El aumento de casos de la malaria que se está registrando en el país ha llevado a las autoridades de Ministerio de Salud (Minsa) a instalar esta semana un centro de operaciones contra la malaria para coordinar de manera institucional las estrategias que se llevarán a cabo para hacer frente a la enfermedad transmitida por el mosquito Anopheles.
Los informes de epidemiología demuestran que el año pasado se contabilizó casi el doble de casos de malaria que en el 2021, ya que se reportaron 6 mil 288 casos del 2 de enero al 10 de diciembre de 2022, es decir, 2 mil 645 más casos, que en el 2021 cuando la cifra fue de 3 mil 643 casos.
Dentro de esas estadísticas del 2022 se muestra que la malaria también está afectando a niños menores de un año de edad.
En ese sentido, el propio documento elaborado por la epidemióloga del Minsa, Lizbeth Cerezo, evidencia que si se agrupan los menores de 14 años de edad con malaria se tienen el 38% de los casos, es decir, 2 mil 421 casos de los 6 mil 288.
El escenario no muestra señales de cambios este año 2023, según muestra el informe más reciente de epidemiología, donde se detalla que en las primeras dos semanas se han registrado en el país 257 casos de la malaria.
Las regiones con más casos son Guna Yala (123 casos), Darién (90) y la comarca Ngäbe Buglé, con 31.
Recientemente, el pediatra, infectólogo e investigador clínico, Xavier Sáez Llorens, explicó a este medio que cuando se incrementa la incidencia de malaria en adultos, también se observa un aumento paralelo en los niños, porque el mosquito no discrimina por edad.
Añadió que se han observado brotes de casos en lugares no habituales, cercanos a las áreas más urbanas de la región norte de la provincia de Panamá, cuando los pacientes afectados tradicionalmente proceden de las comarcas Guna Yala, Ngäbe Buglé, Darién y Panamá este.
Los tres factores que podrían estar incidiendo en el incremento de casos: mayor movilización de personas desde áreas de malaria hacia otras comunidades; fenómeno migratorio desde Colombia hacia Panamá; y la reducción en las actividades relacionadas con el control del vector (recurso humano y técnico, fumigación, eliminación comunitaria de criaderos, etc.), según el investigador panameño.
