Obispos: proyecto de ley 61 debe bajar a primer debate en la Asamblea Nacional

Obispos: proyecto de ley 61 debe bajar a primer debate en la Asamblea Nacional


Los obispos católicos del país, agrupados en la Conferencia Episcopal Panameña, hicieron un llamado para que el proyecto de ley 61 sobre educación sexual y reproductiva vuelva a primer debate, con la finalidad de escuchar las propuestas de los distintos sectores y lograr un consenso.

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Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, informó que de bajarse o no a primer debate el anteproyecto, es una decisión de los 71 diputados del pleno de la Asamblea.

(Lea el proyecto de ley 61 aquí)

Añadió que tomarán la posición de la Iglesia como una sugerencia, pero recordó que es este poder del Estado, el cual él representa, el que tomará las providencias para que se den los diálogos necesarios, ya que este es un proyecto de ley que al final termina beneficiando a las futuras generaciones.

Rossana Uribe, miembro de la junta directiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), dijo que los obispos no tienen el poder legal para determinar lo que suceda con un proyecto de ley.

"POSICIÓN DE LA IGLESIA ES UNA SUGERENCIA"

Los obispos de la Iglesia católica agrupados en la Conferencia Episcopal Panameña emitieron ayer un comunicado de prensa al concluir la asamblea plenaria en el que afirman que los padres tienen el deber y el derecho de ser los primeros y y principales e insustituibles educadores de sus hijos, también en el plano sexual.

La Conferencia Episcopal Panameña indicó que comparte con la sociedad panameña la inquietud por el contenido del proyecto de ley 61 sobre educación sexual, que está próximo a ser discutido en segundo debate en la Asamblea Nacional. “Teniendo en cuenta los interrogantes e inquietudes que el proyecto ha suscitado en amplios sectores de la sociedad, hacemos un respetuoso llamado para que esta iniciativa sea bajada a primer debate con el fin de escuchar las propuestas de los distintos sectores y lograr los consensos necesarios que permitan una educación sexual profunda e integral”, destacó la Conferencia Episcopal.

En el comunicado los obispos dicen lo siguiente: “no podemos aceptar experimentos que han fracasado en otros lugares, pero tampoco podemos desconocer que tenemos que actuar como sociedad ante la asfixiante situación que viven nuestros niños y niñas, bombardeados por un entorno hedonista y procaz, que desde la música, los programas televisivos, la prensa sensacionalista, el ciberespacio cargado de pornografía, y las propuestas publicitarias basadas en clichés eróticos, invitan a la sensualidad y al placer sin convicción, responsabilidad ni amor fecundo” .

Además, que coinciden con diversos sectores de la sociedad sobre la necesidad de la educación sexual, pero deben buscarse consensos en cuanto al qué y cómo se debe impartir y las competencias de los involucrados en estas enseñanza.

Ante la solicitud de la Iglesia católica, Rubén De León, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que efectivamente deben de tener la capacidad para poder debatir este y otros temas, que de alguna manera tienen cierto nivel de contradicción en la sociedad.

“Para nosotros es importante y evidente la necesidad de llegar a un consenso y tomar la posición de la Iglesia como una sugerencia, pero el órgano del Estado al que yo represento tomará todas las providencias para que se den los diálogos necesarios, ya que este es un proyecto de ley que al final termina beneficiando a las futuras generaciones de panameños que se forman en las escuelas y tenemos que legislar pensando siempre en el país”, expresó De León.

Añadió que la decisión de bajar o no a primer debate el proyecto depende de los 71 diputados que integran la Asamblea.

Recordó que la Iglesia católica es un ente que representa a un grupo importante de la población panameña, “pero la Asamblea Nacional es un despacho de diálogo, de consensos y de consultas y aspiramos a que ese diálogo con este y otros proyectos se pueda concretar”.

