La ciudadanía reaccionó ante lo que consideraba una propuesta de ley incongruente y alejada de todo desarrollo sostenible: convertir a Panamá en un centro de importación de desechos y residuos peligrosos.
Se trata del anteproyecto de ley 220, a través del cual se gestiona los desechos peligrosos en el país, por considerar que es “lesivo” para Panamá. El documento fue presentado el pasado 21 de marzo por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Víctor Castillo, y propone la importación y exportación de desechos peligrosos para su eliminación en el país.
No obstante, el propio Castillo informó que para no crear “incertidumbre” decidió retirar la propuesta de ley. “Pronto retiraremos la iniciativa para darle consulta al mismo”, manifestó.
Agrega que su propuesta tenía como fin adecuar la legislación para cuando el país estuviera preparado para la gestión de los desechos peligrosos, según lo establecido en el Convenio de Basilea. Sin embargo, él mismo reconoce que su iniciativa es inconsulta.
“Primero que todo, se van a hacer las consultas con ambientalistas y conocedores del tema. Por lo pronto, retiraremos la propuesta de ley”, reiteró.
Expresamos un rotundo rechazo al anteproyecto de ley 220, presentado recientemente en la Asamblea Nacional, que busca gestionar desechos peligrosos en el país, provenientes de Panamá y de otros países. pic.twitter.com/dEaOfqt2Du
— ANCON Panamá (@ANCONOrg) April 28, 2023
La prohibición
Actualmente, la Ley 8 de 7 de junio de 1991 prohíbe la importación de cualquier forma de desechos tóxicos y contaminantes al territorio nacional. Pero con la propuesta de Castillo, se permitía la importación de desechos peligrosos cuando se realicen en condiciones que no pongan en peligro la salud humana y el medio ambiente. Para ese, el país tendría que contar con instalaciones aprobadas para el manejo de los desechos y los movimientos transfronterizos deberán cumplir con los criterios acordados en el Convenio de Basilea.
A pesar de todas estas precauciones y advertencias, lo que inquieta a los ecologistas es que si el país no puede manejar los desechos que produce ¿cómo se hará responsable de lo que se genera en otras naciones y mucho más si son de carácter peligroso?
La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación es el tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más exhaustivamente de los residuos peligrosos y otros desechos.
Cuenta con 170 países miembros y su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos.
Una de las primeras organizaciones en levantar su voz contra esta propuesta de ley fue el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Isaías Ramos, biólogo de la oenegé, subrayó que pese a lo manifestado por Castillo, hay que mantenerse vigilante sobre el curso de esta propuesta.
ALERTA @asambleapa tramita una propuesta de ley que transformaría a Panamá en un vertedero para desechos peligrosos generados en otros países. El proyecto de ley 1021 permitiría la importación de desechos peligrosos, hasta ahora prohibidos en el país https://t.co/Ccd8RcEIEj
— CIAM Panamá (@ciampanama) April 26, 2023
“Convenios como el de Basilea señalan que los Estados tienen el derecho soberano de prohibir la entrada de desechos peligrosos y otros desechos ajenos a su territorio. En la ley 8 de 1991 se establece claramente que queda prohibida la importación de cualquier forma de desechos tóxicos o contaminantes al territorio de la república de Panamá”, dijo.
El retroceso
De acuerdo con Ramos, el anteproyecto 220 es una “regresión ambiental” evidente que contraviene el ordenamiento legal panameño y los convenios internacionales.
Además, hizo una recomendación a la Asamblea Nacional: “la futura creación de lucro no puede sustentarse en industrias contaminantes o peligrosas que ponen en riesgo al país. No estamos en el siglo XIX para aceptar que, con la excusa de la generación de puestos de trabajos y empresas, se pueda poner en riesgos la vida de la población y sus ecosistemas”.
De hecho, recordó que Panamá tiene suficientes problemas internos para aceptar convertirse en un vertedero de residuos peligrosos, por simple negocio privado.
A su vez, Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, consideró “sensata” la decisión de retirar dicho anteproyecto de ley. Para la también abogada, Panamá tiene un “retraso enorme” en cuanto al manejo y gestión de los desechos y pretender importar desechos peligrosos es “absurdo y descabellado”.
“Es más importante resolver los problemas ambientales que arrastramos y que nos agobian. Es justamente ahí donde las autoridades deben poner su empeño y preocupación y ser oportunos. Además, es fundamental respetar la participación ciudadana en estos temas”, aportó.
El precedente
La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancón) también rechazó la propuesta.
“La gestión de los desechos peligrosos es un tema de suma importancia para el país, que debe ser abordado de manera responsable y sostenible”, señaló George Hanily, director de Ancón.
La oenegé usó como referencia el Estudio de caracterización de residuos sólidos en Panamá 2020, realizado por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el cual concluyó que el porcentaje de residuos sólidos gestionados de manera adecuada en Panamá es solo el 44.8%.
Es decir que más de la mitad se maneja de manera inadecuada, lo que incluye vertederos a cielo abierto, basureros municipales y basura tirada en las calles, entre otros sitios.
Actualmente, la AAUD es la encargada de la operación del relleno sanitario de cerro Patacón, luego que la concesión con Urbalia venciera el pasado 26 de marzo y no se concretara un proceso de cotización para que otra empresa se hiciera responsable del relleno sanitario.
De momento, este sitio de disposición de desechos es uno de los principales epicentros de la contaminación en la ciudad de Panamá. Allí no se gestiona de forma correcta los líquidos lixiviados, los gases que genera la basura y los neumáticos, a pesar que el propio Gobierno declaró una emergencia sanitaria. Los ecologistas lo califican como un “desastre ambiental”.
