El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, protagoniza un nuevo capítulo en la larga lista de polémicas que acumula desde que ocupa este cargo, en julio de 2019.
Ahora los reclamos vienen del sector empresarial, el cual le exige que acate la suspensión provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con respecto al acuerdo que establece un alza de impuestos municipales en el distrito de Panamá, a partir de enero de 2023.
Como se recordará, en febrero pasado, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ suspendió, de forma provisional, los artículos séptimo, octavo y noveno del Acuerdo Municipal 142 de agosto de 2022, luego de admitir una demanda contenciosa administrativa de nulidad que presentó el abogado Ernesto Cedeño.
En la demanda, Cedeño menciona que el Acuerdo Municipal 142 viola la Ley 38 de julio de 2000 (que regula el procedimiento administrativo general), ya que el mismo se aprobó de manera inconsulta y nunca fue comunicado debidamente a los contribuyentes afectados.
Después de ese pronunciamiento provisional de la Corte, el pasado 1 de marzo, Fábrega recibió cortesía de sala ante la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde conversaron sobre el tema.
Todo indica que ni la suspensión provisional ni lo conversado con el gremio empresarial fue suficiente, puesto que el Municipio de Panamá aún no acoge el mandato legal de la Corte, según se conoció a través de una nota que el pasado 31 de marzo dirigió la Cámara de Comercio al alcalde.
Marcela Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, subrayó que al momento de ingresar al sistema del Municipio de Panamá para realizar el pago del tributo, aún aparecen los porcentajes de pago correspondientes al nuevo impuesto establecido en el Acuerdo No. 142, lo cual es “contrario” a lo conversado en la cortesía de sala otorgada al alcalde Fábrega en marzo.
La empresaria recordó que, en su momento, la Cámara de Comercio solicitó que se suspendiera la aplicación de estas nuevas tablas tributarias municipales, para que la medida pudiera ser ampliamente discutida antes de adoptar una decisión final, y se otorgara un crédito para el próximo año a las empresas que ya pagaron sus impuestos sobre la base del acuerdo demandado.
En su decisión de febrero, los magistrados Carlos Vásquez (ponente), Cecilio Cedalise y María Cristina Chen pusieron en duda la legalidad del Acuerdo Municipal 142.
Según los magistrados, el acuerdo podría ocasionar “perjuicios a la colectividad”, ya que incidiría en la situación económica de los habitantes y está rodeado de ciertos elementos que pudiesen “afectar su legalidad”.
Más rechazo
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Temístocles Rosas, solicitó a Fábrega que “haga cumplir” la decisión de la Corte Suprema sobre suspender los efectos de dicho acuerdo y que evite nuevas acciones legales de otra naturaleza, en su contra.
“Para nosotros es preocupante la situación; no obstante, exhortamos al señor alcalde a que se haga cumplir lo decidido por la Corte, puesto que estamos en un Estado de derecho”, acotó.
Frente a este escenario, el abogado Ernesto Cedeño presentó ayer miércoles una solicitud de desacato contra la presidenta del Consejo Municipal de Panamá, Yoira Perea, porque fue en ese gobierno local donde se emitió el acuerdo que aumentó los impuestos.
“Ella debió girar instrucciones al alcalde para que se suspendiera esa medida. Pareciera que para ellos, la Corte no existe y esas decisiones se deben respetar”, aportó.
Luis Pinedo, precandidato a alcalde por la libre postulación, también se refirió al tema y dijo que en repetidas ocasiones el alcalde quiere forzar lo que, bajo ley, no es correcto. En sus palabras, la Corte Suprema declaró que el aumento de impuestos es ilegal y que para subir los impuestos se debe consultar.
“El alcalde [Fábrega] quiere hacer todo por imposición, ya que así sucedió con sus proyectos que fracasaron, como la nueva playa y el nuevo mercado del marisco en la cinta costera. El alcalde se ha caracterizado por hacer lo que la ley no le permite”, concluyó el también activista.
La Prensa intentó obtener una versión de Fábrega, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. Sin embargo, el alcalde ha defendido esta propuesta argumentando que durante la pandemia, entre los años 2020 a 2022, se le exoneró el impuesto a las empresas del distrito, para que pudieran recuperarse de la crisis económica.
Además, dijo que los impuestos municipales no se han ajustado en los últimos 12 años.
Los ajustes o aumentos, a los que Fábrega llamó “reestructuración”, son de entre 10% a 15% y hasta el 100% o 200%. En ese contexto, los establecimientos de venta al mayor y al por menor fueron de los grupos más impactados en el distrito.
