Miembros del Consejo Municipal de San Miguelito tuvieron una “emergencia” el pasado sábado 18 de abril, cuando en todo el país reinaba la cuarentena absoluta decretada por el Gobierno nacional. Los concejales necesitaban reunirse -pese a la prohibición existente- para aprobar la privatización temporal del servicio de recaudación de impuestos municipales de ese distrito, el segundo más poblado del país.
Bajo la modalidad de “urgencia notoria”, los concejales de San Miguelito aprobaron un contrato directo -que llevará la firma del alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, y la empresa colombiana Archivos, Procesos y Tecnología, S.A. (Arprotec) para consultoría, cobro, recaudación de tasas, tributos y contribuciones municipales en ese distrito.
Este contrato directo tendrá una vigencia de ocho meses, pero en el acuerdo municipal en el que se aprobó esta contratación se omitió un dato importante: cuánto costarán estos servicios.
El acuerdo municipal que aprobó esta contratación -el No. 23- fue precedido de otro acuerdo -el No. 22-, fechado el pasado 8 de abril, en plena pandemia. En este último acuerdo, los concejales aprobaron que el alcalde Valdés Carrasquilla gestionara el proceso de contratación de una empresa que prestara el servicio de cobro y recaudación de tasas, tributos y contribuciones municipales.
Y en menos de diez días, el alcalde logró ubicar una empresa que prestara esos servicios, aunque, en palabras del alcalde, la empresa fue la que lo ubicó a él y a su municipio para ofrecerle el negocio, el cual fue aprobado tras “un exhaustivo análisis y estudio técnico dentro del marco de las necesidades para la recaudación de los tributos municipales”, indica uno de los acuerdos municipales.
Y aunque en los documentos aprobados por el Concejo no se menciona quién realizó estos “exhaustivos” análisis, el alcalde Valdés Carrasquilla despejó la incógnita: fue la propia empresa contratada la que hizo los supuestos estudios.
“Arprotec se reunió primero con los concejales en una sesión de trabajo. Presentaron todo su proyecto de innovación tecnológica para recaudar los tributos. Entonces, los representantes quedaron bastante ‘innovados’ con la presentación de Arprotec, y luego me autorizan para la firma del contrato”, narró el explícito funcionario.
Valdés Carrasquilla calificó su decisión como “responsable” y, según él, esta contratación no puede considerarse una privatización del servicio.
¿Quién recomendó a Arprotec? “Recuerde que las empresas, todas, andan visitando los municipios. Y soy claro en que eso no es de hoy [el acercamiento de Arprotec], sino de hace rato… Tenemos problemas de recaudación”, sostuvo el tres veces alcalde de San Miguelito.
El también exdiputado dijo que esta contratación se está preparando, “precisamente en este momento”, porque “nos encontramos en medio de la crisis, donde la recaudación de impuestos se nos ha ido por el piso por la pandemia”.
“Lo que no puede pasar es que termine la crisis y nosotros empezamos a organizarnos. Eso sí es un acto de irresponsabilidad del alcalde y del Concejo Municipal”, insistió.
Cuestionado sobre el por qué se reunieron el pasado sábado en medio de una prohibición para tales efectos, insistió en que era un tema tratado, y que el día antes hubo mantenimiento de electricidad en el Consejo Municipal. “Estábamos todos”, indicó.
¿Esta contratación se aprobó de manera unánime? “Bueno, sólo uno votó en contra… Esto es un proceso democrático. Sé que esto iba a generar críticas, pero prefiero que me critiquen por hacer algo que por no hacer”.
El diputado independiente por San Miguelito, Juan Diego Vásquez, criticó esta contratación directa. A su juicio, hay una “falta de transparencia” en los actos públicos de las autoridades municipales, ya que se desconocen las cláusulas del contrato. “Esto es peligroso...Tomar esta decisión en medio de la cuarentena nos deja ver que la intención es la de esconder la información”, cuestionó.
“Hoy tenemos gente muriendo de hambre en San Miguelito y ¿esta es la respuesta del alcalde y del Concejo Municipal?”, se quejó el diputado.
Valdés Carrasquilla prometió enviar el contrato, que hasta ahora no es público, pero al cierre de esta nota, no se había recibido la documentación prometida.
Más dinero
El mismo día en que el Consejo Municipal aprobó la contratación de la empresa colombiana para recaudar los impuestos, los representantes de corregimiento aprobaron otro acuerdo municipal -el No. 24- para trasladar más de medio millón de dólares del fondo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), proveniente del Programa de Descentralización, para que el alcalde lo incluyera en el presupuesto del Municipio para este año.
La medida, que modifica un acuerdo municipal de diciembre pasado, resalta que se incluirán 551 mil dólares -correspondientes a saldos remanentes de 2017, 2018 y 2019- al presupuesto de rentas y gastos del municipio. (Lea aquí el acuerdo)
El acuerdo en cuestión sostiene que “luego de una amplia explicación a través de la urgencia notoria, la solicitud fue analizada, revisada, discutida y aprobada...” por los concejales. Sin embargo, no se menciona en el papel qué utilidad le darían al dinero.
Según Valdés Carrasquilla, esos fondos se usarán para “llevarle alimento al pueblo que tiene hambre y productos en tiempo de emergencia”, pero, por otro lado, el alcalde dijo que “seríamos irresponsables si esperamos a que termine la crisis para poner al Municipio de San Miguelito con tecnología de punta para las recaudaciones. No vamos a atropellar a nadie”.
Una investigación de La Prensa reveló que el Municipio de San Miguelito destinó millones de dólares del Programa de Descentralización en la contratación de servicios y obras, así como en otros proyectos inconclusos o con deficiencias en sus estructuras, poco después de entregadas por las empresas favorecidas.
Antecedentes
Valdés Carrasquilla no tiene la mejor de las reputaciones cuando se trata del manejo de fondos públicos. En junio de 2018, cuando era diputado por San Miguelito, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia tres denuncias penales que solicitaban que fuera procesado por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, luego del hallazgo de supuestas irregularidades cometidas en su segundo período como alcalde de San Miguelito (2009-2014).
Las denuncias fueron interpuestas por el abogado Eduardo Lamphrey y en cada una, el denunciante aportó cuadros con el detalle de cheques generados por la Alcaldía de San Miguelito con los que se habrían pagado diversos artículos que, según la denuncia, nunca entraron al almacén del Municipio.
El abogado sostuvo en sus denuncias que se habría cometido una supuesta lesión patrimonial contra esta alcaldía por el orden de $56 mil, $120 mil y $41 mil, respectivamente.
Previamente, Valdés Carrasquilla había dejado su partido (el PRD), en octubre de 2010, para inscribirse en Cambio Democrático, en ese momento, en el poder, bajo el liderazgo de Ricardo Martinelli, presidente de la República (2009-2014).
En aquellos precisos momentos, Valdés Carrasquilla era procesado por un supuesto faltante de $250 mil de las arcas del Municipio de San Miguelito. En ese momento negó que su cambio de partido fuera oportunista o para buscar favores en el partido de gobierno.
Igualmente, en marzo de 2018, el Tribunal de Cuentas comunicó al Registro Público la cautelación de dinero, fondos, valores, depósitos, plazo fijos, cuentas bancarias y cifradas del entonces diputado Valdés Carrasquilla, por un proceso que se le seguía en ese tribunal desde 2012 por presuntas irregularidades.
