Los propietarios de pequeñas y medianas farmacias ya tienen claras las acciones que adoptarán si el Gobierno no modifica el Decreto Ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022, que fijó descuentos de 30% en el precio de 170 medicinas, a partir del lunes 15 de agosto.
Orlando Pérez, presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa), informó que los agremiados acordaron que a partir de hoy viernes no realizarán nuevos pedidos a los distribuidores de medicamentos y agregó que, de no recibir respuesta de las autoridades, a partir del próximo lunes 15 las 450 farmacias afiliadas no abrirán sus puertas.
Pérez remarcó que en ningún momento fueron consultados sobre la acción que adoptó el Gobierno respecto al precio de los medicamentos y aseguró que, de mantenerse ese descuento, será el fin de muchos pequeños y medianos comerciantes.
La Unprofa puso como ejemplo que si compra un medicamento a $1 y lo vende a $1.40, con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 17 tendría que venderlo a un jubilado en $0.79, por lo que perdería 21% con cada venta.
Por su parte, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, defendió la medida adoptada, ya que durante la discusión en la mesa técnica de medicamentos, varios de los fabricantes que forman parte de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) se comprometieron a asumir un tercio del porcentaje de la reducción.
Aunque admitió que los propietarios de pequeñas farmacias no estuvieron representados en las reuniones de la mesa, y además reconoció que el tercio del precio que asumirán los fabricantes no quedó planteado por escrito.
Reducción en costo de los fármacos recae en cadena de suministro
La reducción de 30% en el costo de 170 medicamentos a partir del 15 de agosto, fijada por el Gobierno en el Decreto Ejecutivo No. 17 del 10 de agosto de 2022, no es un subsidio ni una medida de control de precios, pues ese costo deberá ser asumido por la cadena de suministro, es decir, productores, distribuidores y farmacias.
La nueva medida surgió de la mesa técnica instalada por el Gobierno en febrero pasado, a fin de solventar los problemas relacionados con la escasez de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), y con el alto costo de estas en las farmacias privadas. Se trata de la misma mesa de la que salió el Programa de Medicamentos Solidarios (MedicSol).
Sin embargo, la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) –que aglutina 450 de estos establecimientos– rechazó la medida porque, a su juicio, no acabará ni con el desabastecimiento en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud ni con el alto precio de las medicinas.
El gremio advirtió, en cambio, que la medida “llevará a la quiebra” a las pequeñas farmacias privadas y esto, a su vez, provocará más desempleo y, por consiguiente, desabastecimiento en estos locales, “beneficiando solo a las grandes cadenas de farmacias nacionales e internacionales”.
El rechazo de la Unprofa también radica en que no fue avisada, consultada ni incluida en la mesa técnica de medicamentos para la discusión de este tema, pero las decisiones adoptadas sí le afectan directamente.
Además, subrayó que las farmacias están sometidas a llevar sobre sus hombros el subsidio de descuento a jubilados, extranjeros residentes, profesionales con jubilaciones especiales y personas con discapacidad, que los diputados han subido de 10% a 20% y eliminado el requisito de la receta médica, “por lo que el subsidio que otorgamos llega a muchos ciudadanos que adquieren sus medicamentos a través de los jubilados”.
La Unprofa puso como ejemplo que si una farmacia compra un medicamento a $1 y lo vende a $1.40, con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 17 tendría que venderlo a un jubilado en $0.79, por lo que perdería directamente el 21% de cada venta, más los gastos de operación que implica tener una estructura para vender medicamentos en un local comercial.
En el comunicado, firmado por el presidente del gremio, Orlando Pérez, se exige al Gobierno que convoque en una mesa a los actores directamente relacionados con este asunto, sin dejar a la Unprofa por fuera, y explorar las reales vías de solución al problema.
Salvador Hernández, propietario de una farmacia en San Miguelito, calificó de preocupante la decisión del Gobierno, ya que, a su juicio, es imposible que puedan asumir más descuentos, tomando en cuenta que ya aplican la disminución en el precio de las medicinas adquiridas por los jubilados.
Agregó que la Dirección General de Ingresos no permite deducir este descuento en las declaraciones de renta, situación que sería similar con el nuevo descuento del 30%.
También manifestó que al menos 200 propietarios que no están afiliados a la Unprofa apoyarán la medida de no comprar medicamentos a los distribuidores a partir de hoy viernes y cerrarán el lunes 15 de agosto, porque es insostenible comprar un medicamento en $1 y venderlo en 75 centésimos.
Hernández y Pérez coincidieron en que el Gobierno no está siendo claro en la información. Y es que el descuento no solo es a 170 medicamentos, sino al componente o molécula que se utiliza para fabricarlo, lo que significa que el descuento sería aplicable a más de mil productos, tomando en cuenta que un solo componente se utiliza para varios productos.
Decisión basada en la ley de medicamentos
Enma Pinzón, quien representa a la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas en la mesa técnica, explicó que este descuento del 30% está basado en el artículo 106 de la Ley No. 1 del 10 de enero de 2001 sobre medicamentos.
Dicho artículo indica lo siguiente: “El Ejecutivo podrá poner precio de referencia tope a los medicamentos, a fin de preservar el interés superior del consumidor, en circunstancias en que el comportamiento de los precios en el mercado nacional no guarde relación con los precios de dichos productos o sus similares a nivel internacional”.
No obstante, Pinzón reconoció que los propietarios de pequeñas y medianas farmacias que ya cuentan con inventario de medicamentos comprados bajo un precio no podrán asumir la pérdida que representa la venta de los medicamentos a partir del próximo lunes.
Mientras tanto, Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, detalló que la reducción de 30% en el precio de los medicamentos es el punto controvertido, porque tiene que ser asumido por la cadena de suministro.
“Tenemos los productores [laboratorios internacionales], que fijan los precios y márgenes de ganancia de acuerdo con variables, como renta del país, población, mercado y consumo. Luego están los distribuidores, que pueden ser uno o muchos los autorizados para alguna molécula o todas. Posteriormente, las farmacias, y aquí hay de todo tamaño, las cadenas y las pequeñas”, dijo.
“Los productores tienen que bajar los precios para que las distribuidoras lo bajen y las farmacias puedan vender al precio de 30% menos al de referencia a junio de 2022″, sostuvo.
A su juicio, se podría dar desabastecimiento de medicinas al no lograrse un acuerdo con los productores, en el que se establezcan márgenes adecuados. Ellos podrían tomar la decisión de no vender al país y “allí está el detalle”, dijo.
La decisión de reducir en 30% el costo de los medicamentos fue discutido en la mesa, en la última semana.