El proponente del proyecto, el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames señaló que la iniciativa fue discutida por espacio de seis meses en una subcomisión creada por la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

Entre las agrupaciones que participaron de las discusiones estaban: padres de familia, abogados, miembros de la Alianza Panameña por la Vida y Familia, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad y representantes de diversas iglesias del país.

Además, Adames hizo hincapié en que el documento propuesto en 2014 es diferente al que se tiene previsto discutir próximamente, ya que se eliminaron 14 artículos, modificaron 11 e incluyeron 4.

Calificó como positivo que la Iglesia reconozca la necesidad de una educación sexual en las escuelas.

Acotó que espera que la solicitud de los obispos sea para ampliar la discusión y no para que se archive el proyecto como ha ocurrido en años anteriores.

REACCIONES

Por su parte, Rossana Uribe, miembro de la junta directiva de Aplafa, indicó que no le parece que se deba mezclar un asunto educativo con la injerencia de la religión, cualquiera que esta sea.

“El Estado es laico, la educación debe serlo también, dejando la formación religiosa para los padres o los colegios que están bajo un modelo de cualquier religión. Los obispos no tienen el poder legal para determinar lo que suceda con un proyecto de ley”, dijo. “Se trata de un respeto mutuo que debe prevalecer. El Estado no se involucra con las iglesias de ninguna denominación, las iglesias no se involucran con las decisiones de Estado”, puntualizó.

Para la ginecóloga y obstetra Rosa María Britton es sorprendente que aún debatan el tema, cuando las estadísticas de niñas y adolescentes embarazadas aumentan en el país.

Planteó que a partir de que en el país las autoridades empiecen a poner presos a los hombres que tienen relaciones sexuales con menores de edad, la situación cambiará. “En ningún país del mundo la familia es la que debe poner la denuncia, las autoridades investigan apenas llega una joven en estado de gravidez a un centro de atención de salud”, dijo.

Mientras que Ángela Francés, miembro de la Alianza Panameña por la Vida y Familia, manifestó que la próxima semana emitirán su opinión sobre el tema. De igual modo confirmó que se mantiene la convocatoria para la marcha del próximo miércoles 13 de julio.

OTRAS INICIATIVAS

Desde 2008, la educación sexual es objeto de una intensa polémica, tras la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley con el que el Órgano Ejecutivo buscaba adoptar políticas públicas inherentes a la materia.

Esa iniciativa fue presentada por la entonces ministra de Salud, Rosario Turner. Se trataba del proyecto de ley 442 sobre los derechos sexuales y reproductivos, que fue suspendido supuestamente por “no tener el consenso necesario”.

Tres años después, en 2011, la diputada del partido Cambio Democrático Marylín Vallarino llevó el proyecto 305, que pretendía garantizar educación y salud a las estudiantes embarazadas, además de ofrecer educación sexual en los centros educativos. No obstante, corrió con la misma suerte.

Nuevamente la discusión se reanudó en la Asamblea Nacional, en agosto de 2014, cuando el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames presentó el proyecto de ley 61.

El debate en la sociedad civil lleva años, mientras que las cifras de niñas y adolescentes embarazadas siguen en aumento, según los informes del Ministerio de Salud (Minsa).

Durante los cinco primeros meses del año, un total de 4 mil 880 de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad se ha reportado en estado de gravidez, a razón de 32 jóvenes embarazadas por día.

La cifra representa 557 casos más de los registrados por la entidad a mayo de 2015, cuando ascendió a 4 mil 323, es decir, un aumento de 12%.

En 2015, el Minsa registró un total de 10 mil 976 niñas y adolescentes de las edades mencionadas en estado de gravidez; 241 más que en 2014, cuando los números sumaron 10 mil 735 adolescentes gestantes. Y en el 2013, la cifra correspondía a 10 mil 152 embarazos precoces.

Estas estadísticas no incluyen los reportes de la Caja de Seguro Social ni de las clínicas privadas.

(Con información de Gustavo A. Aparicio)

 

 

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