Ondeando la bandera tricolor con su blanzo, azul y rojo intenso, miles de personas se congregaron ayer domingo, una vez más, en la cinta costera en su octava jornada de protestas catalizadas por la sanción de la Ley 406 que renovó una concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A para explotar por 20 años prorrogables una mina de cobre y oro a cielo abierto en Donoso, Colón.
Esta vez no llovió como en las últimas tres jornadas masivas de protestas en las que se han reportado enfrentamientos con la policía y actos vandálicos una vez terminan las manifestaciones.
“Minera no dañes mi casa”, “Porque la minería es muerte” se podía leer en algunos de los carteles mientras de fondo se escuchaba la canción Patria del compositor Rubén Blades, quien ha dicho que “nunca se debió haber negociado semejante contrato”.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionó el contrato el viernes 20 de octubre y dos días después empezaron las protestas masivas en varias ciudades del país, que han tenido su epicentro en la cinta costera en la capital o la emblemática calle 50, donde en la década de 1980 los pañuelos blancos y las pailas hicieron historia contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega, en ese momento respaldada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), hoy en el gobierno.
Tampoco contuvo las protestas la firma de un decreto por parte de Cortizo, el pasado viernes 27 de octubre, que establece una moratoria minera a futuro, excluyendo las 15 concesiones existentes.
Las protestas de la jornada de este domingo incluyeron un desfile de motorizados que se reunieron desde muy temprano en la avenida Balboa. Recorrieron varios puntos de la ciudad de Panamá como Calle 50, vía Israel, vía Cincuentenario, entre otros. Algunos llevaron a sus mascotas.
Más temprano, este domingo el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, exhortó en su homilía a los jóvenes −quienes han participado activamente en las distintas protestas− a que ejerzan su derecho a manifestarse y a alzar su voz, pero “sin taparse la cara, sin violencia, sin destruir”.
Daños, arrestos y condenas
Precisamente ese fue el tema que abordó la Policía Nacional, acusada de usar gases lacrimógenos vencidos a la hora de reprimir a los manifestantes, en una conferencia de prensa en la mañana de ayer domingo.
Unos 571 casos ya fueron llevados ante las autoridades competentes por vandalismo, daños a la propiedad y otros delitos ocurridos durante las manifestaciones en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí. #NoAlVandalismo pic.twitter.com/zz975vEcJk
— Policía Nacional (@ProtegeryServir) October 29, 2023
El comisionado de la policía, Elmer Caballero, explicó que la policía está utilizando el equipo policial idóneo para “el control en aquellas áreas en donde se realizan actos vandálicos o se producen agresiones contra terceros”. Ello luego de que el pasado viernes la Defensoría del Pueblo confirmó lo que ya venían denunciado los manifestantes en las: el uso de gases lacrimógenos vencidos para dispersar las marchas.
Caballero dijo que entre el sábado y domingo dos comercios fueron vandalizados en la provincia de Veraguas y uno en la provincia de Panamá y que a la fecha un total de 55 establecimientos comerciales han sufrido afectaciones producto de actos vandálicos.
Según cifras de la policía hasta este domingo se habían remitido 571 personas ante los jueces de paz por casos de vandalismo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.
Los datos policiales también destacan que se reportaron 55 comercios y 16 instituciones afectadas por actos de vandalismo. También detallan que 35 agentes policiales han resultado lesionados, en su mayoría por golpes con objetos contundentes y ocho por armas de fuego.
Durante los enfrentamientos se han vandalizado 34 vehículos de instituciones públicas, entre ellos 11 de la policía que fueron incendiados.
En el día de ayer domingo se reportaron cierres de calles en Pacora, en el área de la Comarca Ngäbe Buglé y Santiago de Veraguas, en donde no se ha permitido la circulación vehicular desde hace ocho días.
Por su parte, el Ministerio Público reportó que ha condenado a cuatro personas a 40 meses de prisión por vandalismo y robo en Río Abajo y la plaza 5 de Mayo.
También se formularon cargos por hurto agravado a otras 10 personas que fueron aprehendidas el pasado jueves cuando ingresaron a un local comercial en Vía España para sustraer mercancía.
Además, se investiga la agresión al fotógrafo Aubrey Baxter, quien perdió la visión en uno de sus ojos, cuando cubría disturbios cerca de la Asamblea Nacional. Baxter, por su parte, mostró este fin de semana su rostro en las redes sociales. Se aprecia el daño causado por la agresión, caso que ahora está en manos del Ministerio Público. Sobre el motivo de las protestas declaró: “Este contrato ley debe ser derogado y declarado inconstitucional”.
Demandas de inconstitucionalidad
A raíz de la aprobación de la Ley 406 se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Dos de esas demandas ya fueron admitidas, una de ellas fue remitida al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita opinión y la otra al procurador de la Nación, Javier Caraballo.
En ese sentido el exmagistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, estimó que el pleno de esa corporación de justicia podría resolver en un término de 56 días alguna de las seis demandas. No obstante, Mola recordó que los magistrados deben seguir todo el trámite legal, sin presiones, y podrían acumularlas todas.
A su juicio, la marea de protestas se debe básicamente a frustraciones que se fueron acumulando durante meses y años.
Mientras, en la cinta costera los gritos retumbaban, una y otra vez, con expresiones como: “Este pueblo está cabria’o, cabria’o, cabria’o”. Todos con con sus banderas y pancartas que decían: “Panamá vale más sin minería”, “Sí a la vida, no a la Minería” y “Por las futuras generaciones”.
