El proyecto de construcción de la cuarta línea de transmisión por parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) tiene en alerta a organizaciones ambientales e indígenas.
Feliciano Santos, coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro, subrayó que pese a que se está promoviendo este proyecto por parte de Etesa, no manejan información sobre el mismo.
“Hemos visto otras experiencias en la que los pueblos indígenas han sido desalojados de sus territorios, para dar paso a proyectos de hidroeléctricas y no queremos que ocurra lo mismo en este caso”, puntualizó.
En palabras del dirigente indígena, no hay transparencia ni la suficiente consulta pública, tomando en cuenta que el alcance de este proyecto, recorrerá las provincias de Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Colón, Coclé y Panamá.
Por su parte, Sarah Dorman, parte del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, indicó que no se ha respetado el derecho de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, puesto que esto es un derecho que está consagrado tanto en la normativa nacional como internacional.
“Debe haber un proceso de consulta legítimo con las comunidades”, dijo.
Participación ciudadana
También Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, se refirió a la cuarta línea de transmisión y manifestó que como todo proyecto de desarrollo que conlleva impactos en territorios colectivos indígenas, es fundamental respetar los principios de acceso a la información, transparencia, participación y consulta ciudadana.
“Este proyecto atraviesa una zona importante de la Comarca Ngäbe Bugle, por lo cual es imperativo respetar el consentimiento libre, previo e informado en la toma de decisiones, y así evitar potenciales conflictos sociales”, aportó.
A juicio de Serracín, desafortunadamente Panamá ya cuenta con antecedentes de proyectos que se caracterizaron por su opacidad en este tema y en los cuales se violaron estos principios y leyes, lo que derivó en protestas e incluso lesionados y muertos, y cuyos procesos conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, planteó que el proyecto también impacta varias áreas protegidas como el parque Santa Fe, por lo cual, los ambientalistas estarán muy pendientes del contenido técnico del estudio de impacto ambiental de esta futura obra, para que se tomen decisiones respetuosas del ambiente y las comunidades.
“En este sentido, requerimos divulgación adecuada, accesible y oportuna, especialmente en las comunidades Ngäbe Buglé de difícil acceso”, puntualizó.
Detalles
De acuerdo con Etesa, como el proyecto se desarrolla bajo la modalidad de una Asociación Pública Privada (APP), actualmente se trabaja en la aprobación del informe técnico definitivo, pliego de cargos y contrato APP del proyecto para su presentación al ente rector. Posteriormente se publicaría la licitación, la cual estiman se realizaría para el mes de agosto 2023 y se prevé que el proyecto entre en operación a finales del año 2025 o primeros meses del 2026.
En cuanto al tema de la consulta pública, Etesa comunicó que el proyecto está enmarcado en cumplir con la norma ambiental, Decreto Ejecutivo 123 por el cual se reglamenta el capítulo II del título IV de la ley 41 del 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente de la República de Panamá. También se refirió a la ley 37 de 2 de agosto de 2016, Ley de la Consulta Libre, Previa e Informada a las poblaciones Indígenas.
En lo referente al impacto sobre área protegidas como Camino de Cruces, en Panamá, o el Parque Nacional Reverendo Padre Héctor Gallegos Herrera, en Veraguas, indicaron que los impactos caracterizados para este proyecto de línea de transmisión son muy puntuales y que las medidas de mitigación, reparación y compensación ambiental tienen por finalidad disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, en cualquiera de su fase de ejecución.
“Etesa está comprometida a la aplicabilidad de todas las normas, leyes y decretos aplicables en materia ambiental y social para este proyecto”, concluyó la entidad.
A finales de 2022, Etesa adjudicó el contrato de la consultoría que se encargará de realizar los avalúos comerciales a lo largo de la servidumbre por donde pasará el proyecto eléctrico que se construirá bajo el esquema de Asociación Público Privada.
Los estudios de prefactibilidad indican que el proyecto tendría un costo de 696 millones de dólares, fondos que deben ser aportados por la empresa que se adjudique la construcción y posteriormente, el Estado cancelará la deuda durante los años que dure la concesión, que inicialmente, podría alcanzar los 25 años.
La principal función de Etesa es la de transportar la energía desde las centrales de generación hasta los centros de consumo, donde las empresas de distribución Naturgy y ENSA la entregan a los clientes finales.
Etesa tiene capacidad para transmitir 3 mil 500 megavatios, por encima de los 2 mil megavatios de demanda que tiene el país. Con la cuarta línea se aumentarán mil megavatios de capacidad en transmisión en la primera fase y otros mil 500 megavatios en la segunda etapa.
Desde 2016 la empresa estatal viene desarrollando los planes para la construcción de la cuarta línea, pero la licitación realizada en 2018 se declaró desierta luego que ninguno de los proponentes cumplió con los términos solicitados en el pliego de condiciones. El proyecto tendrá una longitud de 330 kilómetros.
