El gobierno del presidente Ricardo Martinelli gastó más de $285.3 millones en consultorías, en su mayoría para mejorar su “imagen” y manejar “crisis” administrativas entre julio de 2009 y junio de 2014.
En la cifra oficial no se incluyen los gastos en este mismo rubro de los órganos Legislativo y Judicial, que también realizaron consultorías en el pasado quinquenio.
Con este dinero se pudo haber pagado el 40% del costo del saneamiento de la bahía de Panamá, proyectado en $692 millones, o el 54% de los hospitales –sin concluir y con adendas– de la empresa IBT Group, por $523.7 millones.
Los ministerios que más utilizaron las consultorías –varias contratadas de forma discrecional– fueron el de la Presidencia, con $92.1 millones –que irónicamente prohibió las consultorías en noviembre de 2009– y el de Economía y Finanzas (MEF), con $73.7 millones.
Tampoco escatimaron en este gasto los ministerios de Salud, Seguridad, Gobierno, Comercio e Industrias, Desarrollo Social, Obras Públicas, ni Vivienda y Ordenamiento Territorial. Estas instituciones juntas gastaron más de $112 millones (ver cuadro).
Pero no fueron las únicas. Las constantes contrataciones también se observaron en la Caja de Seguro Social; en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Ampyme); el Registro Público y el Banco Nacional de Panamá. Estas entidades no fueron incluidas en el informe del MEF, que dio un balance del Órgano Ejecutivo.
El informe del MEF muestra algunos montos inferiores a los detectados por La Prensa durante una investigación más a fondo sobre estos gastos.
En el documento solo se contabilizó un contrato de consultoría para el Ministerio de Trabajo (Mitradel), pero este medio identificó un total de 15, por más de $3.4 millones, lejos de los 17 mil 500 dólares que registra el MEF para el mismo propósito.
Además, se detectó que algunas sociedades beneficiadas con los contratos estaban relacionadas a un mismo grupo económico, aunque ello lo prohíbe la Ley de Contrataciones Públicas.
Al menos cuatro sociedades comparten el mismo día de inscripción en el Registro Público o a su agente residente, y recibieron contratos inmediatos en el Mitradel, a cargo por ese entonces de Alma Cortés.
Al ser consultada, Cortés afirmó que la Contraloría General realizó “una auditoría y no encontró hallazgos de la existencia de delito”.
Cortés agregó que en su momento “todo fue investigado” y que la Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia en su contra interpuesta por Transparencia Internacional.
Mencionó que uno de los contratos por casi medio millón de dólares fue “ganado” en julio de 2011 por Servicios de Gestiones y Consultorías Especializadas, pero que no se otorgó “precisamente para evitar suspicacias”. La reacción de la exministra se debe a que su hermana Sara Cortés era la agente residente de esta sociedad.
En la investigación de este medio se contabilizaron 380 contratos, que ascendían a $180 millones, ya que no todos aparecen en el portal electrónico PanamaCompra, contrario a lo que dicta la Ley de Contrataciones.
Para obtener información, este medio, además de PanamaCompra, buscó en la web del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en la Contraloría General, donde se detectó que a inicios del año pasado, algunos contratos fueron pactados de forma directa.
En el BID, por ejemplo, la cifra ascendió a $32 millones, producto de préstamos para estos fines, según un informe en su página web. Los contratos se pactaron entre enero de 2013 y junio de 2014.
Para justificar varias de estas consultorías, se adujeron situaciones de “inestabilidad” en el país, como “consecuencia de la presentación de leyes”. Estas justificaciones, plasmadas en un informe técnico del MEF, también avalaron la necesidad de establecer vocerías en los medios.
INCONGRUENCIAS
Lo irónico de estas masivas consultorías es que el gobierno de Ricardo Martinelli prácticamente las desterró... pero en el papel.
En noviembre de 2009, el entonces canciller y hoy presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que el dinero de las consultorías pasaría a un fondo destinado al aumento salarial de los servidores públicos que cobraban salario mínimo.
Por ese entonces no había un cálculo del dinero que se podría recaudar con esta medida, pero se creía que podrían ser “decenas de millones de dólares”. Y en esto no hubo equívocos.
Varela hacía alusión a una orden dada por Martinelli a sus ministros: “eliminar” en las partidas presupuestarias el pago de consultorías “innecesarias”.
Pero, por el monto contratado, queda claro que la instrucción fue desatendida, incluso por sus ministros. De hecho, una de las primeras en desoír su instrucción fue nada menos que la Presidencia, ya que destinó, tres meses después –en marzo de 2010–, $180 mil para mejorar su imagen.
En este contrato, el gobierno pactó un pago mensual de $15 mil –durante un año– al publicista Terry Holt a fin de darle “buena imagen al país” en el plano internacional.
Sin embargo, la actual administración del Ministerio de la Presidencia afirma que no tiene información de Holt. Una búsqueda de este medio detectó que Holt también obtuvo contratos por más de $1.1 millón, a través de la sociedad HDMK, S. de R.L. (constituida en diciembre de 2009), donde aparece como “socio”.
