La inversión en salud pública que realiza Panamá es la segunda más alta entre cuatro países de Centroamérica con un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, todavía está lejos de la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que indica que la inversión de salud debe ser como mínimo 9% del PIB y el mínimo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es 6% del PIB.
Así lo evidencia los estudios presentados a las autoridades de salud por la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) junto con Sanigest International y WifOR Institute, con el fin de fortalecer el sistema de salud.
Los hallazgos demuestran que un mayor nivel de recursos no necesariamente conduce a un mejor sistema de salud, siendo este el caso en Panamá.
El documento indica que el estado financiero del sistema estatal de salud del país se encuentra afectado por la excesiva burocracia, los mecanismos de compras duplicados que no permiten el acceso a la innovación, y la falta de políticas nacionales que planifiquen el uso y gasto de recursos de forma efectiva.
Un claro ejemplo de la situación del país es que aún no se han solucionado los problemas de provisión de servicios de salud de manera equitativa, ni la provisión adecuada de medicamentos presentando desabastecimientos, pues las barreras institucionales y la inadecuada gestión presupuestaria supone un obstáculo en la mejora de los índices de acceso y la calidad de los servicios de salud.
Los cuatro países analizados el gasto público en salud en el año 2021 osciló, en el caso Panamá y Costa Rica entre el 5% y 5.3% del PIB, respectivamente; mientras que República Dominicana y Guatemala requieren un esfuerzo adicional ya que invierten solo un 2.7% y un 2.4% del PIB, respectivamente.
Según recomendaciones de organismos internacionales, el porcentaje del PIB que se invierta en salud pública debe como mínimo aumentar en la misma proporción que aumenta el PIB en los países, práctica que no se aplica.
En 2022, PIB real de Panamá se aumentó un 10.8% interanual, según cifras de la Contraloría. El crecimiento está por encima de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (9.0%), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (8.4%) y el Banco Mundial (7.2%)
Recientemente, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, pidió una mayor inversión en salud pública en las Américas para garantizar que los sistemas de salud estén en mejores condiciones de responder a una futura emergencia, al mismo tiempo que mantienen los servicios esenciales.
Barbosa destacó que, aunque los países de las Américas pudieron destinar más fondos a la respuesta de emergencia en el momento álgido de la covid-19, el gasto en salud pública sigue estando muy por debajo del 6% del PIB recomendado, lo que deja a los sistemas sanitarios de la región insuficientemente preparados para una futura pandemia.
Un retroceso de 17 años
El Estudio sobre inversión y presupuestos en Salud en Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, evaluó a profundidad la dinámica presupuestaria del sistema de salud panameño, en el que sobresale la necesidad del establecimiento de un modelo presupuestario sólido y estandarizado, y de progresos en transparencia y acceso de la información.
De hecho, el estudio permitió analizar el desglose de los egresos de las entidades de salud, donde más del 50% del presupuesto corresponde al pago del recurso humano. Esto confirma que las remuneraciones y transferencias corrientes siguen representando los rubros más altos en las instituciones de salud, sin esto significar una mejoría y modernización en los servicios ofrecidos.
En el caso particular de CSS, sus ingresos están altamente ligados a las contribuciones sociales de los trabajadores y los patronos, lo que representa el 82% de los ingresos corrientes recaudados. No obstante, esta dependencia refleja una vulnerabilidad para la institución, ya que, ante la situación de la pandemia, en 2020 la población protegida bajó hasta llegar al 63%, lo que supuso un retroceso de 17 años en términos de acceso a la protección social.
Respecto al porcentaje que se designa a la compra de materiales y suministros, en el que se incluyen los medicamentos, en comparación con el gasto total de salud, corresponde a un 5% en la CSS y a un 6% en el Ministerio de Salud (Minsa). Es importante recalcar que cada entidad realiza sus propias compras de medicamentos, sin necesariamente contar con un proceso colaborativo entre ambas que les permita revisar el tipo de medicamentos y cantidades solicitadas en contraste con las características y necesidades de la población.
Ante esta situación, el primer nivel de atención se encuentra más afectado, dejando de lado los programas de prevención y promoción de la salud basados y orientados a promover soluciones para las principales afectaciones de la población, plantea Fedefarma.
Para Fedefarma, una adecuada inversión en salud y un uso eficiente de los recursos, le permitirá al país gozar de los principales beneficios atribuidos por expertos y organismos internacionales a la inversión en salud (OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo) como son: prevención de enfermedades, mayor acceso a atención médica y a medicamentos de calidad, existencia de sistemas de datos, mejoras en la infraestructura, incentivo al turismo médico, mayor productividad, atracción de inversión extranjera y mayor competitividad.
La realidad en números
En el país, las instituciones clave para el funcionamiento de los servicios públicos de salud, como el Minsa, CSS y el Instituto Oncológico Nacional (ION), no lograron el año pasado apoyo para el presupuesto solicitado para el 2023.
Por ejemplo, el Minsa, en la vista presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto, solicitó un incremento de $430 millones 495 mil 446. Los diputados optaron por recomendar un incremento, pero de solo $46.5 millones, poco más del 10% de lo que solicitaron, principalmente. En total, el Minsa contará con más de $2,500 millones para este 2023.
Mientras que originalmente el ION solicitó $83 millones para el 2023. El MEF se los bajó a $60 millones, por lo cual pidieron una reconsideración de $10 millones adicionales. Aníbal Villareal, subdirector de esa institución de salud, dijo al momento de sustentar el presupuesto que podían sacrificar los montos de inversión, pero sin los dineros necesarios para funcionamiento no podrían seguir brindando el servicio de atención.
En la resolución, la Asamblea no contempla un incremento para el Oncológico. Deberán operar con los $60 millones que les recomendó el MEF.
Mientras que la CSS solicitó que se les incrementara $451 millones, pero la Comisión de Presupuesto resolvió no apoyar esta petición.
