La expresidenta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém Do Pará (MESECVI) -, Liriola Leoteau, explicó que el artículo 1 de este documento definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Leoteau, quien presidió este organismo interamericano entre 2017-2019, indicó que el objetivo principal de la Convención de Belém do Pará es garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y para este propósito obliga a los Estados signatarios, como Panamá, a poner “luz y acento”, es decir, hacer énfasis en acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Para cumplir con este propósito la Convención de Belém do Pará determina que los Estados deben intervenir para garantizar el pleno ejercicio ciudadano de los derechos humanos de las mujeres, “atendiendo el principio de la debida diligencia con respecto a la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las mujeres víctimas de violencias en el ámbito público o privado y de este modo evitar al máximo la impunidad”, indicó la también excoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa los Derechos de la Mujer en Panamá (CLADEM).
En ese sentido, expresó que el confinamiento por la pandemia Covid-19 pone en relieve la importancia de esta Convención, puesto que los deberes de los Estados no están suspendidos, ni paralizados, sino que al contrario, se impone que en esta crisis humanitaria se refuercen las medidas jurídicas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a la vida.
Es por eso, Leoteau recomendó al Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Fuerza Pública considerar en su justa dimensión la herramienta de valoración del riesgo que forma parte del “Protocolo de Actuación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia en las Relaciones de Pareja” que existe en el país, la cual se firmó el pasado 2015 por las instituciones gubernamentales y algunas instancias municipales que forman parte de la ruta de atención para las mujeres.
Además, sugirió a las autoridades competentes la prórroga oficiosa y sin mayores requerimientos de las medidas de protección dictadas y las que pudieran dictarse, que por ley deben ser supervisadas o sustituidas para mejor protección de la seguridad personal de las mujeres, niñas y adolescentes.
Leoteau también solicitó de manera respetuosa a los entes del Estado la más alta difusión por todos los medios tradicionales y digitales de todos los recursos y servicios a los que pueden acceder las mujeres, niñas y adolescentes que en el confinamiento por la cuarentena sean víctimas de la violencia doméstica en todas sus manifestaciones incluida la violencia sexual.
Como expresidenta del MESECVI, solicitó que en las ruedas de prensa que diariamente se realizan para la actualización del Covid-19 se mande un mensaje a la comunidad para denunciar los hechos de violencia doméstica, se aclare a las mujeres que las líneas de auxilio sirven para orientar y brindar información, que las denuncias se interponen en el Ministerio Público ya que es la institución facultada para iniciar una investigación, dictar medidas de protección a las víctimas y ordenar acciones legales en contra de los victimarios de mujeres, y que en adición se envíen mensajes persuasivos a los hombres frente al maltrato por tratarse de un delito y un problema de salud pública .
Finalmente, indicó que apoya todas las iniciativas establecidas hasta este momento para canalizar la asistencia y auxilio a las víctimas de violencia de género, y reiteró la importancia de establecer una eficaz coordinación institucional, continuidad de servicios y activación de protocolos como exige la Convención precitada, “recordándole a la Fuerza Pública en general, que es posible que las mujeres rompan el confinamiento escapando para proteger sus vidas y la de sus hijas e hijos, por lo que no deben ser ni criminalizadas ni revictimizadas y al Servicio Policial Especializado en Violencia de Género el cumplimiento de su deber”.
