La industria de los medicamentos se pronunció ayer viernes en pleno, sobre el Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, que fijó descuentos de 30% en el precio de 170 medicinas, a partir del lunes 15 de agosto.
Por un lado, la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos informó que contribuirán con un 15% de descuento sobre el precio de facturación a los distribuidores. Eso, con el compromiso de que el resto de los participantes de la cadena contribuya para alcanzar el 30% prometido.
De ser así, el punto de discusión estaría en quién asumiría el otro 15%, para alcanzar el 30% establecido en el decreto ejecutivo: distribuidores o propietarios de farmacias.
En ese contexto, la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos planteó que necesitan establecer “negociaciones individuales” con cada uno de sus laboratorios proveedores, para responder a las interrogantes de las farmacias referentes a la implementación de la medida. Exhortaron al Ejecutivo a conceder, por lo menos, 15 días más.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también pidió aplazar la medida, ya que aún no existe “claridad” de cómo se aplicará este ajuste entre los actores de la cadena de comercialización.
Al cierre de esta edición, agremiados de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias estaban reunidos con autoridades del Ministerio de Salud. Ellos exigen se derogue el decreto ejecutivo o no abrirán sus puertas el próximo lunes.
Polémico decreto pone en jaque a farmacias
Este miércoles se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, que fijó descuentos de 30% en el precio de 170 medicinas, a partir del lunes 15 de agosto, por seis meses prorrogables. Un día antes, el Ejecutivo anunció la medida con bombo y platillo, ante la demanda de la población por medicamentos a precios más accesibles.
“Hoy es un día histórico, porque esta es una noticia muy importante para el país, para todos los panameños, porque los gremios de la salud, sector privado, asociaciones de pacientes y el Gobierno Nacional han llegado a un consenso importante”, dijo el presidente Laurentino Cortizo, el martes 9 de agosto.
Pese al “consenso” clamado por Cortizo, de inmediato llegaron las protestas, precisamente por la falta de consulta.
No obstante, la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) —que aglutina 450 establecimientos medianos y pequeños— rechazó la medida y comunicó que si no se deroga el decreto ejecutivo, a partir del próximo lunes 15 no abrirán sus puertas, ya que no pueden asumir los costos de esta medida.
El problema radica en quién y cómo se asume el costo del descuento. De hecho, el decreto ejecutivo que firman Cortizo y el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, no especifica a qué eslabón de la cadena de la industria de los medicamentos le corresponde asumir el descuento, ya que primero están las farmacéuticas, es decir, quienes producen el fármaco; luego, los distribuidores; le siguen las farmacias, y, de último, los consumidores.
Sobre lo anterior, ayer viernes los laboratorios innovadores, miembros de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), informaron que ellos contribuirán con un 15% de descuento sobre el precio de facturación a los distribuidores. Eso, con el compromiso de que el resto de los participantes de la cadena contribuya para alcanzar el 30% prometido.
Eso significaría que el 15% restante debería asumirlo los distribuidores y/o las farmacias. Sin embargo, también ayer viernes, la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis) planteó en un comunicado que los distribuidores de medicamentos necesitan establecer negociaciones individuales con cada uno de sus laboratorios proveedores, para poder responder a las interrogantes de las farmacias referentes a la implementación de la medida.
De acuerdo con los distribuidores, si bien recibieron comunicación de Fedefarma (es decir, los fabricantes) indicando los términos generales del aporte de sus afiliados, estos representan sólo una fracción del universo de laboratorios que venden productos a Panamá.
Ante este escenario, advirtieron que este proceso tomará más tiempo, por lo que la cadena de abastecimiento no estará preparada para implementar la medida el próximo lunes. “Invitamos al Ejecutivo a conceder, por lo menos, 15 días para preparar la implemententación del decreto ejecutivo”, concluyeron los distribuidores.
Postergación de medida
Luego de diferentes reuniones realizadas con laboratorios farmacéuticos, distribuidores de medicamentos, cadenas de farmacias y farmacias independientes, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se pronunció en la misma línea de los distribuidores y consideró “responsable” aplazar la entrada en vigor del descuento del 30%.
De acuerdo con la Cámara, la medida conlleva realizar ajustes de precio en unas 800 farmacias de todo el país y aún no existe “claridad” de cómo se aplicará el descuento entre los actores de la cadena de comercialización, dado que las farmacias no pueden hacer frente a la medida por su cuenta y, a su vez, los distribuidores no han recibido respuesta concreta de cada una de las farmacéuticas con las que tienen relación comercial.
La Cámara recordó que la empresa privada, representada en la mesa técnica de medicamentos creada por el Ejecutivo en febrero pasado, se opuso a la medida aplicada, ya que esta no consideraba la información de márgenes reales de distribuidores y farmacias que maneja la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), por lo que la consideraba “inviable”.
Orlando Pérez, presidente de la Unprofa, expresó que la petición es que el Gobierno derogue el decreto ejecutivo y que los integre a la mesa técnica.
Pérez indicó que, aunque los distribuidores asuman el otro 15% del descuento, las farmacias tienen en sus estantes o stock medicinas que adquirieron semanas atrás a precios más elevados, lo que les generaría pérdidas al momento de comercializarlas aplicando el descuento de 30% al consumidor.
Los propietarios de farmacias se reunieron ayer con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Acodeco y el Ministerio de Salud (Minsa).
Para mañana, los miembros de Unprofa tienen programada una asamblea general para tratar el tema.
Se intentó obtener una versión del Minsa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Mientras, representantes de los pacientes solicitan al Gobierno una pronta respuesta al reclamo de las farmacias y demás.
En tanto, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, reconoció que quizá hubo falta de comunicación y capacitación con las farmacias pequeñas, por lo que ya están adoptando medidas. “No es intención del Gobierno transferir el 30% a las farmacias pequeñas”, dijo.
