La mayoría de los escándalos de de corrupción acontecidos en el país se han conocido gracias a la labor de los medios de comunicación, y “eso irrita al poder”, dijo Guillermo Antonio Adames, quien este martes 15 de junio tomó posesión como presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), en reemplazo de Sabrina Bacal.
“En medio de la asfixia económica que afecta a miles de panameños, se destapan escándalos un día sí y el otro también, lastimando nuestros magros recursos económicos, en abierto desafío a la psiquiatría política”, remarcó Adames, durante la ceremonia de juramentación, en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura.
Lamentó que aunque muchos de estos casos de dilapidación y corrupción han sido documentos con pruebas y “el dolo está muy claro”, no se investiga o castiga a los responsables, “producto del déficit de justicia severo en los casos de alto perfil”. Como muchos de los culpables están “incrustados” en altos cargos gubernamentales, urge incluir la inhabilitación como una de las sanciones.
A la toma de posesión estaba invitado el presidente Laurentino Cortizo, pero el día antes del acto, declinó participar, “por razones ajenas a mi voluntad”, las cuales no precisó.
“Para nuestro gobierno, es significativo el fortalecimiento de instituciones que contribuyen al desarrollo de la democracia y, en el caso del CNP, en el importante aspecto dela promoción y defensa de las libertades de expresión e información”, señala Cortizo en una nota enviada a Adames, el 14 de junio, en la que se excusa de asistir a la ceremonia de juramentación.
Al acto sí acudió el procurador de la Nación (encargado), Javier Caraballo.
Una de las propuestas de Adames es solicitar -precisamente al Ejecutivo- la implementación de un mecanismo de protección, con protocolos eficientes y seguros, para prevenir y proteger a los periodistas frente a amenazas a su vida e integridad.
Se refirió específicamente a las amenazas que ha recibido la periodista Flor Mizrachi, luego de publicar en La Prensa una nota sobre una jornada de vacunación clandestina en un edificio en Coco del Mar y la inmunización a domicilio del expresidente Ernesto Pérez Balladares y varios allegados.
“El reto de esta administración es no interferir en el libre ejercicio del periodismo ni la independencia de los medios. Sin embargo, podemos entrar a una zona inédita y peligrosa con la amenaza e intimidación a los periodistas”, remarcó Adames.
Bacal también advirtió sobre esta voluntad de acallar periodistas.
“Acoso judicial, nuevos límites para acceder a la información pública, utilización de la pauta estatal como instrumento de presión, secuestro de bienes de empresas mediáticas, publicación de avisos pagados por el Estado para desmentir publicaciones de medios de comunicación, ataques concertados para desacreditar periodistas en redes sociales, amenazas directas o veladas contra la integridad sexual y la vida de los comunicadores… Podría seguir, pero creo que el ambiente en el que debemos ejercer nuestra labor actualmente, ha quedado bien descrito”, indicó.
La nueva junta directiva la completan Roquel Robleda, vicepresidenta; Atenógenes Rodríguez, tesorero; Carlos Atencio, secretario, y René Hernández y Miguel Ángel Sánchez, vocales.
Comité consultivo quedó integrado por Rita Vásquez, Sabrina Bacal y Eduardo Quirós.
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