente el artículo 16, previamente modificado por el Decreto Ejecutivo No. 1280 del 31 de diciembre de 2019.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 144, publicado en Gaceta Oficial el pasado 5 de diciembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, unificaron en $60 los montos anuales asignados por estudiante a las escuelas beneficiadas por el FECE, a partir de enero de 2025.
El decreto está en el siguiente enlace:
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GacetaNo_30173b_20241205.pdfEsta medida contrasta con la reforma de 2019, impulsada durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), que asignaba $150 por estudiante a las escuelas ubicadas en los 300 corregimientos más pobres del país. Expertos en educación advierten que esta reducción profundizará las desigualdades existentes, ignorando las brechas socioeconómicas que afectan al sistema educativo.
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GacetaNo_30173b_20241205.pdfRESUMEN FECE PARA PUBLICACIÓN PÁGINA WEB MEDUCA JUNIO 2024_0.pdfYair Velásquez, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, explicó el impacto con un ejemplo: una escuela en Gualaca, Chiriquí, con 150 estudiantes, pasará de recibir $22,500 anuales bajo el esquema de 2019 a solo $9,000 con la reforma actual.
Este recorte limitará la capacidad de las escuelas para cubrir necesidades básicas como alimentación, mantenimiento de baños y reparaciones de infraestructura, afectando directamente la calidad de vida y el aprendizaje de los estudiantes. La falta de servicios básicos desmotiva la asistencia, especialmente en comunidades empobrecidas, perpetuando el abandono escolar, añadió Velásquez.
Por su parte, Humberto Montero, dirigente del Frente de Educadores Independientes, recordó que durante la administración 2019-2024 se implementaron medidas para fortalecer el apoyo a las escuelas de difícil acceso, aumentando los fondos asignados por estudiante. En algunos casos, estos incrementos buscaban hacer justicia a las comunidades más vulnerables.
Sin embargo, explicó que la normativa es clara: el FECE establece un monto base de $40 por estudiante para las 3,102 escuelas del país, sin tener en cuenta el número de estudiantes matriculados en cada una. Actualmente, la asignación ha aumentado a $60 por estudiante para todos los centros educativos de forma uniforme. Esta medida afecta especialmente a las llamadas “escuelas rancho”, pequeñas instituciones donde pueden haber apenas cuatro, cinco u ocho estudiantes. En estos centros, un solo maestro asume tanto las funciones de docente como de director, trabajando con recursos muy limitados
Montero sostuvo que el problema radica en que las escuelas con menor cantidad de estudiantes reciben una proporción significativamente menor de los fondos. Por ejemplo, una escuela con 100 estudiantes que reciba $60 por estudiante solo alcanzará $6,000 anuales, una cifra que resulta insuficiente para atender necesidades como el mantenimiento, la alimentación escolar o las reparaciones.
En este contexto, Montero sugirió que los directores deben recurrir a partidas extraordinarias y desarrollar Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) para obtener recursos adicionales que permitan mejorar las condiciones de sus escuelas. Además, la migración de familias hacia otras zonas agrava la situación, reduciendo la matrícula en las escuelas pequeñas y, por ende, limitando aún más su presupuesto.
A pesar de estas dificultades, es justo reconocer que la administración Cortizo impulsó reformas importantes para beneficiar a las escuelas con mayor cantidad de estudiantes, especialmente aquellas en áreas de difícil acceso, asignando montos superiores a $100 por estudiante en algunos casos. Estas medidas representaron un avance significativo en la búsqueda de mayor equidad.
Sin embargo, aún queda un desafío pendiente: modificar la ley para garantizar una distribución más justa de los recursos, considerando las particularidades de cada escuela. Si bien sería ideal asignar un monto más alto, como $500 por estudiante, sabemos que esto es inviable desde una perspectiva presupuestaria.
Un contexto alarmante
Los datos reflejan un panorama crítico. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), uno de cada seis niños menores de cinco años en Panamá sufre desnutrición crónica, cifra que se multiplica por 2.5 en las comarcas indígenas. En estas regiones, el 23% de los niños carece de agua potable y el 17% no tiene acceso a saneamiento adecuado.
Además, un informe de la Defensoría del Pueblo revela que el 91% de las escuelas panameñas presenta infraestructura inadecuada y carece de servicios básicos.
La reforma contradice el artículo 18 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que exige que la administración educativa se base en diagnósticos de la realidad para garantizar la equidad y la calidad, manifestó.
Expertos en educación plantean que la reducción del FECE pone en peligro los servicios esenciales en las escuelas más vulnerables, perpetuando la desigualdad entre zonas urbanas y rurales. Mientras una escuela en Ciudad de Panamá con 1,500 estudiantes recibirá $90,000 anuales, una institución en una comarca con 150 estudiantes subsistirá con solo $9,000.
Es urgente que las autoridades reconsideren esta reforma y busquen alternativas que garanticen una educación inclusiva y equitativa para todos los niños del país, acotó Velásquez.
La socióloga Rubiela Sánchez explicó que la igualdad no es lo mismo que la equidad, ya que la primera busca igualar condiciones, mientras que la equidad considera el contexto para lograr justicia verdadera.
Subrayó que si un país no cuenta con políticas equitativas, se están promoviendo las desigualdades.
