“Si nosotros no venimos a la Presidencia de la República, nadie se entera de que existimos. Así ha sido durante los últimos años, a pesar del gran daño que causaron a más de 400 personas en Changuinola”.
Así lo indicó Jacinto Quintero, coordinador del Comité 8 de Julio, luego de concluir ayer jueves una reunión con autoridades en la Presidencia de la República.
Quintero representa a 480 trabajadores que ahora viven con perdigones de plomo en sus cuerpos, después de enfrentamientos que se registraron en 2010 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Cuando menos 82 de ellos perdieron la vista parcialmente y el resto lleva los perdigones desde hace 12 años en sus músculos, huesos, cráneo y órganos como los riñones o el hígado.
Muchos de estos trabajadores de las bananeras no han podido volver a trabajar y otros han visto cómo se deteriora su condición de salud con el paso de los años .
El encuentro
Quintero calificó el encuentro con las autoridades del Gobierno como un “paso” en la lucha que todos los años realizan para que no se les deje en el olvido.
En la reunión, se acordó que el Ministerio de la Presidencia presentará ante el Consejo de Gabinete una propuesta para llevar ante la Asamblea Nacional, que permita prorrogar la ayuda social que reciben los 480 afectados.
Actualmente, a los por lo menos 82 jornaleros que sufrieron daños en la visión durante estos enfrentamientos el Estado les concedió una pensión vitalicia mensual de $800, y otros 400 reciben una pensión de $200. No obstante, la Ley 28 del 4 de mayo de 2015, que regula este apoyo económico, establece que en el caso de este último grupo la ayuda debe ser revisada cada tres años.
Precisamente, el próximo mes de octubre concluye ese periodo y hasta el momento las víctimas no tenían una respuesta sobre el futuro de la pensión, lo que genera cierta incertidumbre en el grupo, pues aseguran que con ese dinero adquieren alimentos o medicamentos para sobrellevar los constantes dolores que les genera llevar los perdigones en el cuerpo.
En palabras del coordinador de los afectados, uno de los acuerdos con la Presidencia es que la ayuda se mantenga hasta 2025.
Otro de los aspectos que mencionó Quintero es que entre 2010 y 2022 han fallecido unos 15 de sus compañeros. En ese caso, dijo que la ley estipula que el cónyuge o sus hijos reciban la pensión, pero hasta ahora no se ha cumplido con ello.
Además, solicitó a las autoridades el nombramiento de un al menos un oftalmólogo en Bocas del Toro, ya que actualmente no hay este tipo de especialistas en la provincia y los pacientes deben viajar hasta la capital para recibir atención.
La reflexión
Para hoy, el Comité 8 de julio tiene programadas varias actividades en Chaguinola, donde se declaró Día de Duelo en el distrito para conmemorar 12 años de los enfrentamientos.
Sin embargo, antes de abordar un autobús para volver a Bocas del Toro el dirigente dejó un mensaje: “Lo importante es que le den seguimiento a nuestras peticiones. Aquí hay una ley y se debe cumplir con ella en materia de salud y pensiones. Los antimotines no son la solución al conflicto y eso se aplica a lo que ocurre actualmente en el país con las protestas”.
Por su parte, el Gobierno comunicó que una comisión interinstitucional de alto nivel, encabezada por el viceministro de la Presidencia, Carlos García, atendió a los miembros del Comité.
García calificó de “positiva” la reunión y explicó que como una de las prioridades del Ministerio de la Presidencia se le dará seguimiento a los tratamientos médicos que reciben los afectados en la Caja de Seguro Social, a las indemnizaciones, el proceso de legitimar el derecho de los herederos y la evaluación para certificar posibles afectados, entre otros procesos que se requieran como parte de la ley.
