La propuesta de ley 134, que establece el marco regulatorio de patronatos que administran inmuebles de carácter cultural y que son propiedad del Estado, será adherida al anteproyecto de ley General de Cultura presentado este año en la Asamblea Nacional.
En 2019, los patronatos rechazaron esta iniciativa de ley presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Héctor Brands, porque consideraron que tenía la intención de subordinar económica, financiera, política y administrativamente a los patronatos al recién creado Ministerio de Cultura.
Eso motivó que dentro de la Comisión de Educación se creara una subcomisión integrada por Brands, así como los diputados Luis Cruz, también del PRD, y el independiente Gabriel Silva, quienes llevaron a cabo varias reuniones con representantes de los patronatos y autoridades culturales.
“Se concluyó bajó la recomendación de la subcomisión que la propuesta sobre los patronatos sea adherida al anteproyecto de Cultura, la cual deberá ser discutida en primer debate a partir del 1 de julio cuando arranque el segundo período de sesiones de la Asamblea”, subrayó.
Según Brands, el documento tiene muchas recomendaciones que serán debatidas en su momento. “Esto fue el resultado de reuniones que nutrieron el proyecto de ley y me voy satisfecho con esto”, acotó el diputado quien destacó la labor de los patronatos en cuanto al manejo de inmuebles culturales.
Mientras que Julieta Arango, directora ejecutiva del Patronato de Panamá Viejo, manifestó que con esto se escuchó la petición de los patronatos, de los propios miembros de la subcomisión y de representantes de grupos culturales y artísticos que pensaban que este tema debía ser parte de una Ley General de Cultura.
En tanto, Juan David Morgan, representante del Patronato del Teatro Nacional indicó que estos es “importante porque se da así un primer paso conveniente para que los patronatos lleguen a un entendimiento con la Comisión de Cultura de la Asamblea y con el Ministerio de Cultura sobre su funcionamiento, sus derechos y obligaciones”.
