El abandono de un proyecto minero como el del distrito de Remance, en la provincia de Veraguas, dejó a su paso tal grado de contaminación que podría poner en riesgo la vida de la población que está a su alrededor, incluso, más de 20 años después de haber dejado de operar.
Un estudio elaborado por científicos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), publicado entre 2022 y 2023, da luces sobre los riesgos para la salud humana, sobre todo cáncer, debido a la presencia de elementos potencialmente tóxicos en esa zona, donde operó la mina hasta el año 1999.
Se trata de una investigación que puede servir de ejemplo sobre lo que podría estar pasando no solo en Remance sino en otras minas que fueron abandonadas de la misma manera, como lo son Petaquilla Gold, en Coclé, y Santa Rosa, en Veraguas.
Según el estudio, el riesgo carcinogénico (cáncer) es sobrepasado en todos los cultivos estudiados en el área de Remance para el arsénico (As) y el cobre (Cu). Los científicos colectaron plantas comestibles cosechadas en el sitio y que son del consumo diario de los pobladores del lugar, como arroz, maíz, yuca y hojas de té, analizando de cada una la parte comestible.
De hecho, se advierte que uno de los peligros más importantes podría provenir del As, ya que la exposición a largo plazo podría provocar lesiones cutáneas, cánceres internos, problemas neurológicos, enfermedades pulmonares, enfermedades vasculares periféricas, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, y diabetes mellitus. Mientras que el exceso de Cu puede provocar anomalías en el sistema nervioso, el hígado y los riñones.
“El arsénico es el contaminante que representa el mayor riesgo a la salud humana debido a su potencial carcinogénico a largo plazo. Se hace necesario tomar medidas de remediación sobre la zona, de manera que el cultivo de alimentos en la misma no afecte la salud de sus moradores”, es una de las conclusiones del informe.
Ana González, especialista en Química Agrícola, señaló que llevó a cabo esa investigación como parte de un doctorado, el cual fue financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Para ello tomaron muestras en 10 kilómetros cuadrados (mil hectáreas) de suelo, sedimentos de los arroyos, agua, las tinas de relave, cultivos y plantas.
En palabras de González, se encontraron con que los niveles de arsénico y cobre presentes en la zona estaban por encima de los niveles permitidos. “Hicimos evaluación de riesgos ecológicos y a la salud en varios escenarios como lo son el residencial, agrícola e industrial”, acotó.
“Los residuos quedaron expuestos y pueden ser diseminados a través de escorrentías (arroyos) y el viento”, indicó la experta, quien detalló que es el primer estudio de este tipo que se lleva a cabo en Panamá y que contó con el apoyo de otros profesionales panameños y también de España.
La última explotación minera en Remance tuvo lugar entre los años de 1989 a 1999 por la compañía minera Remance S.A., a través del proceso de cianuración. Producto de la actividad minera han quedado tres relaves con desechos mineros expuestos al medio ambiente.
Si bien en estos momentos la mina no está en explotación, en la zona habitan campesinos que desarrollan sus labores de subsistencia como la agricultura y la ganadería.
A juicio de González habría que hacer un estudio similar en Santa Rosa y Petaquilla, para conocer el nivel de contaminación en esos lugares. Mientras que sobre un futuro cierre de la mina en Donoso dijo que están a la disposición para llevar a cabo cualquier aporte, para que el cierre o remediación del lugar sea el adecuado.
“La Universidad Tecnológica podría aportar su conocimiento científico y se requeriría un estudio de gran alcance para proponer las medidas de remediación para esa zona”, acotó la científica.
Tinas de relave abandonadas
Otro de los casos de abandono de mina fue el de Molejón de Petaquilla Gold. En 2016, para evitar el derrame de las tinas de relave donde se depositaba el material que resultaba del proceso de extracción, el Ministerio de Ambiente contrató al consorcio Bluefin Seroca Ambiental para dar mantenimiento a estas tinas.