VIEJOS CONOCIDOS
También la Presidencia contrató de forma directa, por más de $1.2 millón, a Consulting Management Corporation –constituida en agosto de 2009– para “estrategias de imagen y administración de crisis”.
¿Qué crisis manejó esta empresa en el gobierno Martinelli? Se desconoce, porque los informes no se encuentran, informó la Presidencia. Un primer indicio es que Consulting Management acoge como su “líder consultor” a Mario Elgarresta, un viejo conocido de Martinelli.
El cubano-estadounidense Elgarresta fue asesor político del exmandatario en la contienda electoral de 2009.
El presidente de Consulting, Rodolfo Barniol, reveló que “propuso” a Elgarresta crear la sociedad que resultó rentable, porque el contrato duró cinco años.
El primer contrato fue por casi medio millón de dólares, en 2010, y antes de culminar el gobierno Martinelli, se le pagó más de $147 mil para hacer el mismo trabajo.
Barniol explicó que “el modelo de gestión fue propuesto al Ministerio de la Presidencia (en ese momento a cargo de Demetrio Papadimitriu), quien aprobaron [sic] el alcance del servicio y contrato”.
Dos años después, en septiembre de 2012, Elgarresta departía en la boda de uno de los hijos de Martinelli junto a Papadimitriu, quien ha dicho públicamente que es su “amigo”. En las pasadas elecciones de mayo, este consultor, paralelamente, asesoró al candidato presidencial por Cambio Democrático, José Domingo Arias.
La Presidencia, también en 2013, contrató en dos ocasiones para manejar “crisis” a Promociones Estratégicas, por casi $400 mil.
Esa sociedad, creada en 2008, está presidida por Rogelio Campos, quien prefirió no responder a las interrogantes enviadas ni a las llamadas de este medio sobre su experiencia en el manejo de crisis gubernamentales. Campos está vinculado a emisoras de radio dirigidas al público juvenil.
El ejemplo de la Presidencia fue seguido por otras instituciones, como el MEF que, como se dijo, destinó $73.7 millones en contratos para consultorías.
Uno de ellos fue pactado en 2012 con Prointec, S.A., por $1.7 millón, para la “inspección y control de calidad de obras” de infraestructuras básicas e intercambiador de acceso al puente Centenario, donde hoy se construye la ciudad hospitalaria. Actualmente, los trabajos están paralizados por falta de presupuesto, informó el MEF.
Pero esta fue una contratación mínima si se compara con la otorgada en 2013 al Consorcio Ayesa e Informática, por $19 millones, financiado mediante préstamo del Banco Mundial. El trabajo, por 24 meses –indicó el MEF– consistirá en “mejorar la eficiencia del sector público” con un sistema tecnológico de gestión operativa.
‘LOBBY’ PARA CONTRATO
Mientras los panameños se preparaban para despedir el año 2013, el entonces viceministro de Finanzas, Darío Espinosa, aprobó la contratación directa de Marketing Communications.
Aunque la firma de la contratación se dio el 31 de diciembre pasado, la empresa ya había prestado sus servicios, de acuerdo con una resolución de diciembre de 2013 del MEF.
El servicio prestado, a un costo de $29 mil 425, fue para “divulgar” las modificaciones a los proyectos de ley sobre el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y la regularización de tributos en la Autoridad Nacional de Ingresos.
Además, se habría encargado de la divulgación de la reforma a la ley sobre delitos relacionados con drogas, el régimen de intereses preferenciales y la creación del Sistema Nacional de Tesorería, presentados en la Asamblea Nacional entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2013.
Un informe elaborado por la dirección de Relaciones Públicas del MEF afirma que esta contratación evitaría “situaciones de inestabilidad en el país, como sucedió en 2012”.
Según la nota, la falta de divulgación de los proyectos de ley en el pasado “ocasionaron disconformidad de parte de la ciudadanía, debido a que no se dio la debida divulgación y explicación”.
Marketing Communications era descrita como una empresa con “experiencia en asesoramiento en situaciones de alto impacto y exposición ante la opinión pública”, de manera “comprobada y demostrada”. Pero no se mencionó ninguna ejecutoria.
Al momento de la contratación, la compañía tenía un año y cuatro meses de haberse inscrito –el 9 de marzo de 2012– en el Registro Público.
Esta sociedad está presidida por Martín Hurtado, quien aceptó que esa era “la primera vez que, como empresa, realizamos una consultoría para el Estado”. Pero no fue lo único que reveló. Dijo que hizo lobby con varias autoridades del gobierno anterior para lograr las contrataciones.
Aseguró que su “personal capacitado” se encargó de la divulgación de proyectos de ley en los medios, por lo que desconoce por qué el pago por los servicios prestados se efectuó en fecha posterior.
Hurtado adelantó que “parte de la estrategia” de las empresas de comunicación es hacer lobby, y que, “por supuesto, hemos organizado a nuestro equipo para ofrecer nuestros servicios al gobierno de turno”.
Esta empresa logró otros siete contratos de manera consecutiva por más de $160 mil en el MEF.
En uno de los pagos a la empresa, emitido el 17 de febrero de 2014, se dejó claro que el contrato contaba con la “autorización” de la Secretaría de Comunicación del Estado para el servicio de “publicidad”.
