Las últimas cifras dadas a conocer por el Servicio Nacional de Migración (SNM) y los videos que circulan por las redes sociales reiteran que la selva del Darién, que separa a Colombia de Panamá, es un espejo de la desesperación y las crisis que vive América Latina.
El tsunami de 2,500 a 3,000 personas que llegan en promedio cada día a Darién evidencia que el fin del Título 42 en mayo pasado no ha logrado frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, ya que hasta el pasado 17 de agosto al menos 300,000 personas se arriesgaron a morir por cruzar la espesura zona montañosa, es decir, el número es mayor que a la cantidad de personas que transitaron en todo el año 2022.
La actual cifra es dos veces más los viajeros que cruzaron en el 2021, cuando fueron 133,721, de los cuales la mayoría correspondía a haitianos (82,952). Mientras que en el 2022 llegaron 248,284 migrantes, de ellos 150,327 venezolanos se lanzaron a las manos de los coyotes o traficantes. Ahora, en el 2023 están los venezolanos y ecuatorianos.
El flujo migratorio cada vez mayor ejerce presión sobre las ya sobrecargadas capacidades de recepción, redes de albergues y comunidades de acogida.
En un contexto de movilidad humana complejo y desafiante, el Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados brinda protección y asistencia para 21.4 millones de personas en las Américas, enfrenta grandes desafíos en la capacidad de respuesta debido a la insuficiente financiación de sus operaciones.
Así quedó plasmado en el informe Necesidades críticas en las Américas, donde se señala que a finales de julio de este año solo se había alcanzado a cubrir un tercio de las necesidades financieras de Acnur para 2023, gracias a las donaciones de la comunidad internacional, el sector privado e individuos.
El documento pone de relieve las operaciones con financiamiento más crítico, donde destacan las necesidades persistentes en Colombia, Costa Rica, Honduras y Brasil, entre otros países.
Entre las actividades que pueden verse afectadas por la falta de financiación se encuentra el mantenimiento de espacios seguros y albergues en zonas fronterizas; la distribución de artículos de primera necesidad; el apoyo para el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado y a procesos de regularización y documentación; la distribución de ayuda en efectivo en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad; y la realización de actividades de protección de la infancia y de prevención de la violencia de género.
La falta de recursos financieros puede afectar actividades importantes como “el acceso a albergues y asistencia humanitaria para los más vulnerables, apoyo financiero para cubrir necesidades básicas y atención a la salud”, aunque también reduce las posibilidades de que los migrantes se integren a las comunidades de acogida, señaló José Samaniego, director de la Oficina Regional del Acnur para las Américas.
Aunque las necesidades no cesan, son insuficientes los fondos que ha recibido Acnur en las Américas: en 2022 se obtuvieron menos fondos ($355 millones) en comparación con el 2021 ($436 millones). Considerando las proyecciones actuales, si bien las necesidades financieras suman $827 millones, Acnur espera recibir $277 millones al cierre de 2023, plantea el informe.
A juicio de Samaniego, hay una variedad de factores interconectados que van desde el acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales, hasta el impacto de la violencia y la inseguridad, que empujan a la gente a situaciones de desplazamiento.
Además, destacó la generosidad de la respuesta de los países a las personas con necesidades humanitarias.
Una situación crítica
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, en una reunión el pasado 22 de agosto con representantes del gobierno de Estados Unidos, abordó el tema de la migración irregular, narcotráfico, seguridad, entre otros.
Cortizo planteó su preocupación del flujo migratorio a los congresistas Salud Carbajal y Hillary Scholten, la comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, la almirante Linda Fagan, y la embajadora de Estados Unidos Mari Carmen Aponte.
“Estamos preocupados por el incremento de personas que ponen su vida en riesgo cruzando Parque Nacional Darién. Necesitamos mucha ayuda para atender esta situación”, afirmó en la reunión el Presidente, quien agregó que “Colombia no nos está prestando la ayuda que necesitamos”.
Además, el mandatario panameño resaltó que Estados Unidos es un aliado importante contra el crimen organizado, sobre todo para enfrentar el desafío del narcotráfico y la migración irregular en la región.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, manifestó que han detectado a decenas de personas con prontuario delictivo que intentan mezclarse con migrantes que cruzan diariamente el tapón del Darién.
“Hemos detectado desde terroristas para abajo”, dijo Pino hace una semana en la Asamblea Nacional durante la sustentación del informe memoria del ministerio.
Acciones en curso
Ante el auge de migrantes que se concentra en la selva de Darién, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Embajada de Estados Unidos realizaron una gira a Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, que estuvo enfocada en el levantamiento de las principales necesidades de los puesto de salud con miras a reforzar las respuestas en los servicios brindados a los migrantes que llegan a las comunidades.
Panamá pondrá a disposición de los migrantes que llegan a través de la selva de Darién pruebas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Johny Castillo, de la sección de ITS/VIH/sida del Ministerio de Salud (Minsa), detalló que los viajeros serán atendidos por médicos y enfermeras capacitados por la entidad y organizaciones no gubernamentales que se encuentran en Darién “para poder realizarles las pruebas de VIH”.
“Así podemos hacer un diagnóstico y vincularlos a las clínicas para ofrecerles el tratamiento, además, aquellas personas que ya vienen con un diagnóstico, pero que de alguna forma ya no cuentan con él, poder también ofrecerles para que puedan tener su tratamiento correspondiente”, dijo el funcionario.
