Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura educativa y profundizar la calidad del aprendizaje. Esas son las tres necesidades apremiantes del sistema educativo panameño que se han agravado tras la pandemia de la covid-19, que se inició en Panamá y el mundo en marzo de 2020. Todo ello en medio de los desafíos que impone la masificación de tecnologías como la inteligencia artificial generativa.
Así lo indicaron los resultados del estudio titulado Covid-19: Una mirada sobre su impacto en la comunidad educativa panameña, elaborado por el Monitor Social de Panamá, una organización que mide el impacto de la pandemia en distintos sectores y que trabaja en conjunto con el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía (ILAPyC). La investigación, que terminó en mayo de 2023, contó con la colaboración del Magisterio Panameño Unido, que coordina la docente Aminta Rudas.
En el estudio, publicado el pasado 1 de septiembre, participaron 164 docentes de ocho provincias y tres comarcas panameñas, de todos los niveles académicos. De los encuestados, 161 pertenecen al sector público y tres al privado. Al preguntar si los docentes habían notado cambios en el ámbito educativo después de la pandemia, 146 respondieron que sí y solo 18 que no.
El 58.5% de los docentes entrevistados reportó que tras la crisis sanitaria hay más alumnos por aula y el 59.8% dijo que las infraestructuras de los centros educativos se encuentran en “peores condiciones”.
Con respecto a las condiciones de trabajo, alrededor del 60% de los encuestados coincide en que no hay presupuesto para los colegios para atender temas de salud física y mental y que tampoco se ofrecen herramientas tecnológicas ni recursos didácticos.
Para 2021, el Ministerio de Educación (Meduca) registraba 47 mil 700 docentes para atender 32 mil 372 aulas y una población de 900 mil estudiantes.
Como se recordará, antes de la pandemia, en 2019, un estudio del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) conocido como PISA, por sus siglas en inglés, reveló que los alumnos panameños reciben una educación mediocre, que sitúa a Panamá en la cola de la lista de países estudiados desde 2000, especialmente cuando se habla de compresión lectora. Panamá ocupó el puesto 71 sobre 77 países evaluados, solo por encima de Indonesia, Marruecos, Líbano, Kosovo, República Dominicana y Filipinas.
El nuevo estudio de Monitor Social de Panamá no solo hace referencia al informe de PISA, sino también a un trabajo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de diciembre de 2022, sobre cómo las escuelas de Panamá respondieron a la pandemia. Lamentablemente, dice, no han cambiado las conductas de tres actores principales de la comunidad educativa: el Estado, los docentes y las familias.
El informe manifiesta que se observan “cambios en las conductas individuales de los alumnos, como problemas emocionales, agresividad y poco interés en el estudio y por aprender. Muchos estudiantes sufren de ansiedad, lo que los lleva a estar inquietos y violentos”.
Al indagar si los docentes habían sufrido algún acto de violencia dentro del establecimiento educativo, 78% dijo que no y el 22% respondió que sí. Entre aquellos que contestaron afirmativamente se constató que la violencia psicológica y emocional es la más ejercida. La mayoría de reclamos, insultos y amenazas es de parte de familiares de los alumnos.
Respecto a los estudiantes, el 63.4% indicó no sufrir actos de violencia dentro de la escuela y el 36.6% respondió que sí. Los actos de violencia que más ocurren son agresiones físicas, peleas callejeras entre bandas, amenazas, burlas y bullying. Al consultar si se recibe algún tipo de apoyo contra el bullying, el 72% respondió que no.
Según la Organización Global de Prevención ante el Bullying, Panamá es el país que mantiene mayor incidencia de acoso escolar en la región. La organización no gubernamental recibe entre 10 y 12 denuncias diarias de estudiantes. Las zonas que presentan mayor incidencia de la problemática son San Miguelito, Colón, Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste.
Como parte de la investigación, los educadores advirtieron del desinterés de los padres por el aprendizaje de sus hijos y de la pérdida de valores en la sociedad, ya que la violencia está en el núcleo familiar.
El 77.4% de los docentes encuestados reportó tener alumnos de familias con problemas económicos tras la pandemia.
El informe fue elaborado por el programa Monitor Social de Panamá, dirigido por Judy Meana, exvicealcaldesa del distrito de Panamá. Es una iniciativa que tiene el propósito de generar instrumentos que sean capaces de medir el impacto de la pandemia por la covid-19 en los diferentes ámbitos de la sociedad panameña.
Forma parte del ILAPyC, institución que trabaja para promover y consolidar la paz bajo la premisa de que la violencia y la paz se aprenden. La entidad, que recibe donaciones para hacer investigaciones sobre la violencia en los distintos ámbitos, está dirigida por la argentina Patricia Mónica Pérez, activista a favor de las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana.
