El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, sigue empeñado en desarrollar su proyecto más ambicioso: el polémico mercado del marisco, en el corregimiento de Calidonia, a un costo de $43 millones.
El pasado 25 de julio, la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que autorizaba a Fábrega a usar dos fincas de la cinta costera para el nuevo mercado.
La demanda fue presentada por la firma forense Bufete De Sanctis, en representación de la exvicealcaldesa Raisa Banfield y otros ciudadanos como Carlos Eduardo Varela, Luis Eduardo Alfaro y Angélica Maytín, esta última exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
No obstante, el pasado 28 de septiembre, el abogado José Alejandro Quiodettis, actuando en representación del Municipio de Panamá, solicitó a la Corte que dejara sin efecto la suspensión provisional que pesa sobre la resolución del MEF.
El abogado del Municipio argumentó que la cesión de las fincas no requiere de consulta ciudadana como “erróneamente” se ha interpretado en la demanda.
También indica que la resolución del MEF es un acto administrativo mediante el cual otorga el uso y administración de bienes de la nación, y no tiene relación con la construcción de infraestructura, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas, que son los actos específicos que requieren consulta ciudadana, como lo establece el artículo 24 de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).
Finalmente, Quiodettis plantea que el MEF, en su calidad de ente encargado de la disposición de todos los bienes del Estado, es la entidad facultada para otorgar los mismos en uso y administración, y no el Ministerio de Obras Públicas (MOP), institución que administra la cinta costera, donde estará el futuro mercado.
La resolución demandada fue emitida por el MEF el 24 de enero de 2022 por el ministro Héctor Alexander y en la misma se autoriza el traspaso a la Alcaldía de Panamá de tres globos de terreno en la cinta costera que suman 21 mil 808 metros cuadrados, lo que equivale a 2.1 hectáreas. Su valor total es de $35 millones.
De hecho, como parte de la demanda que se dirime ante la Corte el MEF emitió un “informe explicativo” en el cual defendió la legalidad de los actuado y manifestó que la resolución demandada “no está viciada”, pues fue emitida por la autoridad competente; también planteó que no se requería de una consulta ciudadana.
Los cuestionamientos
A pesar de lo planteado por el Municipio de Panamá y el MEF, Banfield subrayó que “el alcalde desconoce la voz ciudadana” y también la de la Sala Tercera, al solicitar que se levante la suspensión provisional que pesa sobre la resolución.
“Él [Fábrega] quiere pasar por encima de lo que dictamina la Corte, pidiendo que se levante una suspensión. Cuando la Corte dictamina una suspensión provisional, es porque reconoce que puede haber un daño irreversible”, acotó.
Agregó que, cuando hay actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, tiene que haber un proceso de consulta.
“Hubo un acto público cuando se traspasan tierras del Estado a la Alcaldía para un proyecto que además fue inconsulto”, puntualizó Banfield, quien agregó que esos terrenos de la cinta costera tiene un fin distinto al que pretende brindarle el alcalde.
A juicio de la también arquitecta, este asunto es “tan importante”, porque una vez que se ceden espacios públicos (como lo es la cinta costera) se crean antecedentes o jurisprudencia para, en un futuro, hacer lo mismo con otros bienes del Estado o bajo custodia del MEF.
Varela Cardenal, otro de los demandantes, indicó que Fábrega sigue empecinado en desarrollar proyectos que no solo son inoportunos, sino que además van en contra de los derechos de la ciudadanía de disfrutar sus parques y espacios públicos.
“Creo que debería reflexionar sobre su empecinamiento en llevar a cabo esta obra en la cinta costera”, dijo el también abogado.
Licitaciones fallidas
Además de los tropiezos legales, el mercado del marisco ha sido llevado a licitación en dos ocasiones, pero en ambas no hubo proponentes y, por tanto, la obra no fue adjudicada.
La primera convocatoria de licitación fue publicada el pasado 25 de abril en el sitio de Panamá Compra, pero el día del acto público (el 21 de junio) no se presentaron propuestas.
Igualmente, no se presentaron ofertas en la segunda convocatoria del acto de licitación, el pasado 19 de julio.
