La minería metálica y no metálica es identificada como uno de los principales problemas ambientales del país. Es algo que reconocen autoridades, especialistas y oenegés.
En momentos que el país debate el futuro de la concesión otorgada a Minera Panamá (filial de la canadiense First Quantum), es oportuno conocer cuál es la realidad de esta actividad a nivel nacional. Según registros de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici), hasta noviembre de 2022 se habían otorgado 15 concesiones para la extracción de minerales metálicos como oro y plata y 154 para minerales no metálicos, es decir, arena o rocas.
Todas estos contratos de concesión sumaron 199,112 hectáreas, de las cuales 143,075 eran de minerales no metálicos y 56,037 de minerales metálicos. Eso representa el 2.6% del territorio nacional, si se toma en cuenta que 119,112 hectáreas equivalen a 1,991.12 kilómetros cuadrados y Panamá se extiende 75,517 kilómetros cuadrados aproximadamente.
El tema que inquieta a ecologistas como Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible, e Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, es que si ya se notan daños al medio ambiente, la situación se podría agravar con las cientos de solicitudes de concesiones para minerales que están a espera de su aprobación en el Mici.
Hasta noviembre de este año, en el Mici había 104 solicitudes de concesión de minerales metálicos y 265 de no metálicos. Entre ambos suman alrededor de 4 millones de hectáreas, lo que supone el 52% del territorio.
La inquietud
Este porcentaje está muy cercano al mencionado por Banfield hace años atrás, cuando dijo que habían solicitudes de concesiones en proceso que abarcaban casi el 60% del país.
En palabras de la también ex vicealcaldesa, si bien estas solicitudes en proceso no están adjudicadas, sí generan un documento negociable que puede ser cedido en el futuro. “Por eso usted ve que esas concesiones pasan de mano en mano con el tiempo”, puntualizó.
A su juicio, eso deja en la “incertidumbre” a muchas comunidades, como por ejemplo ocurrió en el corregimiento de San Martín, distrito de Panamá, donde casi todo el pueblo está dentro de una concesión minera.
También se refirió al caso del río Pacora, la principal fuente de agua del área de Panamá este, que actualmente es una de las cuencas hídricas más afectadas del país por la extracción de minerales no metálicos, como arena y piedras.
”Otro problema que tiene el sistema minero del país es que quienes han estado a cargo de los recursos minerales han generado un proceso cíclico, en el que primero son funcionarios y luego se convierten en concesionarios. Es un grupo que maneja el negocio primero desde el Gobierno y luego desde la empresa privada”, argumentó Banfield.
En ese contexto, la ambientalista mencionó que este tipo de personajes sabe dónde están los yacimientos y manejan información sensible y confidencial sobre la industria que no cualquiera posee, lo que les otorga cierta ventaja en el tema.
Banfield plantea que Panamá tiene que priorizar dentro de toda la riqueza que tiene, ya sea minerales, biodiversidad, agua o posición geográfica, y que le garanticen un mejor aprovechamiento de los recursos, sin afectar la materia prima.
”No se trata de cerrar la puerta a la minería, pero hay que imponer restricciones, porque se trata de recursos no renovables. Nos ponemos como niños pobres dependientes del cobre, porque no hemos desarrollado nuestros potencialidades en otras actividades económicas. No somos niños pobres; somos un país rico empobrecido por los malos manejos de quienes nos han gobernado”, concluyó.
Mientras que Ramos subrayó que, como sucede con la minería metálica, en el caso de las concesiones de minería no metálica no existe ordenamiento territorial que respete el marco ambiental o urbanístico de forma concreta.
Lamentó que el marco legal del Código Minero no prohíbe proyectos mineros en áreas protegidas, tierras indígenas colectivas, tomas de agua para las comunidades o sitios de relevancia cultural, patrimonial u otros usos para la gente.
Su reflexión se dirige al tema de la supervisión y control.
“La débil fiscalización ambiental, sanciones bajas y escasas en donde los diferentes gobiernos, incluyendo los locales, se mantienen a lo largo del país. Las autoridades no actúan de acuerdo con la complejidad de los temas. Se une al hecho de que estas concesiones son otorgadas sin ningún tipo de criterio más allá de los criterios económicos del momento”, observó Ramos.
A su vez, dijo que el Mici y su Dirección de Recursos Minerales se manejan sin transparencia, negando el acceso a la información y con opacidad; en esta instancia, consideró que los negocios son aceptados, siempre y cuando paguen los cánones y tasas .
”El manejo minero de las instituciones no resistiría una auditoría pormenorizada y pública en cuanto al tema, que se ha tenido por grupos de presión e interés políticos”, cuestionó el biólogo del CIAM, oenegé que optó por no participar el año pasado en un diálogo para ordenar el tema minero, al considerar que la convocatoria estaba “amañada” y buscaba “limpiar la imagen” de la industria en el país.
El impacto
El Ministerio de Ambiente hizo público en octubre de este año un informe en el que precisó cuáles eran los principales problemas ambientales del país e incluyó a la minería no metálica.
Según el documento, el tema con este tipo de minería es que si bien son más pequeños, son más frecuentes que la minería metálica. Esto debido a que las unidades de producción deben estar a poca distancia del mercado y normalmente se ubican lo más cerca posible a centros poblados, con los correspondientes efectos para la población.
Sus impactos ambientales más importantes están relacionados con la contaminación de aguas superficiales, deterioro del aire por contaminación con polvo, destrucción y contaminación de suelos, desestabilización de pendientes, alteración de cauces de ríos, aumento del nivel de ruidos y modificación del paisaje y del hábitat.
El ministerio ubicó las zonas de mayor actividad para la extracción de arena en las costas del océano Pacífico entre Coclé y Panamá, además de la costa Abajo de Colón y el archipiélago de Las Perlas.
Mientras que la extracción de piedras, tosca y materiales pétreos se concentra en algunos puntos cercanos a Panamá, Herrera, Los Santos y David, en Chiriquí.
Diálogo y consultoría
El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitó un proceso de diálogo entre múltiples ámbitos de la sociedad panameña, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado, gobierno y organizaciones relacionadas a la protección ambiental.
Ese proceso derivó en un conjunto de recomendaciones de políticas públicas necesarias para atender adecuadamente los diversos desafíos que enfrenta Panamá, para lograr una adecuada y efectiva gobernanza del sector minero de manera sustentable e informada por todas las partes interesadas.
Uno de los referidos “desafíos” consiste en que la institucionalidad minera del país no cuenta con recursos suficientes para ejercer las funciones asignadas ni para asumir nuevas funciones e impulsar el desarrollo de la minería sostenible en Panamá. La institucionalidad minera se refiere a las normas que rigen el sector y las instituciones que las proponen y supervisan, así como otras que regulan y fiscalizan las normas sectoriales.
De hecho, este organismo financiero internacional convocó a mediados de este año una consultoría, que busca mejorar ese tema.
