La administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) lo bautizó como “Crisol de Razas” en 2010 y ahora el Gobierno de Laurentino Cortizo lo denominó “Permiso Temporal de Protección”. La esencia de ambos programas es básicamente la misma: que aquellos migrantes irregulares con no menos de un año en el país, puedan regular su estatus y permanecer legalmente hasta dos años.
La medida fue aprobada a través del Decreto 112 de 13 de julio de 2023, el cual fue publicado esta semana en Gaceta Oficial. El proceso de regularización de los extranjeros comenzará a partir de mañana lunes y se extenderá por un año, es decir, hasta julio de 2024.
Según la nueva normativa migratoria, se ponderaron aspectos como la seguridad nacional y el combate al crimen organizado. Frente a eso, surge la necesidad de adoptar medidas temporales que brindan un estatus migratorio a aquellos que se encuentran en condición irregular y en alto nivel de vulnerabilidad, frente a delitos como el tráfico ilícito de personas y la trata, en sus distintas modalidades.
El programa va dirigido a los extranjeros, sin distinción de nacionalidad, que tengan un año en el país y que no hayan realizado ningún trámite para regularizar su situación.
El costo
El migrante que aplica para estos permisos temporales tendrá que pagar $500 en concepto de servicio migratorio; si el solicitante sea menor de edad, el costo será de $250.
A esto hay que agregar $100 por un carné, $200 en un cheque certificado o de gerencia del Banco Nacional a favor del Servicio Nacional de Migración y otro cheque por $150 a favor del Tesoro Nacional, como aporte de obligaciones tributarias. Lo anterior supone que un adulto debe pagar, en total, $950 (la cifra disminuye a $700 si es un menor de edad) por el nuevo permiso migratorio.
El reparto de fondos
Los montos recaudados serán repartidos: 70% para el Ministerio de la Presidencia, para “ayuda social y seguridad”, y 30% para depositar en un fondo especial para desarrollo del recurso humano del Servicio Nacional de Migración (SNM).
Uno de los que sigue de cerca este tema es el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien cuestionó por la entrega de los fondos a la Presidencia, prácticamente de forma discrecional y en medio de una elección política.
“Los fondos llegan a donde el vicepresidente trabaja [José Gabriel Carrizo] y donde fue ministro de la Presidencia y donde tiene a sus fichas nombradas. ¿De qué estamos hablando? Es una vergüenza”, acotó.
Agregó que si el programa es para otorgar un permiso temporal a migrantes irregulares, lo lógico es que la recaudación vaya a entidades que destinan sus recursos en la atención de esta población, como lo son los ministerios de Educación y de Salud.
“¿Por qué la plata va a la Presidencia y no a otras entidades que se encargan de la atención de los migrantes? Esto no se justifica y el dinero que se cobrará debe ser para garantizar la atención de ellos mismos [los migrantes], de manera que los nacionales no tengan que hacerlo”, puntualizó.
A su juicio, si esos fondos se destinan a “ayuda social”, como supuestamente se hizo con la descentralización, hay riesgo de que sean entregados bajo un criterio político.
Génesis
Los antecedentes de este nuevo programa se remontan al año 2010, cuando se puso en marcha el “Crisol de Razas”, que otorgaba una residencia de dos años, prorrogable por un lapso de 10 años, con el objeto de regularizar a extranjeros que hacían vida en el país y que requerían cierta legalidad para residir y trabajar. El programa se extendió hasta 2014.
Aquella vez, los migrantes debían tener dos años en Panamá y no haber iniciado trámite para su legalización ante el Servicio Nacional de Migración, aunque luego, en 2012, se modificó a un año de residencia, como ahora.
Entonces los costos eran entre $765 y $2,600 por persona, dependiendo de la procedencia del beneficiado: si era nacional de un país con acuerdo de supresión de visado con Panamá, sin acuerdo de supresión de visado o de nacionalidad restringida.
Posteriormente, durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), se emitió un decreto para la “renovación” de estos permisos provisionales de residencia. En ese momento, se otorgaron residencias por 2 años, prorrogables por un lapso de 6 años.
Los costos de estos trámites eran entre $517 y $2,102 por persona, según la nacionalidad del solicitante. Fue en dicho decreto, el número 169 del 22 de mayo de 2015, cuando se incluyó que un 80% de los recursos serían para la Presidencia y un 20% para el SNM.
Realidad actual
Se consultó a la directora de Migración, Samira Gozaine, y manifestó que la información que manejan es que aproximadamente hay unas 200 mil personas que podrían beneficiarse del nuevo programa.
“De esas, ¿cuántas van a acceder al proceso? No lo sabemos a ciencia cierta. A medida que vaya avanzando, podría darte más información”, dijo.
De acuerdo con Gozaine, el SNM tiene capacidad para atender 200 personas por día, dado que también deben dar curso a otros trámites diarios que ya llevan a cabo.
Aunque prefirió no brindar más detalles debido a que mañana lunes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Seguridad estarán convocando a una conferencia de prensa para brindar más detalles de este tema.
De acuerdo con Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, es “aceptable” que se tomen este tipo de medidas, para garantizar la seguridad de las personas que viven en Panamá.
“Hay personas en la calle sin ningún tipo de identificación. Siempre se han dado este tipo de actividades y muchas de estas personas contribuyen al desarrollo del país trabajando en labores que el nacional no quiere hacer”, agregó.
Según Rodríguez, no considera que estos procesos de regularización afecten a Panamá y lo que brinda es mayor claridad en torno a la presencia del migrante en el país.
Mientras que el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, manifestó que este tipo de medida permite a las personas migrantes transitar libremente y aportar en el tema del pago de impuesto cuando lleven a cabo alguna actividad laboral.
“La medida es por una permanencia de dos años, pero quizá el próximo Gobierno lo podría prorrogar o crear una segunda etapa. Hay lugares donde no se consigue mano de obra panameña”, aportó.
Sobre la distribución de los recursos, Leblanc indicó que se debería asignar un mayor porcentaje al Servicio Nacional de Migración y al menos un 5% a la Defensoría del Pueblo, entidad que también atiende a esta población.
“Nuestro presupuesto anual es de $7.1 millones y $6.3 se destina a la operación de la entidad”, concluyó.
