En solo 24 horas, el Servicio Nacional de Migración (SNM) recibió (vía electrónica) unas 4 mil solicitudes para optar por el “permiso temporal de protección”, una alternativa puesta en marcha para otorgar estatus a migrantes irregulares, por un período no prorrogable de dos años.
Ello ocurrió el pasado lunes 17 de julio, el mismo día de la puesta en marcha de este programa. La avalancha de solicitudes de inscripciones vía web (www.migracion.gob.pa) que el SNM recibió fue tal, que se agotaron los cupos de entrevistas presenciales para las primeras dos semanas de agosto próximo. Las citas empiezan el 1 de agosto.
Cuando se estrenó la administración de Laurentino Cortizo, en julio de 2019, se decidió frenar este tipo de permisos de estatus migratorio temporal, conocido hasta entonces como “Crisol de Razas” y sus variantes.
La nueva versión del permiso temporal fue instituida mediante Decreto Ejecutivo 112 de 13 de julio de 2023 y supuestamente tendrá una vigencia hasta julio de 2024.
Este programa va dirigido a los extranjeros, sin distinción de nacionalidad, que tengan un año en el país y que no hayan realizado ningún trámite para regularizar su situación. Los beneficiados podrán residir en el territorio de la República de Panamá durante dos años, cumpliendo con las obligaciones tributarias, de seguridad social, sanitarias y legales en general, que demanda su actividad.
El SNM alega que este permiso tiene el propósito de brindar protección a la población migrante irregular que se encuentra en condición de vulnerabilidad, sujeta a riesgos y peligros ante el tráfico ilícito de migrantes y las distintas modalidades de trata de personas.
La subdirectora nacional del SNM, María Isabel Saravia, insistió en que este programa es distinto al Crisol de Razas porque no se mantiene en el tiempo, como -según la funcionaria- sí pasó con el que se creó en 2010 y se mantuvo en dos administraciones presidenciales (las de 2009-2014 y 2014-2019).
El gobierno de Cortizo aumentó los costos del trámite de residencia permanente. El 15 de septiembre de 2021, por ejemplo, se publicó el Decreto Ejecutivo 235, firmado por Cortizo y el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino. En el Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, este trámite costaba entre $512 y $1,017, pero con el nuevo decreto subió a $1,850.
Saravia calcula que unos 200 mil migrantes, en su mayoría de Colombia y Venezuela, podrían beneficiarse del nuevo programa.
En Panamá, según los resultados del último censo de 2023, al menos el 6% de los entrevistados (249 mil personas de los 4.2 millones de habitantes que arrojó el censo) dijo haber nacido en otro país.
¿Una medida para recoger dinero?
Los montos recaudados en concepto de servicios migratorios serán destinados para ayuda social y seguridad. Se asignará el 70% al Ministerio de la Presidencia y el 30% restante irá al “Fondo Especial Para el Desarrollo del Recurso Humano” del Servicio Nacional de Migración.
El hecho de que el 70% de los montos recaudados sea para la Presidencia de la República, hasta hace poco a cargo del vicepresidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, ha generado críticas.
José Blandón, presidente del Partido Panameñista, habló de una doble moral del actual gobierno, ya que en su momento criticó el “Crisol de Razas” pero ahora, en tiempos electorales, la medida sí le parece buena. “Es evidente que lo que buscan es dinero para gastar en campaña”, sentenció Blandón.
Mientras que la economista y catedrática Maribel Gordón, precandidata presidencial por la libre postulación, subrayó que un programa relacionado con los derechos humanos de los migrantes se ha convertido en una alternativa para tener acceso a más recursos financieros.
El abogado y también precandidato por la libre postulación, Francisco Carreira, señaló que la medida busca convertir el tema de los extranjeros nuevamente en una caja registradora.
“Eso de darle a las personas un estatus migratorio por dos años y pasado ese plazo tienen que irse, es también fomentar que tengan que volver a pagar. Además de que le tocará a otro gobierno enfrentar esto”, remarcó.
Una compleja crisis de migración infantil: Unicef
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) América Latina y el Caribe advirtió que esta región que vive “una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo”.
Unicef hizo este pronunciamiento tras recibir 11.1 millones de dólares de la Unión Europea que se destinarán a la atención de casi 500,000 personas, de ellas 318,000 niños, en 7 países de la región.
La oficina regional para América Latina y el Caribe de Unicef, que tiene su sede en la ciudad de Panamá, precisó que la respuesta integral de Unicef para las comunidades vulnerables incluye salud mental y apoyo psicosocial, espacios de aprendizaje, instalaciones de atención médica y centros de protección.
Estos servicios llegarán a más de 472,000 personas, incluidos 318,000 niños, niñas y adolescentes en Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
En Centroamérica, se trabajará para fortalecer la resiliencia de los servicios de protección y educación para más de 101,000 personas, incluidos 57,000 niños y adolescentes en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
