El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó de “imperdonable” el comportamiento de un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) en Capira, quien se negó a brindar atención médica a un estudiante del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Capira, en Panamá Oeste. Este acto ha generado gran indignación y ha sido fuertemente condenado tanto por la ciudadanía como por las autoridades gubernamentales.
Mulino anunció que solicitará al director de la CSS, Dino Mon, el despido inmediato del funcionario involucrado y exigió al Ministerio de Salud (Minsa) y a la CSS que tomen medidas estrictas para prevenir que situaciones como esta se repitan. “Esto no puede ser tolerado. Es inaceptable que en un sistema de salud pública se trate así a los pacientes”, expresó el mandatario.
El joven, quien inicialmente no fue atendido en la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Capira, fue finalmente trasladado al Hospital Nicolás A. Solano en La Chorrera, donde se encuentra en condición estable.
Sin embargo, el incidente ha puesto en evidencia la falta de sensibilidad y responsabilidad en el trato a los pacientes por parte de algunos funcionarios del sistema de salud pública.
Disculpas del presidente y llamado a la acción
Mulino reiteró su rechazo a este acto y, en nombre del Estado panameño, ofreció disculpas a la familia del estudiante: “Espero que este joven se recupere pronto y le pido disculpas a él y a su familia por esta barbaridad imperdonable”.
Además, señaló que, si bien no puede estar vigilante de cada situación, instó a las autoridades del Minsa y de la CSS a actuar con firmeza y sancionar a aquellos que no cumplan con su deber de atención a los pacientes.
El hecho ha generado un creciente malestar a nivel nacional debido a las recurrentes denuncias sobre el maltrato y la negligencia en los servicios médicos de la CSS. “No puedo estar detrás de cada uno, pero exijo que los responsables se vayan si no están comprometidos con su labor”, declaró el presidente.
Al divulgarse el maltrato sufrido por un paciente en la ULAPS de Capira, actuamos de inmediato, priorizando en la asistencia al paciente y a sus familiares. Seguidamente, se levantó el informe de los hechos. Con base en dicho informe y siguiendo el debido proceso, aplicaremos…
— Dinomonv (@dinomonv24) March 27, 2025
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, expresó su indignación y recordó a los funcionarios del sistema de salud que su principal deber es servir a los pacientes: “Somos servidores públicos; no podemos maltratar a quien nos necesita. Si alguien no está dispuesto a atender pacientes, que no trabaje en el sistema de salud”, manifestó.
Boyd Galindo también hizo un llamado a las autoridades superiores para que tomen las medidas correctivas necesarias frente a cualquier caso de maltrato. “El paciente, además de estar enfermo y dolorido, no debe ser tratado con indiferencia. Esto es totalmente inaceptable”, enfatizó Sucre.
Contexto y antecedentes
Este caso remite a situaciones previas que han afectado gravemente la imagen del sistema de salud en Panamá. Un incidente similar ocurrió el 7 de abril de 2024, cuando el adolescente Christopher Zachrisson, de 15 años, falleció por no recibir atención médica oportuna, lo que desencadenó una investigación sobre posible negligencia médica.
En ese momento, el Minsa anunció el inicio de una exhaustiva auditoría médica para determinar si hubo negligencia en el trato recibido por Zachrisson, y también evaluar el tiempo transcurrido en las diferentes instalaciones de salud involucradas en su caso.
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Estos hechos plantean una importante interrogante: ¿dónde quedó el derecho universal a la salud? Panamá, al igual que otros países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está obligado por tratados internacionales a garantizar el derecho de sus ciudadanos a acceder a una salud gratuita, universal, de calidad y con calidez humana.
La OMS establece que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que no puede ser desvinculado de otros derechos esenciales, como la educación, la alimentación, el trabajo, la vivienda y la participación en decisiones que afecten la vida de las personas. De esta manera, la negativa a brindar atención médica no solo afecta a los pacientes, sino que también vulnera compromisos internacionales y derechos fundamentales.
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