La morosidad en la tasa de aseo en el distrito de Panamá asciende a $115.5 millones, según informes de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).
De ese total, $20.8 millones corresponden a usuarios del área comercial y $94.7 millones a los residenciales.
Además, la AAUD también debe a la empresa administradora del relleno de cerro Patacón, Urbalia S.A., la suma de $19.6 millones.
Así lo manifestó el subadministrador de la AAUD, Rafael Prado De Obaldía, durante su comparecencia el pasado 30 de enero en el pleno de la Asamblea Nacional, para responder un cuestionario referente al trabajo de esta institución.
Prado reconoció que el problema de la basura en Panamá responde a un sistema colapsado, que requiere cambiar con urgencia su forma de recolectar y manejar los residuos, ya sea en cerro Patacón u otro sitio.
De hecho, el actual relleno sanitario en cerro Patacón es un problema de salud pública y ambiental, ya que la contaminación que produce va mucho más allá del área de concesión, alcanzando unas 10 mil hectáreas, entre las que están zonas protegidas, como el Parque Nacional Camino de Cruces, y también quebradas y ríos, algunos de los cuales desembocan en la cuenca hídrica del Canal de Panamá.

Tras la comparecencia de Prado De Obaldía, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, cuestionó que la AAUD no tenga ningún plan integral ni parcial para atender el grave problema de la disposición de los desechos sólidos y peligrosos.
El subadministrador de la entidad también fue cuestionado porque aún no se ha reglamentado la Ley 276 del 30 de enero de 2021, sobre la gestión integral de residuos sólidos en Panamá, la cual entró en vigencia el 1 de julio de 2022.
Según la ley —que consta de 84 artículos—, la AAUD, el Ministerio de Salud y los municipios deben asumir la gestión de la basura en el país.
En el caso de las dos primeras entidades, tienen un plazo de un año -una vez comenzo a regir la ley, en julio pasado- para elaborar un plan integral de gestión de residuos, el cual es un elemento “vinculante”.
En tanto, los municipios deben crear un plan municipal de gestión de residuos, previo aval de la Autoridad de Aseo y de una consulta pública con las comunidades. Sin embargo, los avances al respecto son nulos.

