La Asamblea Nacional aprobó esta semana el proyecto de ley 1007, que regula los medicamentos, insumos, dispositivos y otros productos para la salud humana, así como su adquisición pública, y se dictan otras disposiciones. Esta ley reemplazará la actual Ley 1 del 10 de enero de 2001.
El proyecto promueve la participación de pequeños establecimientos farmacéuticos en las licitaciones públicas del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y los patronatos de salud. Además, establece un “observatorio de medicamentos” y propone el uso de plataformas, aplicaciones y otras herramientas tecnológicas que permitan el acceso directo de los consumidores a las fuentes de información.
Esta iniciativa permite que el Minsa y la CSS realicen compras conjuntas, a nivel nacional y en el extranjero, a través de mecanismos expeditos, ante un desabastecimiento crítico de medicamentos o para prevenir la escasez de estos.
La propuesta 1007 fue presentada a la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2023 por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Se espera la pronta sanción del extenso documento, de 277 páginas, por parte del presidente Laurentino Cortizo.
Además, el proyecto recoge las ideas que surgieron de la mesa técnica de medicamentos, liderada por el vicepresidente de la República y candidato a la Presidencia, José Gabriel Carrizo, pretende lograr el abastecimiento de fármacos de calidad, a bajo costo y de acceso rápido para la población.
Las autoridades de Gobierno, a través de esta nueva ley de medicamentos, esperan reducir los precios de los mismos entre un 20% y 30%.
Tras su aprobación, el ministro de Salud manifestó que, una vez sea sancionada por el Presidente, inmediatamente un equipo del Minsa y la CSS iniciará reuniones para su reglamentación.
Sucre, reafirmó que esta nueva ley permitirá mayor oportunidad para que se abaraten los precios de los medicamentos, tanto el Minsa y la CSS, podrán hacer compras conjuntas, lo que les permitirá adquirir paquetes más grandes de medicamentos e insumos a un precio más económico para ambas entidades.
Estuvieron presentes en el debate, el ministro de Salud, Francisco Sucre, la ministra consejera, Eyra Ruíz, además de representantes de asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas, Colegio de Farmacéuticos, Comisión Médica Negociadora Nacional, entre otros. pic.twitter.com/X9tMGOOGMq
— Asamblea Nacional (@asambleapa) January 17, 2024
En la creación de esta iniciativa participaron instituciones, organizaciones de pacientes crónicos y representantes de la Universidad de Panamá, entre otros grupos y gremios.
“Este proyecto aborda dos aspectos importantes: la regulación, la demanda y la adquisición de medicamentos. Esto refuerza y deja plasmados, bajo una ley, todos los decretos firmados por el presidente de la República”, sostuvo el ministro Sucre cuando presentó la iniciativa.
El tema de los medicamentos ha estado en análisis por más de dos años por parte de diversos sectores, con el objetivo de poner fin al desabastecimiento en el sector público y reducir los precios en el mercado local.
En la mesa técnica de medicamentos, conformada en febrero de 2022, se aprobaron propuestas de decretos ejecutivos para la subrogación de la reglamentación de la Ley 1 del 10 de enero 2001 sobre medicamentos, la Política Nacional de Medicamentos, el Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá y el Plan Nacional de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos.
Antes, la Asamblea había aprobado el proyecto de ley 841, una iniciativa original del diputado suplente del Partido Revolucionario Democrático, Daniel Ramos, donde se realizaron 32 modificaciones a la Ley de Medicamentos. No obstante, esa propuesta fue vetada por Cortizo el 27 de abril de 2023.
Reglamentación, el siguiente paso
El presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias (Unprofa), Orlando Pérez, quien participó de la mesa técnica donde se originó esta iniciativa, señaló que como fue planteada la ley, se beneficia a la población y se abre el mercado para que otras empresas e industrias puedan venir a Panamá, ya sea a fabricar o importar fármacos. Al abrirse el mercado, deben bajar los precios a la población, acotó.
Pérez calificó como positiva la aprobación en tercer debate de la ley; sin embargo, espera que en la reglamentación se mantenga lo planteado. “Si lo escrito se cumple, es de gran ayuda”, dijo.
Por su parte, Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, consideró como positiva la aprobación, ya que los medicamentos biológicos y biotecnológicos quedan incluidos en esta ley, puesto que se estaban trabajando con un decreto del año 2006. Añadió que la ficha técnica de cada medicamento será homogénea en el Minsa, lo que significa que no será necesario sacar ficha técnica por cada una de las dependencias, ya sea Minsa, CSS o patronatos, cada vez que entre un medicamento nuevo.
Otro aspecto que plantea este proyecto de ley es que la planificación de medicamentos debe hacerse con 12 meses de antelación al presupuesto asignado, lo que significa que las necesidades de fármacos deben ser calculadas con un año de anticipación, señaló.
También se incluyó un artículo que deja clara la importancia de dar prioridad a los medicamentos en la Contraloría General de la República, acotó.
Pinzón reconoció que una ley no es sinónimo de que todo lo que tiene se va a cumplir, pero es un instrumento que da las directrices para el desarrollo de la comercialización de los medicamentos en Panamá.
“Todos los actores del ecosistema sanitario tienen que poner su granito de arena para que esto funcione, y dentro de ese ecosistema estamos los pacientes”, acotó.
Pinzón estuvo presente durante la aprobación en tercer debate de la iniciativa legislativa.
El presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos, Jaime Olive, sostuvo que la reglamentación de esta ley debe ser integral, no por partes, ya que en el Decreto Ejecutivo 13 de 1 de marzo de 2023, existen todos los elementos indispensables para la adquisición. En vista de que en dicho documento se encuentran las disposiciones referentes a cómo debe darse la participación de los oferentes, creemos importantes que estos se mantengan en el nuevo decreto.
Olive confía en que con esta nueva ley se logre corregir los vicios en los procesos de compra.
Además, enfatizó que el problema de abastecimiento no es de carácter legal, sino administrativo.
