Luego de un año de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionara la Ley 364 el 6 de febrero de 2023, estableciendo que la salud mental es un derecho humano y que el Estado debe garantizar la cobertura, aún la norma ha sido reglamentada. Ello a pesar de que la propia ley establece taxativamente que esto hacerse en un plazo no mayor de seis meses.
La iniciativa legislativa, antes de su aprobación, pasó dos años y nueve meses desde que llegó a la Asamblea Nacional de la mano de los diputados independientes, Gabriel Silva y Raúl Fernández y del panameñista Bernardino González.
La Ley 364 pretende brindar protección a la salud mental y el bienestar de las personas, garantizar el respeto a la dignidad de quienes padecen trastornos mentales, así como reducir los índices de suicidios y los estigmas relacionados con la salud mental. Además, se plantea asegurar el acceso a servicios de calidad para la atención de la salud mental, evitar la discriminación de personas con trastornos mentales y prevenir padecimientos de salud mental.
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La jefa de salud mental del Ministerio de Salud (Minsa), Delia de Icaza, indicó que desde la promulgación de la ley han estado trabajando en su reglamentación, pero el proceso ha sido largo, que ha implicado muchas consultas con especialistas dada la sensibilidad del tema. Calcula que la reglamentación estaría lista antes de que concluya este mes de marzo.
No obstante, la funcionaria reconoció que se enfrenta a una escasez de ciertos especialistas en el país, como los médicos psiquiatras, en relación con la población total. A pesar de esta limitación, el Minsa está trabajando en la capacitación, contratación de personal y otras estrategias para maximizar el uso de los recursos disponibles y garantizar una atención integral y de calidad para quienes necesitan servicios de salud mental, acotó.
Para 824 instalaciones de salud el Minsa solo cuenta con 81 psiquiatras, 97 psicólogos (solo 36 de ellos clínicos) y 107 enfermeras especialistas en salud mental. Esto en un país donde se estima que hay 13,772 personas diagnosticadas con ansiedad y depresión, solo los que atiende el Minsa, sin contar otras enfermedades mentales y aquellos que acuden a la Caja de Seguro Social (CSS) y las clínica privadas. También hay que considerar subregistro de aquellos que no han sido diagnosticados o lo esconden por temor a estigmas sociales.
En cuanto a los centros de salud privados que brindan atención a personas con padecimientos mentales, conductuales y de neurodesarrollo, no podrán negarse a prestar asistencia psicológica ni médica a las personas que presentan una crisis de salud mental, precisa la ley.
La ley detalla en su artículo 6 que “el Estado velará por el acceso y cobertura universal de los servicios de salud mental de toda la población en el territorio nacional. Para tales fines se brindarán servicios de atención públicos y gratuitos a toda persona que requiera tratamientos para la salud mental”.
Mientras que el artículo 7 establece que las compañías de seguro no podrán discriminar a las personas con padecimientos de salud mental en la contratación de una póliza de seguro de vida o de salud.
Aumento de casos
La psicóloga e investigadora del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales y del Sistema Nacional de Investigación, Virginia Torres-Lista, señaló que los casos de salud mental están en aumento no solo en adultos sino también en niños.
Destacó que en la CSS de al menos 9 mil casos de salud metal reportados en 2018 se pasó a 60 mil casos en 2023, donde la ansiedad y la depresión son los casos de mayor recurrencia en sus reportes.
A juicio de Torres-Lista estos datos deben indicar que la reglamentación es fundamental para crear programas de prevención y alerta temprana. Además, deben existir programas actualizados en el tratamiento de las patologías más recurrentes del sistema sanitario, dijo.
“Cuando analizamos el caso de los niños, podemos encontrar que tienen problemas para socializar, y esta dificultad puede incidir en el aumento del bullying. Asimismo, se han observado conductas de tristeza, ansiedad, irritabilidad o agresividad”, precisó.
En el caso de los adolescentes, indicó que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de cada siete adolescentes entre 10 y 19 años de edad tiene algún tipo de trastorno mental, donde una de las causas son la violencia, los estereotipos sociales y la discriminación de género, así como una educación muy severa por parte de sus cuidadores, entre otros. Los problemas se agravan si no se busca ayuda a corto plazo.
Mientras que en el caso de los adultos, los factores socioeconómicos, el desempleo, la violencia y el abuso de sustancias y alcohol han incrementado la tasa de problemas asociados a la salud mental, con el suicidio abriéndose paso en nuestra sociedad.
En ese sentido, las estadísticas de las autoridades indican que el año pasado 242 personas murieron por suicidio en el país, una cifra un 18.6% mayor que en 2022, cuando fueron 204.
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