En la actualidad, el tránsito funciona con normalidad en La Pintada, provincia de Coclé, luego de la intervención de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, y lo que perdura son algunas carpas dispersas y banderas panameñas ondeando en el viento, testigos silenciosos de las jornadas de cierre de vías que ahora parecen pertenecer a un pasado cercano.
Del lado de la desembocadura del río Caimito, en Donoso, provincia de Colón, hay unos cuantos lancheros que protestaron en el mar contra la mina y que pernoctan en la zona, y a unos 500 metros otro campamento con ocho agentes de la Policía Nacional y el Servicio Aeronaval.
En una construcción rudimentaria elaborada con tablas y hojas de zinc se encuentra Belisario Rodríguez, quien forma parte de los lancheros que se oponen al proyecto minero. El marino años atrás trabajó para uno de los proveedores de la mina.
La humedad pesa en el aire y antes de dar declaraciones, Rodríguez solicita carnet de identificación. Luego da una explicación del por qué se formaron: “No se dio la debida información y oportunidad para que pueblo conociera la Ley 406 (que dio vida al contrato minero). En vista de todas estas irregularidades nace nuestro movimiento los guerreros del mar”.
En palabras del residente de río Caimito una buena parte de la comunidad está a favor de la mina porque las familias se ven beneficiadas directas o indirectamente con su operación, pero antes de la llegada de la mina sus principales actividades eran la pesca, la agricultura y ganadería.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) January 3, 2024
Sobre por qué siguen en el área dijo: “Estamos vigilando la zona y esperando cuáles son los siguientes pasos para el cierre de la mina. El Gobierno debe tomar esto en serio y si hay un fallo se debe cumplir. De momento, ninguna autoridades nos dice qué sucede dentro del proyecto minero”.
Cuando se le preguntó a Rodríguez sobre cómo lograron financiar su lucha en una zona tan remota e inaccesible respondió que primero fueron ellos con sus propios recursos y luego solicitaron donaciones por medio de la plataforma Yappy. De hecho, en Instagram en el perfil “Despierta Donoso” se publicó la cuenta de uno de sus dirigentes, Sabino Ayarza. Allí mismo se informó que la iglesia evangélica Casa del Alfarero recibía donaciones en Colón, para llevarlas hasta Punta Rincón. Otro día recibieron la visita de Toribio García, dirigente indígena, quien mantenía cerrada la carretera Panamericana a la altura de la provincia de Chiriquí.
El nombre de Ayarza sobresale en este grupo, puesto que en diciembre le formularon cargos en Colón por presuntamente atentar contra los estamentos de seguridad, durante enfrentamientos en Punta Rincón, y se le aplicó medida cautelar de reporte cada 30 días. Aquel día se concentraron en los alrededores del Sistema Penal Acusatorio organizaciones como Suntracs, Frente Campesino contra los Embalses y los educadores colonenses.
El narcotráfico
Como bien dijo el lanchero del río Caimito, la mayor parte de su población labora directa o indirectamente en la mina. Uno de ellos es Martín Mora, quien trabaja en la concesión desde hace varios años. Su mensaje fue directo: “El cierre de la empresa representa un impacto grande para nuestras comunidades. Esto fue un golpe grande para nosotros en el tema laboral y económico”.
El relato del joven cabeza de familia revela una vida marcada por la diversidad de actividades económicas que tejían la estabilidad en su comunidad. Con cierta nostalgia, relata que la economía local era como una danza impredecible, donde la ganadería, la pesca, la agricultura y la minería artesanal se entrelazan como hilos de suerte. “Acá a veces te iba bien y otras no. Ahora con la mina teníamos la oportunidad de un sueldo, lo que no teníamos antes”, sostiene con pesar.
Enclavada en el corazón del corregimiento de Coclé del Norte, la comunidad de río Caimito emerge como un sitio donde las sombras de la pobreza proyectan un gran desafío. En este rincón de lucha diaria, las estadísticas revelan una realidad implacable: 7 de cada 10 residentes se debaten en condiciones de pobreza, con un ingreso per cápita mensual apenas alcanzando los $108. Sin embargo, la penuria económica no es la única amenaza que se cierne sobre esta tierra, ya que la presencia del narcotráfico ha tejido sus raíces en la historia del lugar.
Un episodio emblemático tuvo lugar en 2005, cuando la zona fue testigo de la incautación de cuatro toneladas de cocaína, marcando el segundo cargamento más grande del país en ese momento y resultando en la detención de individuos locales. En respuesta a esta creciente preocupación, en 2019 el Servicio Aeronaval erigió un puesto de vigilancia en Punta Rincón, con el propósito de fortalecer la seguridad en comunidades vulnerables como río Caimito, Coclé del Norte, y Palmilla.
Frente al Mar Caribe la noche cae sobre la costa, y en la tranquilidad del momento y de esta apartada tierra, Mora dice lo que piensa sobre el debate que envuelve a la minería y su comunidad: “Esta es una de las comunidades más abandonadas por el Gobierno. La mina nos proporcionaba más”.
Y más allá del destino de la mina, el lugareño sostiene que es imperativo asegurar el mantenimiento y cuidado de la concesión. Ahora que la maquinaria se encuentra detenida, advierte sobre la posibilidad de “problemas ambientales” que podrían aflorar si no se toman medidas convenientes y correctivas de un cierre adecuado. “Voy a arreglar mi caja de pesca porque saldré a pescar. Yo nunca he visto un pez o una sardina muerta por contaminación aquí”, se despide el hombre.
De esta manera transcurren, últimamente, los días entre las cordilleras de La Pintada, Omar Torrijos y Donoso. En este rincón de Panamá donde la tierra está cargada de oro y cobre, y la presencia estatal es tenue, la población se sume en la incertidumbre, anhelando no solo una explicación sino respuestas claras sobre el destino que aguarda a la mina y, por ende, a su propio futuro. En este escenario, reina una paradoja: comunidades empapadas en pobreza que caminan sobre tierras que atesoran riquezas.
