Miembros del movimiento Ciudadanos Pro Revocatoria presentaron este jueves, 28 de abril, un amparo de garantías constitucionales contra la orden de proceder para la construcción del nuevo mercado del marisco.
La obra es gestionada por el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, y ya está en la fase de licitación por un valor de unos 43 millones de dólares en el portal de Panamá Compra.
El amparo de garantías fue presentado en el Juzgado del Primer Circuito Judicial de Panamá (ramo civil) y va dirigido contra el Acuerdo No. 24 de 15 febrero de 2022, emitido por el Consejo Municipal de Panamá, por medio del cual se autoriza al alcalde a convocar al acto público para la construcción del nuevo mercado del marisco.
Se busca dejar sin efecto el acuerdo y en el amparo se plantea, entre otros puntos, que el proyecto no tuvo la debida divulgación para cumplir con la consulta ciudadana.
“La consulta ciudadana es un derecho constitucional”, afirmó Luis Pinedo, uno de los voceros del grupo que interpuso el amparo de garantías.
“Un mercado del marisco que no pasó una verdadera consulta ciudadana, no formó parte de ninguna audiencia pública. Un mercado que no está en un presupuesto participativo, sino en uno impuesto, viola los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”, afirmó Pinedo.
En la propuesta para la construcción de la obra se informó que en la consulta ciudadana participaron 23 personas.
Además, se establece en el amparo de garantías las evidentes violaciones al debido proceso por parte del Consejo Municipal de Panamá, que al dar por bueno un deficiente acto de participación ciudadana, el cual contraviene claramente las normas de descentralización.
Así mismo, se argumenta que aunado a la afectación de las garantías constitucionales, se está frente al posible uso indebido de fondos municipales obtenidos por el recaudo del impuesto de bienes inmuebles pagados por todos los panameños.
Anteriormente el movimiento Ciudadanos Pro Revocatoria presentó el pasado 11 de abril una demanda contenciosa administrativa contra este proyecto, al considerar que no tiene refrendo de la Contraloría General de la República.
