La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional solicitó al contralor general, Gerardo Solís, que no refrende la compra de los ventiladores mecánicos entregados por orden de la Presidencia de la República a cuatro hospitales del Estado y que fueron entregados con más de una decena de fallas y a un precio elevado.
En una carta entregada este lunes 14 en la Contraloría General de la República, la organización hace referencia a la investigación periodística de La Prensa: Ventiladores viejos, un negocio redondo que reveló estas irregularidades y argumenta que la resolución que creó el Estado de emergencia no exonera que las compras se efectúen sin cumplir la legislación vigente referente a equipos médicos.
El reportaje reveló que se entregaron 32 ventiladores mecánicos, entre marzo y abril, parte de una adquisición de 53 equipos, amparados en una carta de compromiso de la Presidencia por un total de $2.3 millones, por lo que el promedio de cada equipo fue de $43,400. Cartas del personal de biomédica dirigidas a la exministra de Salud, Rosario Turner, revelaron que los equipos llegaron incompletos, con circuito de ventilación expirado, y múltiples fallas entre estas una pantalla rota, tarjeta dañada y sus software desactualizado, pero se han ido subsanando paulatinamente.
Estos equipos, marca Dräger fueron de manufactura de 2013 y 2014, vendidos por la empresa Primo Medical Group Corp., de directivos venezolanos, los cuales no están autorizados por el fabricante para su distribución y según las cartas, tampoco están avalados para vender productos de cuidados intensivos.
"Si la compra fue realizada desde el Ministerio de la Presidencia, como se presume, dado que en una lista de cartas compromiso de pago aparece el detalle de la misma, o se diera desde el Ministerio de Salud, no es viable subsanar los errores de origen en este acto de compra directa ya que: incumplió lo establecido en el Artículo 17, Numeral 6, del Decreto Ejecutivo No 490 de 04 de octubre de 2019, y los equipos no habían sido previamente listados, homologados y aprobados por el propio Ministerio de Salud.
Además, incumplió también “el artículo 574 del Decreto Ejecutivo 95 del 14 de mayo de 2019, G.O. 28776-B del 17 de mayo de 2019, que señala que los interesados en participar en actos públicos como contratistas ofertando productos para la salud humana deben estar inscritos y con certificación vigente del Registro Nacional de Oferentes”, cita la carta.
Añade la misiva que también se estaría cumpliendo la ley 97 de 2019 sobre medicamentos, la ley 90 de 2017 sobre dispositivos médicos y el Decreto Ejecutivo No.490 del viernes 4 de octubre de 2019.
“Por estas razones y haciéndonos eco de la indignación ciudadana le solicitamos que no refrende en contra de lo que señala la ley este acto público y que los responsables de las omisiones enfrenten todas los posibles consecuencias administrativas y penales de sus actos, máxime que el Ministerio Público anunció que ha abierto una investigación sobre el caso”, señala la nota firmada por Olga de Obaldía, la directora ejecutiva de la Fundación.
De darse el refrendo se estaría enviando un mensaje negativo a los proveedores e instituciones que sí cumplen las reglas establecidas en cuanto a dispositivos médicos, con independencia o no de que estemos en pandemia, concluye el comunicado.
