El presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, cambiaron ayer el escenario nacional con la firma de un decreto que deroga el Decreto Ejecutivo No. 95 del 14 de mayo de 2019 y reglamenta la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001 “sobre medicamentos y otros productos para la salud humana”, que permite la importación al amparo del registro sanitario.
El nuevo decreto permitirá “la apertura del mercado de medicamentos para que otros agentes puedan importar dichos productos al amparo del registro sanitario vigente en el territorio nacional; con el objetivo de reducir los costos de los medicamentos y acabar con los oligopolios en el país”.
El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien preside la mesa técnica de medicamentos, indicó que “lo que buscamos es abrir el mercado, lo que buscamos es una libre oferta y una libre demanda que elimine de una vez por todas, los oligopolios que han estado predominando en el país durante los últimos años”.
Además, Carrizo informó que la mesa técnica de medicamentos también recomendó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, la suscripción de un instrumento normativo por el Ministerio de Comercio e Industrias, que busca la reducción de un 30% en el precio de un grupo de medicamentos recién aprobado por el Ejecutivo, sea ordenado desde los laboratorios farmacéuticos, y trasladado a los distribuidores y luego a las farmacias más pequeñas.
El efecto bumerán del decreto que fijó reducir el precio de las medicinas
Ayer hubo humo blanco pero la decisión del Gobierno de fijar a partir del pasado 15 de agosto una disminución de un 30% en el precio de un grupo de medicamentos trajo consigo un efecto bumerán, pues las pequeñas y medianas farmacias cerraron dos días con la consiguiente pérdida en ingresos.
La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) —integrada por 450 establecimientos— estimó pérdidas por unos $600 mil, es decir, $300 mil por día.
Orlando Pérez, presidente de Unprofa, manifestó —tras la reunión— que la decisión adoptada ayer por el Gobierno, de que el 30% de descuento sea un efecto cascada que comience en los fabricantes (laboratorios farmacéuticos) era su solicitud desde el inicio de las conversaciones y tras la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 17 de 10 de agosto de 2022.
El gremio planteaba que dicho decreto ejecutivo provocaría la pérdida de al menos 4 mil 500 empleos directos, entre farmacéuticos, técnicos de farmacia, cajeros y ayudantes, entre otros, especialmente cuando debieran aplicar a los jubilados y pensionados el descuento adicional del 20%.
La lista de 170 medicinas fue elaborada en la mesa técnica de medicamentos instalada en febrero pasado y presidida por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
El centro de discusión
Los tropiezos encontrados para implementar la reducción incluían que las farmacias tienen en inventario medicinas compradas previamente, lo que también causaría que perdieran su inversión.
Sobre este aspecto, el gobierno, a través del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, explicó que “los laboratorios deberán reconocer a los distribuidores las diferencias de precio en el inventario de medicamentos que tengan, mediante notas de crédito, al igual que harán los distribuidores a las farmacias”.
Los pequeñas y medianas farmacias también alegaban que los distribuidores debían llegar a acuerdos o aprobaciones con los laboratorios farmacéuticos para aportar condiciones comerciales que cubrieran el 30% de reducción de las moléculas de la lista.
Así consta en cartas que los distribuidores de medicamentos enviaron a los dueños de farmacias, a las que este medio tuvo acceso, en las que algunos plantean que debido al corto tiempo de implementación del decreto No. 17 sus empresas no podían cubrir ningún descuento adicional a lo ya otorgado en las facturas de venta.
Otros distribuidores señalaron a las farmacias que si decidían no comercializar estos productos debido al decreto se les agradecía coordinar con el departamento de venta para el retiro de estos. Seguido señalaban que era imposible reconocer unilateralmente algún tipo de reducción aplicada por efecto del decreto que sean diferentes a las condiciones comerciales actuales.
En las notas, los distribuidores reiteraban que tan pronto tuvieran noticias por parte de los fabricantes sobre los montos de descuento que estuvieran dispuestos a reconocer, les informarían.
La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) —integrada por 20 laboratorios innovadores— informó el pasado 12 de agosto que a partir del 15 de agosto, por cada unidad vendida de las 170 moléculas establecidas por el Gobierno, los laboratorios miembros de Fedefarma acreditarían a los distribuidores el 15% que les corresponde, así como en cualquier nuevo pedido, con el compromiso de que el resto de los participantes de la cadena contribuyan para alcanzar el 30% definido.
Sin embargo, algunos distribuidores señalaron que no comercializan, ni tienen relación alguna con los laboratorios asociados en la Fedefarma.
Minsa responde
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, manifestó ayer que la población panameña tiene muchos años de estar solicitando que se hiciera una reducción en el costo de las medicinas y no se le había podido dar respuesta por lo complejo del tema.
Sostuvo que la última propuesta que se planteó —y que el gobierno anunció ayer— salió de los distribuidores.
La dirección de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud (Minsa), ente responsable de fiscalizar el análisis, la vigilancia y el control de calidad de medicamentos y otros productos para la salud humana, recordó que mientras las farmacias estén cerradas se debe procurar la conservación y disposición adecuada de los productos, pues son las responsables de todo lo concerniente a su manejo.
El presidente de Unprofa dijo ayer martes que, quizás, todas las farmacias no puedan abrir hoy miércoles, porque tienen que iniciar todos sus procesos, pero que otras podrían hacerlo.
Acodeco inspecciona
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 17 de 10 de agosto de 2022, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) inició las respectivas verificaciones desde el pasado 15 de agosto en todo el país.
Las acciones de la Acodeco se concentraron en aquellos locales que se mantuvieron abiertos al público, con el fin de verificar la aplicación del descuento respectivo.
La entidad comunicó que durante un recorrido ayer martes se visitaron las siguientes farmacias en la ciudad capital: Riba Smith, Saba, Farma Value, Super 99, El Rey calle 50 y Xtra. Todas estas cumplían con otorgar el 30% y adicional el 20% a los jubilados, como lo establece el Decreto Ejecutivo N°. 17 del 10 de agosto de 2000. Solo en Farmacias Arrocha de calle 50 se levantó acta por no cumplir con el descuento del 30% en un medicamento que mantenía a la venta.
La mesa técnica de medicamentos recomendó que el ministro de Salud presente hoy, en Consejo de Gabinete, el anteproyecto de ley que permitirá a las farmacias importar medicamentos al amparo del registro sanitario.
