En momentos que Panamá alberga la conferencia mundial Our Ocean 2023, en la que deben surgir varios compromisos para la conservación de los océanos, también afronta desafíos en cuanto a la protección de sus espacios marinos.
La pesca ilegal, el tráfico de especies, la contaminación y el manejo de las reservas marinas son temas que actualmente se discuten a lo interno de Panamá.
De momento, el país cuenta con el 30.5% de su superficie marina protegida; no obstante, el Ministerio de Ambiente informó que la meta al año 2024 es contar con al menos el 40% de la superficie conservada.
Para tal fin, la entidad ambiental convocó ayer miércoles a un proceso de consulta pública para la creación del área protegida Refugio de Vida Silvestre Saboga, ubicada en el archipiélago de las Perlas, provincia de Panamá.
Según el Ministerio de Ambiente, la creación de esta nueva área protegida de 86 kilómetros cuadrados tiene entre sus objetivos conservar y mantener los valores naturales y culturales de los océanos, bosques y ecosistemas de la zona.
La consulta ciudadana se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.
Un proceso similar de consulta se convocó este año para ampliar los límites de la reserva marina conocida como área de recursos manejados Banco Volcán, en el mar Caribe.
Esta área protegida fue creada mediante Decreto Ejecutivo 2 de 2015 y específicamente se ubica a 30 kilómetros al norte de las costas de Miguel de la Borda, en la provincia de Colón. Su extensión es de 14 mil kilómetros cuadrados.
Según el estudio técnico, Banco Volcán tiene limitaciones territoriales que no permiten proteger la conectividad ecológica funcional con las áreas protegidas marinas de otros países cercanos como Colombia, Nicaragua, Honduras, Jamaica y Costa Rica.
En ese contexto, se califica esta ampliación de “esencial” para proteger la fauna marina de la intervención humana y el cambio climático, proteger los ambientes de aguas profundas de Panamá y el Caribe, y mantener la conectividad de las rutas migratorias de especies oceánicas y marino-costeras.
Para el biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Isaías Ramos, la actual administración del Ministerio de Ambiente continúa ampliando áreas protegidas marinas, con lo cual espera que se les asignen los fondos, equipo y personal para la debida gestión ambiental.
Pesca ilegal
Otro de los temas que está poniendo a prueba al país es la pesca ilegal, incluso en las áreas protegidas marinas.
Frente a esto, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá comunicó que los ciudadanos tienen hasta el próximo 9 de marzo para enviar sus consideraciones, observaciones o comentarios sobre la reglamentación de la Ley 204 del 18 de marzo de 2021, que regula la pesca y la acuicultura en la República de Panamá.
Esta regulación contiene parte de los requisitos exigidos por la Unión Europea para prescindir de la tarjeta amarilla impuesta a Panamá en diciembre de 2019 por no hacer suficientes esfuerzos para erradicar la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada.
El documento consta de 209 artículos relacionados con el manejo de los recursos acuáticos, información y estadística pesquera, regulación de áreas donde se puede ejercer la pesca, administración de los recursos pesqueros y licencias de pesca e investigación sobre recursos acuáticos.
Finalmente, y no menos importante que los demás desafíos, el país carece de una política eficiente de manejo de desechos. Esto trae como consecuencia que por año lleguen al mar unas 102 mil toneladas de basura generada en tierra firme.
Ramos define la conferencia que empieza hoy como una oportunidad para Panamá, frente a sus grandes pendientes.
“Para nuestras autoridades, no solo es una plataforma al exterior, también los compromete a acciones concretas para la salvaguarda de la biodiversidad en temas problemáticos como lo son el manejo pesquero, tráfico marino, prohibición de la minería submarina, manejo de desechos y una larga lista en donde hay mucho que hacer”, acotó.
