El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, la cual “desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional”.
La propuesta tenía dos años y nueve meses de haber sido presentada a la Asamblea Nacional por los diputados independientes, Gabriel Silva y Raúl Fernández, junto al diputado del partido Panameñista Bernardino González para su respectiva discusión.
La Ley 364 busca brindar protección a la salud mental y el bienestar de las personas, garantizar el respeto a la dignidad de las personas con padecimientos mentales, así como reducir los índices de suicidios y los estigmas relacionados con la salud mental. Además, asegurar el acceso a servicios de calidad para la atención de la salud mental, la no discriminación de personas con padecimientos mentales y prevenir padecimientos de salud mental.
Adjuntos
Salud Mental.pdfLa ley detalla en su artículo 6 que “El Estado velará por el acceso y cobertura universal de los servicios de salud mental de toda la población en el territorio nacional. Para tales fines se brindarán servicios de atención públicos y gratuitos a toda persona que requiera tratamientos para la salud mental”.
Mientras que el artículo 7 establece que las compañías de seguro no podrán discriminar a las personas con padecimientos de salud mental en la contratación de una póliza de seguro de vida o de salud.
En cuanto a los centros de salud privados que brindan atención a personas con padecimientos mentales, conductuales y neurodesarrollo, no podrán negarse a prestar asistencia psicológica ni médica a las personas que presentan una crisis de salud mental, precisa la ley.
Ahora el siguiente paso es reglamentar la ley en un periodo no mayor a seis meses (agosto de 2023), contado a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.
El diputado independiente Gabriel Silva, manifestó que esta ley pone la salud mental como prioridad y establece políticas públicas para asegurar atención y servicios para toda la población.
“La salud mental es igual de importante que la física. Y hay que cuidarla y protegerla”, manifestó Silva tras la sanción de la ley.
En Panamá, un 10% de la población padece algún trastorno mental y no ha sido diagnosticado, estima la Caja de Seguro Social.
Además, una encuesta realizada durante el primer trimestre del año escolar 2022, por la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación (Meduca), en la que participaron 35 mil 374 estudiantes de los diferentes niveles del sistema educativo, encontró que los niños y jóvenes tienen afectaciones socioemocionales de leves a graves.
De hecho, en esta encuesta, alrededor de 800 estudiantes admitieron haber tenido un pensamiento suicida y otras preocupaciones o afecciones, como depresión, ansiedad, problemas de adaptación a la presencialidad y estrés.
La encuesta fue aplicada para conocer el estado socioemocional de los estudiantes y las afectaciones que presentan los alumnos en las aulas de clases, debido a la pandemia de la enfermedad covid-19.
En ese sentido, la ley en su artículo 11 indica que “las instituciones públicas y privadas de todos los niveles académicos, las organizaciones gubernamentales y entidades públicas planificarán y llevarán a cabo programas educativos que promuevan el bienestar mental, la prevención del deterioro mental y sensibilización sobre las personas con problemas de salud mental y en proceso de rehabilitación, especialmente cuando se trate de niños y adolescentes”.
