El país tiene una gran deuda con su población adolescente, aquella entre 10 y 19 años de edad, en términos de salud, educación y protección social. Pero hay otra advertencia de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés): la pandemia de la covid-19 ha agravado las violaciones de los derechos de este grupo etario, lo que podría derivar en una crisis generacional si no se corrige y actúa a tiempo.
El informe Análisis de situación de los derechos de los y las adolescentes en Panamá, elaborado por Unicef, detalla los principales desafíos que afronta Panamá en cuanto a la atención de esta población y a la vez ofrece recomendaciones al país y la sociedad en general, para desarrollar una acción integral, inclusiva y participativa.
Según el documento, 2 de cada 10 personas en Panamá, unas 725,058, son adolescentes (tienen entre 10 y 19 años) y, de ese total, aproximadamente 156,400 viven en pobreza y 72,800, en pobreza extrema.
En el caso de Panamá, el informe resalta que la Ley 285 del 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se considera “un importante hito”, ya que establece el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de la niñez reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá.
No obstante, a nivel nacional hay varios retos que siguen presentes. Por ejemplo, 3 de cada 10 adolescentes en el país sufren de pobreza multidimensional por privaciones en tres o más de sus derechos fundamentales. Y los resultados para las comarcas alcanzan porcentajes cercanos a la totalidad de adolescentes, como ocurre en Guna Yala con 98% de jóvenes en pobreza multidimensional, Ngäbe Buglé con 94% y Emberá Wounaán con 70%.
En la provincia de Bocas del Toro, 4 de cada 10 adolescentes vive en esta condición, seguido de Panamá y Panamá Oeste, las cuales registran valores del 21% y 25%, respectivamente.
Salud
En el tema salud, Unicef precisa que aún se requiere de mayor inversión financiera, técnica e infraestructura para mejorar la atención de este grupo. Igualmente, se identificó la carencia de plazas y profesionales (particularmente en nutrición y salud mental), lo cual constituye una de las principales limitantes para la atención de adolescentes.
En términos de cobertura, el informe indica que los servicios de salud amigables para los adolescentes están en el 31% del total de centros de salud del país. A esto hay que agregar que el 23% de los adolescentes entre 10 y 17 años no logra consumir una combinación de al menos tres de los cinco grupos alimentarios en cada comida (granos, vegetales, frutas, carnes y lácteos).
Además, la principal causa de muerte en las personas entre 10 y 19 años de edad son los homicidios.
Para Roderick Chaverri, parte de la Red Nacional de Niñez y Adolescencia, el principal recurso de un país es su niñez, con lo cual hay que prestar la debida atención que merece esta población, tanto en las instituciones públicas, como en la sociedad y la familia.
Chaverri subrayó que si bien el Estado tiene una gran responsabilidad en este tema, también la familia ha descuidado su rol en materia de protección. “La familia no está cumpliendo su rol protector, ya que es el primer anillo de protección”, dijo el activista, quien se refirió a las altas estadísticas de agresiones sexuales contra menores que reposan en el Ministerio Público.
De hecho, recordó que la mayoría de los agresores forman parte del círculo familiar de los menores de edad.
A su vez, recordó que las jóvenes embarazadas requieren programas de educación sexual y reproductiva, y que todas estas falencias deben ser estudiadas por el Estado y las entidades públicas, para crear políticas y programas.
En ese contexto, el informe de Unicef menciona que para el 2020 se registraron 11,103 nacimientos de personas cuyas madres tenían entre 10 y 19 años, lo cual representó el 16% del total de nacimientos vivos.
Por otra parte, el organismo internacional recordó que a partir de la pandemia de la covid-19 se ha generado una crisis global “sin precedentes” que se expresa en el aumento de las afectaciones en la salud mental.
Incluso, existe el riesgo de que la repercusión de la pandemia cause estragos en la felicidad y el bienestar de esta población, poniendo en “peligro” las bases que sustentan la salud mental. Esta situación se refleja en casos de violencia intrafamiliar, depresión y ansiedad causada por el encierro, la falta de clases presenciales y la imposibilidad de relacionarse entre pares limitando sus habilidades para la vinculación social.
A juicio de Chaverri, si bien hay grandes desafíos aún, también hay que seguir apostando por algunos proyectos como llevar internet a las áreas rurales y comarcales, así como por el Plan Colmena, que se enfocó en ayuda social en los corregimientos más pobres de Panamá.
Educación
En lo referente a la educación, el documento subraya que el indicador de aprobación de estudiantes pasó de 98% en sexto grado a 67% en séptimo grado. Algo similar ocurre entre la transición del noveno al décimo grado, donde la aprobación pasa de un 83% a un 67%.
“Cada inicio de nivel educativo es un cuello de botella que genera o agrava la exclusión. En premedia y media, los no aprobados que repiten, abandonan o pasan a la modalidad educativa de jóvenes y adultos, aumentan su riesgo de exclusión”, manifiesta la investigación.
A esto hay que agregar que previo a la pandemia de la covid-19, 70% de los estudiantes no lograba competencias mínimas a los 15 años y se estima que esta cifra pudo haber aumentado en el 2021 al 90% de la población estudiantil.
En palabras de Francisco Trejos, oficial de educación de Unicef, este análisis de situación es un insumo “muy valioso” para la planificación de políticas y programas que busquen garantizar los derechos de los adolescentes.
“Uno de cada cuatro adolescentes con discapacidad no asiste a la escuela y, si queremos tener un punto de comparación, esta cifra es el doble de exclusión de los niños sin discapacidad”, explicó.
El especialista detalló que este estudio ayudó a entender que a pesar de que en los últimos 20 años se han reducido los niveles de pobreza en Panamá, aún una parte importante de la población adolescente vive en pobreza multidimensional.
“Lo importante es que hoy sabemos dónde está la pobreza: en las comarcas, áreas rurales, pero también en las áreas urbanas”, acotó.
En materia de salud, Unicef realizó recomendaciones como aumentar el acceso de los adolescentes a una mejor calidad y cobertura de los servicios de atención primaria de la salud, así como ampliar la nutrición escolar y fortalecer el acceso a educación sexual. También sugirió aumentar la oferta de programas de salud mental preventivos dirigidos a adolescentes y generar mecanismos que faciliten el acceso a métodos anticonceptivos.
Mientras que en educación, instó a estudiar las causas del abandono escolar en mujeres adolescentes, revisar el presupuesto de educación y aumentar la porción destinada a mejorar la calidad educativa en todos los niveles escolares.