Tras cinco meses, la compañía, que se adjudicó esta licitación con una oferta de 1.7 millones dólares, terminó de drenar 630 mil metros cúbicos de agua de las dos tinas de relave.
En aquel momento, las autoridades admitieron que dicho trabajo solo sería un paliativo, porque se tendrían que invertir entre $20 millones y $30 millones para arreglar todas las anomalías ambientales ocasionadas allí por la actividad.
Para evaluar el tema de la posible contaminación de la zona, el Ministerio de Ambiente adjudicó en 2018 una licitación a la empresa SGS Panama Control Services para que llevara a cabo un análisis del agua y sedimentos.
El alcance del trabajo comprendía el servicio de muestreo, transporte, análisis y entrega de resultados de muestreos de agua y sedimentos, dentro del polígono de esta concesión minera –cerrada en 2013–, con el objetivo de determinar si había contaminación.
Se debían tomar 83 muestras de agua de las tinas que fueron utilizadas para lavar el oro, así como del río Molejón. Este afluente está bastante cerca de la mina. Asimismo, otras 25 muestras de sedimentos.
No obstante, en febrero de 2019 dicha contratación fue anulada, según el Ministerio de Ambiente, por “falta de fondos presupuestarios”, con lo cual no se pudo determinar el grado de contaminación en el lugar.
En lo que respecta a Santa Rosa, en Cañazas, se desarrolló una operación a cielo abierto desde mediados de 1996 hasta agosto de 1999, período durante el cual produjo 100 mil onzas de oro. Problemas operacionales y presupuestarios afectaron el proyecto entre 1997 y 1998, en parte por unas fuertes lluvias que cayeron en la zona.
Durante uno de esos temporales ocurrió un desastre ecológico sin precedentes: en junio de 1998, las tinas de la mina se desbordaron y la tóxica mezcla de cianuro y agua se dirigió hacia los ríos y quebradas de esa región. Luego de eso, la mina fue puesta en pausa y mantenimiento; finalmente, fue cerrada a principios de 2000, cuando el precio del oro bajó.
Enselmo Peña, alcalde del distrito de Cañazas, dijo que el cierre de la mina en aquel momento no fue ordenado y que desconocen si hay elementos tóxicos en el lugar aún, por lo que solicitó al Gobierno un estudio sobre el tema.
Ausencia de gestión ambiental
Para Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, estudios como el que realizó la Universidad Tecnológica son importantes porque confirman lo que se ha venido señalando por décadas tanto por las comunidades de la zona como por diferentes grupos ambientales que reiteraban la presencia de metales pesados de las actividades mineras y cómo después de tantos años el material contaminante persiste en no solo en el agua y el suelo, sino también en la vegetación, producto de la bioacumulación de las sustancias generadas.
“Los documentos establecen la presencia de elementos potencialmente tóxicos y los riesgos generados por las minas abandonadas, con lo que se plantea un riesgo para la salud de los habitantes locales y, en particular, de los niños”, puntualizó.
Frente a esto, plantea que se hace necesario establecer programas de gestión ambiental por la presencia de arsénico, mercurio, antimonio y cobre en los relaves y áreas circundantes, con el objetivo de una estrategia de remediación de su estado actual y no seguir exponiendo más a los pobladores de estas áreas.
En el año 2019, a solicitud del gobierno panameño, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrató al Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés) para evaluar la preparación y la capacidad de Panamá en implementar el Marco de Políticas Mineras del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
Uno de sus planteamientos fue categórico: “existen varios cierres de operaciones mineras mal ejecutados, mal gestionados por el Gobierno, controversiales y de conocimiento público, por ejemplo: Petaquilla Gold, en Coclé, con pasivos ambientales y sociales, el proyecto Remance y Santa Rosa, ambos en Veraguas, que son la raíz de la desconfianza en el sector por parte de la ciudadanía”.
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