La Organización de las Naciones Unidas envió el pasado 9 de diciembre de 2022 un informe al gobierno de Panamá sobre una serie de denuncias de los migrantes que deja entredicho el manejo humanitario que le brinda el país al tema migratorio.
En el documento de 18 páginas elaborado por el relator especial de los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, junto a otro equipo de expertos internos y externos del organismo, se le pide a Panamá respuesta de al menos 11 puntos específicos.
Entre los puntos está que Panamá debe proporcionar información sobre las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes en las Estaciones de Recepción de Migración, así como cualquier plan del gobierno para abordar inmediatamente las condiciones deplorables e insalubres en estas instalaciones, en particular sobre las medidas adoptadas o previstas para asegurar el acceso adecuado a alimentos, agua potable, higiene y saneamiento en estos albergues.
También las medidas que se han tomado para asegurar que las personas migrantes tengan acceso a una atención médica adecuada en Panamá, incluyendo la salud sexual y reproductiva, en particular para víctimas de violencia sexual, incluyendo aquellas que tengan estatus migratorio irregular y aquellas que se encuentren en las Estaciones de Recepción de Migración.
La ONU solicita a Panamá la justificación legal de la detección de las personas migrantes en las estaciones y cómo estas son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, debe proporcionar información detallada acerca de si las personas migrantes han tenido la oportunidad de interponer un recurso legal para lograr la revisión de estas medidas privativas de la libertad.
Además, proporcionar información relativa a las medidas alternativas y menos restrictivas a la privación de libertad que se les pueda brindar a las personas migrantes, incluidas las personas que se encuentran de manera irregular en territorio panameño, de manera que se garantice que la detención administrativa por razones migratorias sea utilizada tan solo como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible.
El gobierno e Panamá debe especificar las medidas adoptadas o que vaya a adoptar su gobierno para poner fin a la detención de niños y niñas y de sus familias por razones migratorias, así como sobre los esfuerzos realizados para proporcionar una protección eficaz, una atención adecuada y una acogida no privativa de libertad a los niños y niñas migrantes.
Así como detallar las medidas que se haya tomado o planee tomar para fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de justicia (Ministerio Público, jueces, Defensoría Pública, etc.) para investigar los delitos contra la población migrante, con énfasis en los ataques violentos, las violaciones sexuales, la trata de personas y aquellos relacionados con muertes y desapariciones de personas migrantes en el tapón del Darién.
Otras preguntas que debe responder Panamá es sobre las medidas llevadas a cabo para proteger y proporcionar asistencia a las personas migrantes dentro de la jurisdicción de su Estado, en coordinación con organizaciones internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Sírvase proporcionar información sobre los servicios y asistencia prestados e instituciones participantes.
También sobre las medidas implementadas para identificar a las personas con necesidades especiales de protección, particularmente mujeres, niños y niñas, víctimas de violencia, trata de personas y otros delitos, personas mayores y personas Lgbtiq, y para garantizar una respuesta adecuada a sus necesidades interseccionales.
Además, las autoridades panameñas deben especificar las medidas adoptadas para prevenir incidentes de violencia basada en género contra las mujeres y niñas, llevar los responsables a la justicia, y facilitar el acceso a las víctimas/sobrevivientes a medidas de atención, incluyendo atención médica y apoyo psicológico, protección y reparación.
Panamá debe responder en el contexto de un alto flujo de migración irregular y el accidente de tránsito a pocos metros del albergue en Los Planes, distrito de Gualaca, provincia de Chiriquí, que dejó al menos 40 personas migrantes fallecidas.
En el 2022, la selva de Darién, entre Panamá y Colombia, fue testigo mudo de una crisis migratoria sin precedentes. Los datos del Servicio Nacional de Migración dan cuenta que el año pasado fueron 248 mil 284 personas migrantes que ingresaron al país por Darién, una cifra que supera el registro del año 2021, cuando se reportó un flujo migratorio irregular de 133 mil 726 personas.
