Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (Ahmnp) y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), presentaron la semana pasada a la Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, “que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones”.
El anteproyecto busca modificar el artículo 8 y adicionar las categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género a nueve artículos de la actual Ley 7, específicamente los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14 y 16.
En la exposición de motivos, las organizaciones indican que en Panamá las personas son discriminadas, excluidas y violentadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, sin que exista una legislación específica que les garantice la protección efectiva y acceso a recursos legales para reclamar sus derechos fundamentales, como la honra, dignidad, integridad física o psicológica, que impida el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos.
Además, indican que las personas Lgbtiq+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) tienen derecho a la ciudadanía plena, a la libertad de expresión de género, a elegir su proyecto de vida sin discriminación y a vivir sin ser señaladas ni vulneradas, en pleno ejercicio de su derecho a la felicidad.
El presidente de la Ahmnp, Ricardo Beteta, sostuvo que, si bien la Ley 7 del 14 de febrero de 2018 constituye un importante avance legislativo para combatir la discriminación y la violencia, es innegable que se instituyó excluyendo a aquellas personas Lgbtiq+ que son vulnerables.
Añadió que, para estas personas Lgbtiq+, no existe ley alguna que medie a su favor. “Ni siquiera la manifestación más grave de violencia. Nos estamos enfrentando a crímenes de odio que no están siendo reportados como tales, por la falta de reconocimiento de su existencia, aunque se encuentre tipificado en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal vigente”, detalló.
A juicio de Beteta, el año 2024 ha traído uno de los momentos más difíciles para las personas Lgbtiq+, cuando el tema de los derechos se convirtió en un tabú electoral, especialmente por el matrimonio igualitario. “Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde dictaminó que nosotros no somos sujetos de derechos por nuestra orientación sexual o identidad de género, solo tenemos aspiraciones”, dijo.
Añadió que un desafío radica en la falta de leyes específicas que reconozcan y protejan los derechos de las personas Lgbtiq+, ya que con la ausencia de marcos legales claros, se crea un vacío que causa discriminación, violencia e impunidad, ya que los perpetradores pueden actuar sin temor a consecuencias legales significativas alegando libertad de expresión.
Otro desafío que plantea el representante del gremio es la discriminación institucional arraigada en las estructuras gubernamentales y de aplicación de la ley. Un ejemplo claro son las leyes orgánicas que regulan la Fuerza Pública y el Cuerpo de Bomberos, que dictaminan que si la institución descubre comportamiento homosexual es causal de destitución. Por lo tanto, podemos argumentar que hay discriminación institucionalizada en Panamá, detalló.
Sobre la propuesta legislativa, la Fundación Iguales informó que consecuente con sus mensajes de diversidad, respalda toda iniciativa en pro de saldar la deuda histórica en el reconocimiento de los derechos de la población Lgbtiq+ panameña.
La agresión contra Estrella cumplirá un año
El próximo mes de agosto se cumple un año desde que Estrella (persona trans) fue brutalmente golpeada en la vía Israel. Por la mañana, a la vista de las personas que pasaban por la calle y con furia, un hombre de 35 años la pateó hasta dejarla inconsciente. Horas después, se encontraba grave, internada y con aparentes fracturas, inflamaciones y riesgo de muerte cerebral por la agresión.
Organizaciones de la sociedad civil repudiaron el acto de violencia y alertaron en un comunicado que se trata de un “crimen de odio”. “Los actos de violencia basados en género son inaceptables y deben ser condenados públicamente para exhortar a la sociedad al respeto”, indicaron y agregaron: “La violencia no solo daña a la víctima directa, sino que perpetúa un ciclo de dolor y desigualdad”.
La violencia institucional contra personas trans fue denunciada por esas mismas organizaciones y otras en muchas ocasiones. En marzo pasado, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá alertó sobre el “acoso policial” y la “discriminación sistemática y violaciones a los derechos humanos a comunidades Lgbtiq+” cuando presentó el Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado.
Este medio pudo conocer que Estrella se encuentra en la provincia de Chiriquí, junto a su familia, aún en proceso de recuperación.
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