Panamá ha descendido dos posiciones en la última clasificación del Índice de Chapultepec sobre libertad de expresión y prensa, ubicándose en el octavo lugar, muy cerca de la franja de países con restricciones.
A pesar de que aún se mantiene dentro del grupo de baja restricción, la caída de 3.5 puntos, con una puntuación de 61.73 sobre cien porcentuales, en comparación a los 65.24 puntos del 2023, es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en el ejercicio libre de la prensa.
El documento, presentado en el marco de la 80 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Argentina, entre el 17 al 20 de octubre, destaca que durante el periodo analizado, dos eventos influyeron de manera decisiva en la libertad de expresión y prensa en el país: las protestas sociales de finales de 2023, y las elecciones generales de mayo de 2024.
Aunque las garantías para el ejercicio de las libertades de prensa se mantuvieron, estas se vieron afectadas por episodios críticos que marcaron un retroceso en la clasificación del país en materia de libertad de prensa, cayendo dos posiciones con respecto al periodo anterior.
Explica que durante las movilizaciones sociales de 2023 por el contrato-ley que otorgaba una concesión de largo plazo a Minera Panamá para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, se produjeron múltiples agresiones físicas contra periodistas.
La represión policial incluyó empujones y confiscación de equipos de grabación, mientras que los manifestantes, en algunos casos, señalaron a los medios como parte de un aparato propagandístico oficial, generando un clima de tensión y rechazo.
Por otro lado, las tensiones en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 se vieron acentuadas por la incertidumbre en torno a la participación del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien, a pesar de haber sido condenado por lavado de activos e inhabilitado para ejercer cargos públicos, se refugió en la embajada de Nicaragua.
La situación generó una cobertura irregular en los medios de comunicación, ya que su sustitución como candidato se produjo apenas dos días antes de la elección.
Además, relata que el ambiente preelectoral estuvo marcado por denuncias de violaciones al Código Electoral, particularmente en lo que respecta a la difusión de campañas sucias y desinformación, así como por la distribución discrecional de la pauta publicitaria del gobierno entre medios afines.
Estos hechos afectaron la cobertura electoral y evidenciaron la creciente influencia del gobierno sobre los medios.
El entorno ejecutivo del país muestra una influencia moderada en la libertad de expresión, con un puntaje de 2.81 puntos. La dimensión más preocupante es la de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, que reporta 3.63 puntos, el más alto en el análisis. Sin embargo, las dimensiones de Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios y Control de Medios y Periodismo obtuvieron puntajes más bajos, de 2.50 y 2.29 puntos, respectivamente.
Un factor notable de este período ha sido la Resolución 71, emitida en agosto de 2021, que limita el acceso a las actas del Consejo de Gabinete durante diez años. Esta medida fue duramente criticada por su impacto negativo en la transparencia y el acceso a información pública, derechos fundamentales que deberían estar garantizados por la Ley de Transparencia de 2002.
El entorno legislativo se sitúa justo detrás del ejecutivo en términos de influencia, con un puntaje de 2.79. Mientras que la mayoría de las dimensiones tienen una influencia moderada, Control de Medios y Periodismo se queda con 2.50 puntos y una influencia leve. La dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse logra 3.29 puntos, reflejando la necesidad de una mayor transparencia.
La Asamblea ha sido señalada como una de las instituciones más opacas en cuanto a la gestión de fondos públicos, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. A pesar de la importancia de su rol, no se han promulgado leyes para proteger la libertad de expresión.
El poder Judicial, aunque el que menos afecta la libertad de prensa con un puntaje de 1.79, aún tiene un impacto considerable a través de la aplicación del Código Penal. Este código clasifica la injuria y la calumnia como delitos, lo que ha llevado a un uso indebido de las leyes para silenciar a medios y periodistas. Las sanciones por injurias pueden ser severas, y aunque no se imponen penas a servidores públicos, las demandas civiles pueden resultar muy costosas.
Los expertos han señalado que el uso de estas leyes se ha convertido en una forma de acoso judicial y da como ejemplos a La Prensa, que afronta 15 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, entre ellos el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la esposa del expresidente Ricardo Martinelli, por una suma total superior a $60 millones en concepto de multas e indemnizaciones.
El índice recalca que la preocupación sobre la libertad de expresión en Panamá, fue expresada por diversas personas consultadas para el informe, quienes señalaron la persistencia de problemas como el acoso judicial a medios de comunicación y periodistas, así como la opacidad de los órganos del Estado.
Estos últimos se han mostrado renuentes a cumplir con sus obligaciones bajo la ley de transparencia y el acceso a la información pública. Además, la aparición de situaciones hostiles hacia los medios y sus trabajadores ha generado un clima de tensión que no puede ser ignorado.
Con el inicio de un nuevo quinquenio gubernamental, surgen expectativas sobre la posibilidad de abordar problemas críticos que fueron objeto de debate durante la campaña electoral.
“Se espera que problemas álgidos que fueron objeto de debates y promesas durante la campaña electoral, como la discusión y aprobación de una nueva normativa que rija la seguridad social, se produzcan en un clima de transparencia que permita informar con amplitud a la ciudadanía acerca de las diversas posiciones”.
Además, se espera que la Asamblea Nacional, que ha visto la inclusión de una bancada inédita de 20 diputados independientes, pudiera desempeñar un papel crucial en la promoción de reformas y leyes que busquen el cese del acoso judicial.
Por último, el informe concluye que “constituye un anhelo que el conjunto de medios de comunicación y sus periodistas escuchen los reclamos de ciertos sectores que les demandan una mayor cobertura de los temas de su interés, una apertura que podría contribuir a minar los esfuerzos que comienzan a percibirse en medios y redes socio digitales, dirigidos a desacreditar a la industria mediática en su conjunto con los riesgos que ello supone para la democracia”.
